Estrasburgo rechaza la queja de un guardia civil por una prescripción

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Estrasburgo (Francia), 12 may (EFE).- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó este jueves la demanda presentada por un guardia civil en la que se quejaba de que la Justicia española le había privado de acceder a un tribunal por un dictamen que determinó que el delito que pretendía denunciar había prescrito.

En el origen de este contencioso estaba la investigación policial preliminar abierta el 21 de septiembre de 2011 por un superior del guardia civil demandante, José Antonio Picón González, sobre el robo de gasóleo en las instalaciones de la Benemérita en el que él aparecía como sospechoso.

Picón González, nacido en 1960 y residente en Madrid, fue interrogado por la Policía en 2012 por esos hechos, pero en julio del año siguiente, la investigación concluyó sin que el caso se remitiera a un tribunal.

Al sentirse perjudicado, en octubre de 2017, presentó una denuncia penal contra su superior por infidelidad en la custodia de documentos.

Un Juzgado de Instrucción de Valdemoro desestimó el caso al estimar que, de acuerdo con el Código Penal, había expirado el plazo de prescripción legal de cinco años para el delito de uso indebido de documentos oficiales.

El demandante no se dio por vencido y recurrió con el argumento de que el plazo de cinco años debería contarse no desde que se abrió la investigación, sino desde su declaración el 23 de octubre de 2012, por lo que el plazo de prescripción legal no había expirado cuando formalizó su denuncia el 21 de octubre de 2017.

Sin embargo, todas las apelaciones fueron rechazadas, incluido el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

En su demanda ante el Tribunal de Estrasburgo, Picón González denunció que las jurisdicciones españolas le habían denegado el derecho de acceso a los tribunales porque "habían interpretado y aplicado erróneamente las normas del Código Penal".

El TEDH sustenta su decisión de negar la admisión del caso en que la queja del demandante se refiere al procedimiento penal contra su superior y no a la investigación policial concluida en 2013.

En su decisión precisa que el procedimiento de Picón González "no se refería a una acusación penal contra él, ni a la determinación de sus derechos y obligaciones civiles, sino a un intento de entablar un proceso penal contra su superior".

La conclusión del de tres jueces de la Sala Tercera del Tribunal de Estrasburgo es que ese procedimiento no puede considerarse "decisivo o esencial para la determinación de los derechos civiles del demandante". Por eso desestiman su demanda.

(c) Agencia EFE

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