El malestar social con las élites políticas

El malestar social con la clase política y los partidos políticos ya no está solo en los medios sociales, los medios de comunicación profesionales y los opinólogos partisanos. Ha quedado objetivado en el último barómetro del CIS del pasado mes de junio. Una de las preguntas de los barómetros a los españoles es cuáles son los “Tres problemas principales que existen actualmente en España”, una pregunta que se viene haciendo desde mayo de 1985.

El problema principal para los españoles desde que hay datos es el paro (línea roja en el gráfico), en concreto para el 62,5% de los entrevistados, sólo superado -entre mayo y septiembre de 2008- por los problemas de índoles económica (línea azul) en pleno estallido de la crisis. Lo excepcional de los datos de junio del CIS es que, por primera vez en la historia de la democracia en España, el segundo problema para los españoles es los políticos en general, los partidos políticos y la política (32,1%). A esta cifra, además, se podría sumar otro problema, con el que se solapa, también en la lista del CIS el Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as (3,4% adicional).

Es tan significativa la preocupación con los políticos en general, los partidos políticos y la política que supera incluso a otro de los problemas omnipresentes como la corrupción y el fraude (25,7%), los problemas de índole económica (25,4%), la sanidad y los problemas relacionados con la calidad del empleo (ambos con un 15,8%), la inmigración (11,3%), los problemas de índole social (10,9%), la independencia de Cataluña (9,9%), las pensiones (9,5%) y la educación (7,1%) o la violencia contra la mujer (6,7%) o la vivienda (4%).

Principales problemas CIS junio 19

La escalada de los políticos en general, los partidos políticos y la política como problemas hasta convertirse en el segundo problema, debería resonar como una gran alerta para nuestros líderes políticos y partidos. No sólo el problema ya ha estallado -ya están llegando tarde- sino que no parece haber confianza en que se vaya a solventar a corto plazo. Porque más allá de la cuantificación de la preocupación en porcentajes existen, además, una serie de evidencias sociopolíticas:

Primero, resulta llamativo cómo nos hemos ido acostumbrando a que lo excepcional se convierta en lo normal (que esté en primera línea político-mediática una segunda repetición de elecciones generales en menos de cuatro años debería ser alarmante). Los encargados de solventar este problema político -la élite política y los órganos institucionales de los partidos- deberían ser parte de la solución y no del problema como está sucediendo.

Segundo, los datos del CIS (junto a otros, ver p.e. España crisis política y partidos outsiders del pasado 2 de abril) son un indicador objetivo y poco discutible de la impotencia política para estar a la altura de lo que demanda la sociedad de sus representados. El multipartidismo ha llevado a la extracción del poder de los votantes hacia los partidos a la hora de conformar las mayorías parlamentarias.

Tercero, los datos se pueden comprender también como la objetivación de un creciente escepticismo y desconfianza de la sociedad hacia las instituciones y la erosión de los valores democráticos como arquitectura política; lo que es aprovechado por los partidos outsiders para ganar espacios y votos oportunistas populistas minando la convivencia pacífica entre ciudadanos y regiones.

Cuarto, también se evidencia la gran distancia existente entre la agenda política y su eco en la agenda mediática -arrastrada por la teatralidad y sentido del espectáculo de la primera a centrar toda su atención en sólo lo que está sucediendo antes de que sea sustituido por un nuevo estímulo o gesto político- y la agenda social, lo que evidencia cuáles son los problemas más directos para los ciudadanos y con qué importancia.

Un ejemplo, de esta distancia entre la agenda política de la extrema izquierda, nacionalista e independentista con la agenda de los problemas de la sociedad por parte de los ciudadanos es, por ejemplo, la monarquía que aparece de forma persistente en los últimos años entre el 0,1% y el 0,5% o la administración de Justicia con un 1,7% (un máximo interanual del 4%) frente a su problematización por esa clase política y sus medios de comunicación satélites.

Quinto, la clase política parece haber centrado toda su atención en la batalla de la política identitaria anteponiéndola a la defensa del bien común y del sentido de Estado -por muy capilar que sea la globalización los estados aún son relevantes- a la hora de actuar y rendir cuentas a la sociedad. Esto ha sucedido en buena medida por contagio gracias a Podemos, el independentismo catalán y el nacionalismo vasco radical que tienden a reducir la democracia al simple derecho a votar. La democracia es mucho más extensa y significativa que votar y la formación de mayorías parlamentarias.

Algunos políticos están consiguiendo concentrar y reducir la voluntad popular en el derecho a votar, lo que supone una peligrosa precarización de los valores de la democracia contemporánea a favor de políticas basadas en la identidad y el tribalismo.

La creciente distancia entre la agenda política-mediática y la agenda de los ciudadanos está reconvirtiendo la democracia -tal y como se entiende desde Sócrates hasta nuestros días- en una democracia electoral identitaria, cada vez con más rasgos tribales, totalitarios y partisanos. Y relegando, por tanto, a planos secundarios de la agenda política valores universales (igualdad, libertad, solidaridad, etc.), la necesidad de convivencia y cooperación entre ciudadanos y regiones, las libertades de expresión y pensamiento -reducidas a opiniones y emociones partisanas- lo que supone, en sí mismo, un retroceso político y democrático.