El juez Castro investigará la presunta financiación ilegal del PP de Baleares

El juez de Palma de Mallorca José Castro ha abierto una nueva pieza dentro del caso Palma Arena para investigar la presunta financiación irregular del Partido Popular de Baleares, según un auto conocido el viernes. En la imagen, Castro sale del juzgado de Palma de Mallorca, el 13 de enero de 2014. REUTERS/Enrique Calvo (Reuters)

MADRID (Reuters) - El juez de Palma de Mallorca José Castro ha abierto una nueva pieza dentro del caso Palma Arena para investigar la presunta financiación irregular del Partido Popular de Baleares, según un auto conocido el viernes. Castro tomó esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción instara al magistrado a investigar si la reforma de la sede de la formación en las Islas Baleares se costeó con fondos procedentes de empresarios que recibieron adjudicaciones de contratos públicos. El juez inicia así otra investigación separada del caso Palma Arena, la número 28, tras recibir el escrito del Ministerio Fiscal en el que le informaba de una investigación sobre una presunta manipulación del concurso para la adjudicación de la construcción y explotación del Hospital Son Espases, en Palma. El caso Palma Arena, instruido por Castro, es uno de los más importantes en España en el que se han visto implicados políticos del Partido Popular por supuesta corrupción. El magistrado dijo que tras examinar los testimonios enviados por la Fiscalía se aprecia que "contienen imputaciones respecto de una posible financiación ilegal del Partido Popular de las Illes Balears". "(...) Las mismas (imputaciones) podrían relacionarse con contrataciones públicas de las que pudieran haber sido destinatarios sus benefactores que, de ser ciertas, constituirían delitos", agregó. Uno de los testimonios aportados por la Fiscalía fue el del exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, a quien el juez ha citado a declarar como testigo el 24 de febrero. Rodrigo de Santos, regidor de Urbanismo entre 2003 y 2007, fue condenado a siete años de prisión por pagar servicios sexuales con fondos del Ayuntamiento de Palma y por delitos contra la integridad sexual de menores. Castro recordó en su auto que en otra pieza del caso, la número 4 ya se ha investigado la presunta existencia de una doble contabilidad en el PP y que se habría abonado con dinero fiscalmente opaco algunos gastos de la campaña de las elecciones municipales, autonómicas y a los consejos insulares de la formación en Baleares en 2007. Esta misma semana el juez solicitó su nombramiento como magistrado emérito, lo que le permitiría continuar trabajando tras su jubilación en diciembre y terminar con la instrucción de un caso del que aún quedan por instruir 20 piezas separadas. EL SUPREMO MANTIENE UNA CONDENA A MATAS Este caso, que inicialmente investigó el sobrecoste del velódromo Palma Arena, en cuya construcción se habría producido un desfalco millonario, se amplió posteriormente para indagar en la presunta gestión corrupta y enriquecimiento personal de Jaume Matas en sus dos periodos como presidente balear, entre 1996 y 1999 y de 2003 a 2007. El viernes, el Tribunal Supremo confirmó una segunda condena contra Matas, en este caso por cohecho, por conseguir que un empresario hotelero balear simulara un contrato de trabajo para su mujer, por el que recibió 3.000 euros mensuales durante el año 2007. El alto tribunal rechazó así la apelación de Matas y ratificó una pena de 9.000 euros de multa y el comiso de algo más de 42.000 euros impuesta por un jurado de Palma, además de obligarlo a pagar las costas del recurso. En otra de las piezas separadas, la relativa al caso Nóos, Castro sentará a Cristina de Borbón en el banquillo como cooperadora necesaria en dos delitos contra la Hacienda Pública, el primer miembro de la famila real española que irá a juicio. (Información de Raquel Castillo; Editado por Emma Pinedo)

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