España aprueba la ley “sólo sí es sí”, un riguroso proyecto contra los delitos sexuales

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AFP - GABRIEL BOUYS

La nueva norma fue aprobada por la mayoría progresista que posee el parlamento español y tiene el objetivo de proteger los derechos de las mujeres ante las agresiones sexuales. Entre lo más novedoso está el consentimiento explícito que deben dar las mujeres a la hora de mantener relaciones sexuales y el final de la diferencia entre abuso y violación.

Es una ley histórica y pionera en materia de protección de los derechos de las mujeres frente a las agresiones sexuales. El Congreso de los Diputados de España, de mayoría progresista, aprobó el proyecto de “solo sí es sí”, una norma impulsada por el Ministerio de Igualdad que ha costado más de dos años aprobar, pero que finamente podrá salir adelante a pesar de las discrepancias judiciales y de la feroz oposición de la bancada conservadora y ultraderechista.

La nueva norma se basa en que toda relación sexual que no tenga el consentimiento de la mujer será considerada una violación. Hasta ahora, este delito grave solo se aceptaba cuando se podía probar en juicio que la mujer había sufrido un forzamiento o una intimidación grande. En caso de que esto no pudiera ser contrastado, el delito sobre los acusados quedaba en abuso sexual, algo que acarrea menos pena.

Y esto era uno de los principales puntos de controversia. En el pasado, la diferenciación entre abuso y violación había llevado a numerosas polémicas por decisiones judiciales en casos de violaciones o violaciones grupales. Por ello, el que desaparezca la diferencia entre estos dos términos en favor de la aplicación de agresión sexual o violación es un cambio sin precedentes.

La mayor de las polémicas en torno a este tema se dio tras el caso de ‘La Manada’ ocurrido en julio de 2016. En esa fecha, cinco hombres agredieron sexualmente a una mujer de 18 años mientras se celebraban las fiestas de San Fermín, en Pamplona. En un principio, el tribunal dictaminó que fue abuso sexual al asegurar que no hubo resistencia por parte de la chica, lo que significaba que los condenados solo recibirían 9 años de prisión.

Sin embargo, tras numerosas protestas por parte de la ciudadanía y un recurso judicial, los cinco jóvenes fueron finalmente condenados a 15 años de prisión por violación por el Tribunal Supremo. Algo que se consideró una victoria en materia de derechos de la mujer. Este tipo de debates y controversias judiciales desparecerán con la nueva ley.

La protección y la asistencia a las víctimas son los otros ejes de la nueva ley

Además de los cambios mencionados, la ley tiene previsto crear una red de centros de crisis para que las mujeres que sean violentadas tengan la posibilidad de recibir ayuda durante las 24 horas del día. El Ministerio de Igualdad, encabezado por la izquierdista Irene Montero, ha destinado hasta 66 millones de euros para que de aquí a 2023 existan 50 de estos centros en todo el territorio nacional.

A esto hay que añadir una serie de reconocimientos y reparaciones a todas las victimas de lo que se entienda como violencia sexual. A partir de ahora se considerará un delito de agresión sexual la trata de mujeres con el fin de explotarlas sexualmente, la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados.

Además, se incluyó en lo aprobado que la sumisión química, término que hace referencia a drogar a mujeres para que no puedan defenderse, se considerará un agravante ante un delito de violación.

Una ley que ha contado con el rechazo de la derecha

La aprobación del nuevo texto no ha estado exenta de polémica por parte de la bancada conservadora. Tanto la derecha tradicional, representada por el Partido Popular, como la extrema derecha, encarnada en la formación Vox, han votado en contra de la nueva ley, que han considerado “aberrante”. Sin embargo, desde el año 2018, estas dos formaciones son minoritarias en el parlamento español, por lo que su voto negativo no ha servido para frenar la iniciativa.

Además de los diputados conservadores, la ley tuvo fricciones dentro de Consejo General del Poder Judicial, un órgano consultivo judicial que emite informes sobre las leyes orgánicas que elabora el parlamento. Esta institución, de mayoría conservadora desde hace años, tuvo dudas con respecto a la validez del cambio de la definición del consentimiento.

Polémicas que dejan atrás meses de elaboración en los que el gobierno de coalición de socialistas e izquierdistas ha intentado ponerse de acuerdo en lo que hasta ahora es una de las victorias más importantes para el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

Con EFE y medios locales