El presidente de Murcia dimite ante las investigaciones por corrupción

Pedro Antonio Sánchez, del Partido Popular (PP), presentó este martes su dimisión como presidente de la región de Murcia, mientras está siendo investigado en dos casos de corrupción.

"Se ha registrado en la Asamblea regional mi dimisión a presidir la región de Murcia", declaró en una rueda de prensa Sánchez, presidente murciano desde 2015, donde el PP ya había gobernado en las cuatro legislaturas anteriores a la suya.

"Sé que lo que está pasando no es justo", afirmó el dirigente popular, asegurando que colaborará con la justicia "para que todo se aclare cuanto antes" y pidiendo que se ponga "más en valor la presunción de inocencia".

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, solicitó el lunes al Tribunal Superior de Justicia de Murcia la imputación de Sánchez por fraude, cohecho y revelación de información reservada en el marco de una investigación sobre una trama de corrupción con base en la Comunidad de Madrid, la denominada 'trama Púnica'.

A Sánchez también se le investiga por delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad en documento público en otro asunto, el llamado 'caso Auditorio', relativo a unas obras de construcción en Puerto Lumbreras cuando era alcalde de esa pequeña localidad murciana (13.000 habitantes).

El partido liberal Ciudadanos, su aliado en la Asamblea regional, donde el PP es minoritario, con 22 de los 45 escaños, había reclamado su renuncia, así como el PSOE y la formación izquiertista Podemos.

Los socialistas incluso habían presentado una moción de censura, con apoyo de Podemos, cuyo debate estaba previsto para el miércoles y el jueves.

"Espero que esto sirva para salvar a la región de Murcia del tripartito, porque para eso lo hago", manifestó Sánchez, asegurando que el PSOE y Podemos habían logrado un acuerdo con Ciudadanos para expulsarlo del poder.

Según varios medios, propuso como sucesor en la presidencia de Murcia al diputado de su partido Fernando López Miras.

La corrupción, principalmente la atribución de obras públicas a cambio de sobornos, emponzoña la vida política española desde hace años, escandalizando a la opinión pública, especialmente desde la crisis que vivió el país a partir de 2008.

Este tipo de delitos ha salpicado a casi todos los partidos, e incluso a los sindicatos, pero el PP ha estado en primera línea durante los últimos años, por lo que ha visto mermada su imagen. En las elecciones generales de diciembre de 2015, el PP perdió su mayoría absoluta.

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