El valor de las prisiones privadas se desploma en la bolsa tras el triunfo de Joe Biden

Jesús Del Toro
·4 min de lectura

La victoria de Joe Biden en la elección presidencial de Estados Unidos ha tenido un efecto singular en un controversial sector empresarial: las corporaciones que operan prisiones privadas y ofrecen ese servicio al gobierno estadounidense.

Desde el pasado 3 de noviembre, las acciones de las dos más grandes empresas de ese ramo, CoreCivic y GEO Group han perdido, respectivamente, 19% y 14% de su valor en bolsa.

Un oficial de la empresa de cárceles privadas GEO Group dentro del Centro de Detención de Inmigrantes  en Tacoma, Washington.(AP Photo/Ted S. Warren)
Un oficial de la empresa de cárceles privadas GEO Group dentro del Centro de Detención de Inmigrantes en Tacoma, Washington.(AP Photo/Ted S. Warren)

La razón es simple: los accionistas temen que el nuevo gobierno de Biden deje de contratar a esas empresas, tal como lo prometió en su plataforma electoral y, también, tal como lo decidió la administración de Barack Obama, en la que Biden era vicepresidente, a mediados de 2016.

Algunos estados han también ya aprobado o estudian disposiciones para prohibir la operación de ese tipo de cárceles.

De acuerdo a la revista Mother Jones, más del 50% de los ingresos de CoreCivic y GEO Group provienen de los contratos que tienen con el Buró Federal de Prisiones, los US Marshals y la Policía de Inmigración de Aduanas (ICE).

De acuerdo a The Marshall Project, actualmente hay unos 14,000 presos federales en cárceles privadas. Además, los contratos que CoreCivic y GEO Group recibieron de ICE en 2019 sumaron 1,300 millones de dólares y esas empresas recluyeron a unos 500,000 inmigrantes en ese año.

Por ello, la llegada de Biden a la Casa Blanca podría suponer un fuerte golpe para esas corporaciones, algo que podría haber sucedido ya si no fuese porque Donald Trump, tras llegar al poder en 2017, revirtió la decisión del gobierno anterior y mantuvo los contratos con esas empresas. Según la citada revista, así como han caído hoy las acciones de esas empresas con la victoria de Biden, tras el triunfo de Trump en 2016 subieron su valor de modo significativo y se beneficiaron, por ejemplo, con las duras políticas de detención de familias inmigrantes del presente gobierno.

La percepción de que una victoria del demócrata Biden implicaba posibles pérdidas para sus negocios queda ilustrada en el hecho de que empresas del sector de las prisiones privadas donaron 2.1 millones de dólares a candidatos y grupos de acción política en el reciente ciclo electoral de 2020. El 90% de esos recursos fueron en apoyo de republicanos, de acuerdo a Filter.

Pero ejecutivos de esas empresas señalan que en el pasado han trabajado con importantes ganancias tanto con gobiernos republicanos como demócratas, en especial por la política de detención de inmigrantes.

Esas corporaciones han sido severamente criticadas. Por ejemplo, de acuerdo al Justice Policy Institute el afán de maximizar ganancias de esas cárceles privadas ha conducido a que tengan menos empleados (con menos salario) que las prisiones del gobierno lo que ha suscitado que la seguridad en esas prisiones sea menor y con mayor índice de violencia entre reclusos. También se ha criticado que esas cárceles no ofrecen adecuada atención médica, lo que pone en riesgo la vida de los presos.

Manifestantes protestan contra la detención y separación de familias inmigrantes frente al Centro de Detención de Otay Mesa, operado por la empresa CoreCivic. (Getty Images)
Manifestantes protestan contra la detención y separación de familias inmigrantes frente al Centro de Detención de Otay Mesa, operado por la empresa CoreCivic. (Getty Images)

Y el hecho de que una parte muy importante de la operación de esas cárceles esté relacionada a contratos con ICE y detención de inmigrantes las ha vinculado con el drama de abuso y crueldad que padecen muchas de esas personas, incluso familias enteras, en su intento de lograr una vida mejor tras huir de la violencia y la miseria.

Con todo, habrá que esperar al inicio de la administración de Biden para constatar el alcance y la velocidad con la que cumplirá su promesa de que el gobierno federal deje de contratar prisiones privadas. La transferencia de reos federales a prisiones gubernamentales sería, según expertos, comparativamente simple pero en cuestión de los centros de detención de ICE se requiere además un cambio en la política migratoria, algo que muchos en el campo demócrata han también exigido y que, a la luz de la crueldad que la administración de Trump ha tenido con los solicitantes de asilo y otros inmigrantes, resulta un imperativo tanto político como moral.