El tormento a la Constitución con tal de 'moralizar' a todos, como lo quiere López Obrador

Enrique Pérez Quintana
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 Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en un encuentro realizado en el Palacio Nacional en 2019.
FOTO: CUARTOSCURO.COM
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en un encuentro realizado en el Palacio Nacional en 2019. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Entre las anécdotas de la picaresca política mexicana se cuenta que el presidente Miguel Alemán decía a sus colaboradores, cuando al margen de la ley, quería imponer su voluntad: “Vamos a darle tormento a la Constitución”. Entonces se confabulaba con sus incondicionales para hacer lo que convenía a sus intereses.

La práctica de cambiar la Constitución para que se ajuste a la voluntad del presidente no es extraña, pero existe un procedimiento que debe ser respetado para que los cambios sean acatados por todos.

Cualquier procedimiento “legal” que no siga el procedimiento para cambiar la Constitución carece de validez jurídica y el intento de imponerlo suele terminar en conflicto legal y político.

El pasado 15 de abril el Senado aprobó en lo particular y en lo general la expedición de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la que de último momento y sin haberse consensuado entre las diferentes fracciones parlamentarias, se incluyó el artículo 13 transitorio por el que se amplía de cuatro a seis años la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La ampliación del periodo del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), por el procedimiento seguido por un senador del partido Verde, aliado de Morena, de introducir de manera “sorpresiva” el artículo 13 transitorio, inscribe el suceso en la práctica alemanista de “darle tormento a la Constitución”, para imponerse.

La reforma del Poder Judicial

El origen de esta polémica se ubica en la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de combate a la corrupción y la práctica de imponer a la totalidad del gobierno Federal, lo que incluye a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la “austeridad republicana”.

La frecuente crítica y cuestionamiento del presidente López Obrador, expresada desde su conferencia de prensa mañanera, sobre la honorabilidad de jueces que no han favorecido a su gobierno con sus fallos, en diferentes ocasiones se refirió a la corrupción existente en el Poder Judicial.

La fórmula que el presidente López Obrador y el ministro Arturo Zaldívar acordaron para “combatir la corrupción” fue llevar a cabo una reforma al Poder Judicial que terminó con la expedición de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, con la que se pretende combatir los privilegios, la corrupción, el nepotismo y el hostigamiento y acoso sexual en el Poder Judicial de la Federación.

Oposición a la ampliación

La propuesta de ampliar el periodo del ministro Arturo Zaldívar dos años más fue rechazada por legisladores de oposición que expresaron su desacuerdo y calificaron la inclusión del artículo 13 transitorio como “un albazo”, como “un golpe de Estado al Poder Judicial” y anunciaron que impugnarían ante las instancias correspondientes.

El senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, criticó el procedimiento y dijo que, por decoro y dignidad, “exijo al presidente de la Corte que no acepte esta aberración jurídica”.

La senadora Claudia Ruiz Massieu del PRI dijo que no se puede ampliar el periodo de desempeño ya establecido en la Constitución, “mi grupo no conoció la propuesta, no apoya la adhesión.” 

El presidente López Obrador aprueba la ampliación

El artículo 97 de la Constitución señala que “cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo posterior”. Por lo que, el ministro Arturo Saldívar no podría acceder a la ampliación de su periodo al frente de la SCJN.

En su conferencia de prensa mañanera el presidente López Obrador manifestó que apoyaba la extensión del mandato del ministro Arturo Zaldívar al frente de la SCJN, siempre y cuando no contravenga la Constitución.

El presidente López Obrador considera que el ministro Zaldívar “es un hombre íntegro, honesto, y que ayudaría mucho en la renovación del Poder Judicial, porque urge la Reforma”.

La reforma al Poder Judicial ya está en marcha y según López Obrador, se requiere que Arturo Zaldívar continúe dos años más porque es garantía de que los cambios se van a realizar. “Yo estoy de acuerdo. Es fundamental la reforma en el Poder Judicial. No puede haber jueces ni magistrados que están nada más al servicio de grupos de intereses creados, están al servicio de los potentados, no del pueblo”.

Para el presidente López Obrador llevar a cabo la Reforma al Poder Judicial es una oportunidad que podría no volverse a presentar, si no se amplía el periodo, porque a su consideración “quien llegue va a ser más de lo mismo, más de lo anterior, más de lo que significaba el antiguo régimen, entonces, no olvidemos que estamos aquí para transformar, no venimos a que las cosas continúen igual”.

Este último juicio es falaz porque equivale a decir que todos los posibles sucesores de Zaldívar son corruptos e incapaces de llevar a cabo la “moralización” pretendida por López Obrador. No suscita confianza y habla de la intención de imponer su determinación.

La ampliación de la presidencia del ministro Arturo Saldívar ha generado diversos puntos de vista de académicos y constitucionalistas, oponiéndose porque a su parecer, viola la Constitución.

El punto de vista del presidente López Obrador, respecto a los opositores, es que “los conservadores han hecho un escándalo, una bulla, porque saben de lo que se trata, se trata de que los jueces no sigan estando al servicio del poder económico, y del poder político. Se rasgan las vestiduras, diciendo que se afecta el marco legal. Se les olvida que en el Congreso, en el periodo neoliberal, hicieron reformas contrarias al interés popular, es más todas las llamadas reformas estructurales se aprobaron porque repartían sobornos”. 

Consecuencias por “atormentar” a la Constitución

Las determinaciones que se toman desde el poder tienen consecuencias para todos. No respetar los lineamientos de la Constitución, implica que para los gobernantes en turno la democracia no es fundamental, y que el ejercicio de su poder no tiene porqué ponerse límites legales por tanto, no es un gobierno democrático, por más que invoque al pueblo para la imposición de su criterio.

Simular legalidad, mediante una reforma de nivel secundario, como se hizo con la ampliación del periodo de la presidencia de la SCJN, no solo habla del desaseo del proceso legislativo, habla sobre todo de la disposición de la clase política en el poder de hacer trampas con tal de imponer su proyecto de nación y mantener su vigencia. Indica que el combate a la corrupción no es real.

Aunque haya una visión amplia sobre la necesidad de “moralizar” al Poder Judicial para combatir la corrupción y avanzar en el acceso a la justicia, no es violando la Constitución el camino para este objetivo, porque al imponer desde el Poder Legislativo, complaciendo al Ejecutivo, la designación de quien preside al Poder Judicial, se viola la división de poderes y obstaculiza la movilidad interna, lo que acarrea resistencias al cambio, de manera innecesaria.

En todo este otro embrollo creado por ocurrencia de Ya Sabes Quién la determinación final será de la Cámara de Diputados. El diputado Pablo Gómez ya adelantó un criterio en su cuenta de Twitter: “Ese artículo transitorio para prolongar por dos años adicionales la presidencia del ministro Zaldívar en la Suprema Corte no podría transitar ni aun cuando fuera aprobado y promulgado. Mejor decirlo desde ahora”. 

Pero el criterio más importante y ausente hasta ahora en esta polémica es el de Arturo Zaldívar del que se esperaría que en un arranque de congruencia personal, profesional y gremial sea capaz de decirle No al presidente.

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