El estado de bienestar español frente a dos crisis

Rodolfo Gutiérrez, Catedrático de Sociología, Universidad de Oviedo y Ana Marta Guillén Rodríguez, Catedrática de Sociología, Universidad de Oviedo
·5 min de lectura
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Shutterstock / Beatriz Vera

El estado de bienestar español logró en cuatro décadas un desarrollo que lo acerca bastante a los modelos del centro y norte de Europa. España se ha dotado de un sistema universal de salud, de un sistema de pensiones entre los más generosos del entorno europeo y de una protección por desempleo con prestaciones contributivas y no contributivas. A esos pilares, se añadió luego un sistema de cuidados de larga duración de mayores y, muy recientemente, un programa estatal de ingresos mínimos.

España no se había recuperado por completo de los efectos de la Gran Recesión cuando sobrevino la crisis de la pandemia de Covid-19. Los efectos de dos impactos económicas tan severos y cercanos en el tiempo van a conformar un nuevo escenario que se mantendrá en el largo plazo.

La fragilidad del mercado laboral es fuente de desigualdad y pobreza

La Gran Recesión empeoró los principales indicadores de desigualdad, aunque en una magnitud menor de la que habría cabido esperar bajo las condiciones de una crisis de empleo tan severa. Luego, el ciclo de recuperación los devolvió a niveles cercanos a los de 2008.

La alta desocupación de los menos cualificados, la inestabilidad del empleo y las bajas rentas de los adultos jóvenes han hecho que las desigualdades procedan sobre todo de los desequilibrios en el mercado de trabajo. De hecho, durante la crisis anterior el efecto protector fue más alto en España que en otros países del sur de Europa, aún cuando éstos tienen estados de bienestar muy similares.

No obstante, la pandemia ha puesto el foco sobre una de las debilidades estructurales del estado de bienestar español: su baja capacidad para combatir la pobreza severa y la pobreza infantil, dos riesgos con consecuencias muy duraderas y de especial incidencia en España.

Ingreso Mínimo Vital sí, pero también capacitación para el empleo

La emergencia social creada por la pandemia permitió incorporar, sin apenas debate político y técnico, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado por el Real Decreto Ley 20/2020. El IMV es una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de renta en todo el territorio español, aunque de diferente cuantía para cada tipo de hogar.

La complejidad de su gestión está retrasando de manera alarmante su despliegue efectivo pero, además, en un contexto de muy alto desempleo estructural, será necesario disponer de más programas de activación y capacitación para el empleo, y no sólo de protección pasiva del desempleo, a los que España destina ya una cantidad ingente de recursos.

Repensar el cuidado a los mayores

La altísima incidencia de la pandemia entre los mayores alojados en residencias ha puesto el foco en otra pieza del estado de bienestar español: los cuidados de larga duración de mayores. Este sistema, en el que participan todas las administraciones públicas, el sector privado y el tercer sector, se ha desarrollado con desigualdades notables entre territorios y sin un consenso suficiente sobre cuáles son los modelos más eficaces en sus principales servicios (centros de día, asistencia en el hogar y residencias).

Los datos disponibles sitúan a España entre los países con niveles más altos de mortalidad en residencias durante la pandemia. Esto, junto al alto ritmo de envejecimiento demográfico, hace necesario un riguroso balance del sistema para determinar sus opciones de reforma. Mejor eso que aventurarse en objetivos como los de aumentar la oferta de residencias o su medicalización, cuyos efectos no deseados pueden ser muy importantes.

Más conciliación, mejor salud laboral y más viviendas

También van a tener que ser reforzadas las políticas de conciliación, salud laboral y vivienda. La importancia de la conciliación se ha hecho evidente con el aumento del teletrabajo y los cierres o reducciones de horarios en colegios y otros centros similares. La acción pública para la extensión de los servicios de cuidados y educación infantil es imprescindible. Pero en España se necesita, sobre todo, una organización de los tiempos de trabajo más favorable a la vida familiar, que tiene una fuerte penalización de participación laboral y de salario.

La pandemia también va a reclamar una revisión de las políticas en materia de salud laboral, tanto preventivas como asistenciales e, igualmente, una mejor integración entre los servicios de prevención laboral, en manos del sistema privado, y de atención sanitaria, mayoritariamente provistos por mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

Las políticas públicas de vivienda siguen siendo una de las mayores lagunas del sistema español y tendrán que componer un capítulo central en su reorientación activadora; su función no es sólo proteger a los ciudadanos de la exclusión y la pobreza, sino que también los capacitan para formar parejas y criar hijos.

Del estado al sistema de bienestar

En estas dos crisis tan severas y cercanas, los estados de bienestar, también el español, han demostrado que siguen siendo la única institución capaz de articular los ideales combinados de eficiencia productiva, igualdad de oportunidades y solidaridad colectiva. A las crisis se añaden otras profundas transformaciones, como los nuevos ciclos migratorios globales, el envejecimiento de la población, la digitalización o el cambio climático.

Todos estos cambios conducen a repensar el papel del estado de bienestar con un enfoque de sistema de bienestar, que toma en cuenta a todos los actores del bienestar: los gobiernos y la provisión pública de servicios y prestaciones, las empresas y el tercer sector o sector informal.

Para todos los países europeos ese reto es enorme, pero para las economías con márgenes fiscales muy estrechos, como es el caso de España, la disyuntiva consiste en, o bien acumular una inmensa deuda pública, cuyo peso tendrán que soportar los hombros de las futuras generaciones, o bien realizar un esfuerzo bien planificado y orquestado para utilizar todos los recursos disponibles de forma eficaz y eficiente, sin perder de vista el objetivo de equidad.

Este artículo tiene su origen en un capítulo del libro: La economía española y la pandemia (José Luis García Delgado, dir., 2020, Univrsidad Nebrija-Civitas).

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.