El jefe de la policía catalana dimite ante el referéndum independentista

El presidente del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont (izda.), y su vicepresidente, Oriol Junqueras, hablan en una rueda de prensa en Barcelona el 14 de julio de 2017

La recta final hacia el referéndum de autodeterminación previsto para octubre en Cataluña e ilegal según la justicia española se cobró este lunes una nueva dimisión, la del director de la policía regional, clave en los planes independentistas, informaron fuentes oficiales.

La dimisión, anunciada por la policía y el Gobierno catalanes, se produce tras la marcha el viernes de tres "ministros" del ejecutivo, entre ellos el responsable de Interior Jordi Jané, considerado uno de los integrantes más moderados del gabinete presidido por Carles Puigdemont.

En su lugar, el presidente regional colocó a Joaquim Forn, un independentista convencido, a quien este lunes el director de la policía regional desde 2014, Albert Batlle presentó su dimisión, informó este departamento en un comunicado.

A Batlle, discutido por el independentismo más radical, lo sustituirá Pere Soler, exdirector regional de prisiones y de postulados nítidamente separatistas según la prensa local, informó una portavoz regional de Interior.

Desde 1994, esta región de 7,5 millones de habitantes cuenta entre sus amplias competencias con una policía propia, los Mossos d'Esquadra, dotada actualmente de 17.000 agentes que dependen políticamente del gobierno catalán, dirigido por los independentistas, pero que también están supeditados a la justicia española.

Esto puede colocar en una situación incómoda a los Mossos ante el referéndum previsto el 1 de octubre, impulsado por sus dirigentes políticos en contra de las indicaciones de la justicia, que quiere impedirlo.

Batlle defendió la neutralidad política del cuerpo y su obligación de cumplir con la ley y acatar las órdenes judiciales, opinión compartida por la mayoría de sindicatos policiales.

El ministro de Justicia español, Rafael Catalá, recordó tras la dimisión que los Mossos "están al servicio de la ley y al servicio de los ciudadanos, no al servicio de un gobierno y menos de un gobierno de radicales".

Años de escalada de tensión entre Madrid y Barcelona, la capital regional, alcanzarán su cenit en los próximos meses con la organización de este referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional que puede conllevar responsabilidades penales contra sus impulsores.

Puigdemont anunció el viernes la dimisión de tres miembros de su ejecutivo y la semana anterior destituyó a otro que dudó de la viabilidad de la votación, decisión interpretada en Madrid como una radicalización del gobierno.

El ejecutivo del conservador Mariano Rajoy insiste en su ilegalidad y asegura que no tendrá lugar.

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