Filipinas: la CPI investigará los abusos de "la guerra contra las drogas" de Duterte

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Este miércoles, la Corte Penal Internacional (CPI) hizo el anuncio oficial de la apertura de una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad por parte del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. La corte, máximo tribunal de justicia penal en el mundo, acusa a Duterte de ser responsable de la muerte de miles de personas, niños incluidos, por su llamada “guerra contra las drogas”. A renglón seguido, Filipinas anunció que no cooperará con la investigación.

El tribunal internacional, cuya sede se encuentra en La Haya, Países Bajos, emitió una decisión escrita en la cual especificó que existen bases “razonables” para proceder con la investigación contra el presidente filipino, y señaló que el elemento legal del crimen de lesa humanidad se cumple por la represión llevada a cabo por él, cuando asumió el cargo de presidente en 2016.

Los jueces de la corte también incluyeron en el alcance de la investigación los asesinatos en el área de la ciudad de Davao desde el 1 de noviembre de 2011, fecha en que Filipinas se unió a la CPI, hasta el 30 de junio de 2016. Duterte es el exalcalde de Davao.

Pero tras la declaración de la corte, Filipinas anunció este miércoles que no cooperará con la CPI, y el principal asesor legal presidencial, Salvador Panelo, declaró en una estación de radio local, que los investigadores no podrán ingresar al país para realizar sus indagaciones.

Por su parte, los grupos de defensa de los derechos humanos recibieron el anuncio de la corte con satisfacción y afirmaron que la investigación ayudará a reafirmar las posiciones de las víctimas y sus familias, y a devolverles la esperanza de que los responsables de crímenes de lesa humanidad puedan enfrentar la justicia.

Los jueces de la CPI consideraron que las pruebas y evidencias presentadas en el nombre de más de 200 víctimas, sugieren que “un ataque generalizado y sistemático contra la población civil filipina fue llevado a cabo de conformidad con una política de Estado”.

La corte dejó claro en su comunicado que la llamada “guerra contra las drogas” del Gobierno de Duterte y sus subsecuentes miles de asesinatos “no son unas operaciones legítimas de aplicación de la ley”.

Antes de su jubilación en junio de este año, la exfiscal de la CPI, Fatou Bensouda, presentó la demanda de investigación y afirmó que "actores estatales, principalmente miembros de las fuerzas de seguridad filipinas, asesinaron a miles de presuntos consumidores de drogas y otros civiles durante las operaciones oficiales de aplicación de la ley", entre el 1 de julio de 2016 y el 16 de marzo de 2019, fecha en que Filipinas se retiró de la Corte.

Tras el anuncio de pedido de investigación de Bensouda, el portavoz de Duterte, Harry Roque, calificó la medida como "legalmente errónea" y dijo que la CPI, sólo puede intervenir si el sistema judicial y fiscal de un país no funciona. Roque citó muchos asesinatos pendientes y otros casos relacionados con la campaña del Gobierno, que estaban siendo juzgados por tribunales filipinos.

Cuando Bensouda investigó por primera vez las denuncias de abusos en el país asiático, Duterte se burló y se refirió a ella como “esa mujer negra”.

"Nunca lo he negado, y la CPI puede registrarlo: los que destruyen mi país, los mataré", dijo desafiante en un discurso en julio de este año.

Pero antes de esto, en marzo de 2018, el presidente filipino había retirado la membresía de su país del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte.

En este momento, cuando informó que se retiraba de la institución, Duterte defendió sus políticas de represión, diciendo que estaban "legalmente dirigidas contra los narcotraficantes y traficantes que durante muchos años han destruido a la generación actual, especialmente a la juventud".

Luego, el presidente advirtió también que, por no formar parte de la CPI, ésta ya no tenía jurisdicción sobre él e insistió que no cooperará con lo que ha llamado una investigación "ilegal".

Los jueces de la CPI dijeron que los delitos relevantes del Gobierno de Manila parecían haber continuado después de la fecha de la retirada del país del Estatuto de Roma, pero que el tribunal se limitará a investigar los crímenes que han ocurrido mientras Filipinas era miembro.

Los años Duterte: una presidencia marcada por la violencia

Duterte se postuló para la presidencia de Filipinas en 2016 con la lucha contra el crimen como tema central. Durante su campaña y luego cuando fue elegido, el jefe de Estado no cesó de instar a la policía a asesinar a los sospechosos de consumir o vender drogas.

Los últimos datos del Gobierno filipino, publicados en junio, muestran que, a fines de abril de 2021, la policía y otras fuerzas de seguridad han matado al menos a 6.117 presuntos narcotraficantes durante sus operaciones, la gran mayoría de ellos, personas pobres.

Sin embargo, los grupos de derechos humanos acusan a las autoridades de llevar a cabo ejecuciones sumarias en las que murieron sospechosos inocentes, incluidos niños, y dicen que el número de muertes es considerablemente más alto que el reportado por Manila, y que podría estar entre 27.000 y 30.000 personas.

Los defensores de derechos humanos añaden que muchos asesinatos fueron perpetrados por hombres armados que pueden haber actuado bajo las órdenes de la policía.

Duterte, por su parte, niega haber tolerado las ejecuciones extrajudiciales y dijo que la policía solo tiene órdenes de matar en defensa propia, pero en numerosas ocasiones, el presidente ha amenazado abiertamente de muerte a los sospechosos y ha instado a la policía a disparar a los que se resisten al arresto.

Según una investigación de la ONU, al menos 73 niños se encuentran entre los fallecidos, el más joven con sólo cinco meses.

En un informe publicado en 2020, Amnistía Internacional llamó la atención sobre la situación de “dramático deterioro de los derechos humanos” en el país asiático.

“La administración del presidente filipino Rodrigo Duterte sigue instigando una oleada de ejecuciones extrajudiciales y alimenta un clima de impunidad casi total para quienes las perpetran”, había denunciado la organización.

El informe fue publicado tras un discurso pronunciado en marzo de 2020 por Duterte, y en el que dijo a las autoridades locales: “Mi trabajo es asustar a la gente, intimidar a la gente y matar a la gente”.

“En cuatro años de presidencia, Rodrigo Duterte ha convertido Filipinas en un baño de sangre donde la policía y miembros no identificados de grupos parapoliciales tienen libertad para matar cuanto quieran”, había entonces afirmado Rachel Chhoa-Howard, investigadora sobre Filipinas de Amnistía Internacional.

El papel de la Corte Penal Internacional

La CPI fue establecida en 2002 por los estados miembros de la ONU para juzgar casos que los países no pueden o no quieren enjuiciar, y sancionar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en cualquier parte del mundo.

En 2008, fue procesado el líder miliciano congolés, Jean-Pierre Bemb, por crímenes de lesa humanidad en el Congo y la República Centroafricana.

La corte ha acusado también a líderes como el ex presidente de Sudán, Omar al-Bashir, y en 2019, condenó a Bosco Ntaganda por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por su participación en el conflicto armado entre Ruanda y la República Democrática del Congo.

Su proceso más famoso hasta la fecha es el del expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, por complicidad en crímenes de lesa humanidad.

El sucesor de Bensouda es el abogado británico Karim Khan, y en sus hombros recae ahora la responsabilidad de supervisar la investigación sobre las derivas de las políticas anti-drogas de Duterte.

Con AP, EFE y Reuters

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