¿El juicio político al presidente Trump es una ‘venganza sin sentido’? No si manda un mensaje a futuros presidentes

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Michael Blake, profesor de Filosofía, Políticas Públicas y Administración, Universidad de Washington

Un tipo diferente de protesta llega al Capitolio (Paul Morigi / Getty Images para MoveOn)
Un tipo diferente de protesta llega al Capitolio (Paul Morigi / Getty Images para MoveOn)

Los representantes demócratas han iniciado y aprobado un juicio político contra el presidente Trump, acusándolo de “incitación a la insurrección” por el sitio al Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero.

Una dificultad inmediata es que el juicio político es un proceso lento. A Trump solo le quedan algunos días en el cargo antes de que su mandato finalice el 20 de enero. Ahora se inicia un juicio político en el Senado, y es probable que dicho juicio no termine antes de que el mandato de Trump llegue a su fin.

La duda

Hay una duda constitucional sin resolver sobre si el presidente puede ser juzgado tras haber dejado el cargo, pero una pregunta más básica tiene que ver con si el juicio político a Trump tiene sentido. El presentador de radio conservador Hugh Hewitt, en un artículo publicado en The Washington Post, ha descrito todas estas maniobras como una “venganza sin sentido”.

“No se basa en principios, no se preocupa por la justicia y no se preocupa por el futuro”, afirmó.

Como académico que escribe sobre las justificaciones morales de las instituciones sociales y legales, sostengo que puede que haya buenas razones morales para este juicio político, incluso si no se puede completar antes de que Trump abandone el cargo.

El juicio político no es un procedimiento penal. Generalmente, se describe como un procedimiento “cuasi-penal” en la legislación estadounidense.

Sin embargo, las justificaciones filosóficas que se dan para la institución del derecho penal podrían ayudarnos a comprender para qué podría servir este juicio político.

Juicio político y derecho penal

El derecho penal puede cumplir varias funciones. Inhabilita al delincuente mediante su encarcelamiento; cumple una función retributiva, al obligar al delincuente a cumplir una pena proporcional al delito cometido; y expresa una idea particular sobre los límites de la diversidad moral, al establecer un límite al tipo de acciones que una sociedad aceptará.

La inhabilitación probablemente sea un mal argumento para justificar la destitución de un presidente saliente. La inhabilitación está destinada a evitar que el delincuente repita su delito. No obstante, el delito sobre el que se basa el juicio político al presidente es un acto discursivo que la moción de censura presentada describe como “incitación a la insurrección”. Un presidente acusado y destituido de su cargo no puede ocupar ningún cargo federal en el futuro; eso, sin embargo, no puede evitar que Trump hable.

La función retributiva es igualmente poco prometedora como justificación del juicio político. En este caso, las “penas” ‒incluida la pérdida de la protección del Servicio Secreto, de los espacios de oficinas y de la financiación pública– parecen menos que adecuadas, si se conciben como castigos aplicados a alguien que ha incitado a la insurrección.

Donald Trump
Donald Trump

La pena como condena moral

La función última del derecho penal ‒tal y como recalca el filósofo Joel Feinberg– probablemente esté en mejores condiciones de justificar un intento de destitución de un presidente saliente. Para Feinberg, el derecho penal está destinado a establecer los límites del desacuerdo moral, mediante una declaración simbólica que condena ciertos tipos de actos considerados como inmorales.

En una sociedad democrática, los ciudadanos no tienen por qué estar de acuerdo sobre la moralidad política. Pueden aceptar que sus adversarios políticos tienen derecho a defender sus opiniones por muy equivocadas que consideren esas opiniones alternativas en cada lado. Los conservadores y los liberales a menudo se han enfrentado con posiciones opuestas consideradas como equivocadas, pero aun así tienen buena reputación en sus comunidades políticas.

Sin embargo, hay algunos puntos sobre los que una sociedad hace una declaración colectiva según la cual tal o cual tipo de acto no es respetable desde un punto de vista político; una de las formas mediante las que se hace esa declaración es el derecho penal. Tal y como señala Feinberg, el encarcelamiento no es simplemente un castigo desagradable, es una declaración simbólica que dice que el delincuente ha hecho algo de lo que debería avergonzarse.

Es posible que el delincuente ‒o el destituido‒ no se sienta realmente avergonzado. La función del derecho penal, no obstante, es decir que debería sentirse avergonzado y que aquello que cometan ese tipo de actos quedan excluidos del ámbito del desacuerdo moral normal.

Política después de la violencia

Podríamos ver este tipo de función analizando cómo las instituciones legales han respondido a irregularidades políticas de carácter más grave. La más famosa, los Tribunales de Núremberg, juzgó a los jerarcas nazis por guerra de agresión y crímenes de lesa humanidad.

Las penas impuestas ‒que fueron de 10 años de prisión hasta una muerte relativamente rápida en la horca‒ parecerían tremendamente inadecuadas si su objetivo fuera igualar la gravedad del genocidio y los trabajos forzados.

Pero la mejor justificación de Núremberg no iba destinada a los nazis en sí mismos, sino a aquellos que pudieran seguir sus pasos. El juicio tenía el objetivo de identificar las líneas sobrepasadas en el pasado para que las sociedades políticas no se desviaran del camino correcto sin ser consideradas vergonzosas, con un ojo puesto en el presente y el otro puesto en el futuro.

Los actos inmorales del presidente Trump no son tan monstruosos como los de los nazis y no se consigue nada pretendiendo lo contrario. El mejor objetivo de este juicio político, no obstante, podría tener algunas similitudes morales con la función que cumplieron los juicios de Núremberg.

Si el Congreso elige iniciar el juicio político al presidente Trump, es porque existe una necesidad de señalar, mediante una declaración definitiva, lo que no debe hacer ningún presidente. También fijará los límites morales de la presidencia y, por tanto, mandará un mensaje a futuros presidentes que pudieran verse tentados a seguir los pasos del presidente Trump.

Este artículo fue publicado en inglés originalmente en The Conversation, un sitio de noticias sin fines de lucro dedicado a compartir ideas de expertos académicos.

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