La batalla legal del español cuya hija lleva casi tres años secuestrada por su expareja

Carolina es una niña española de once años. Nadie sabe dónde está, excepto su madre, Elmira. La niña debería de estar con su padre, Carlos Salgado. Él es el único de los progenitores que tiene la custodia y la patria potestad. La madre de Carolina perdió ambas cosas después de que decidiera, sin comunicárselo al padre, salir de España con la menor en septiembre de 2016 ante una oleada de denuncias y demandas del padre.

Salgado puso no menos de once denuncias y tres demandas en comisarías y juzgados entre enero y septiembre de 2016. Quería que su ex mujer – de la que estaba divorciada desde 2013 – respetara el régimen de visitas al que tenía derecho. Pero “ella nunca lo permitió”, dice. A finales del verano de 2016, Salgado ya decía en sus escritos a las autoridades que temía ante una posible marcha ilegal de la madre con la niña fuera de España.

No se atendió a mis solicitudes para que se impidiera a mi ex salir del país, para que le quitaran a Carolina, por ejemplo, el pasaporte. Mi ex se lo había sacado a mis espaldas”, cuenta Salgado. “Por una investigación policial sabemos que el 13 de septiembre embarcaron ella y la niña en un vuelo con destino Roma. De Roma viajó a Estambul”, abunda este hombre de 50 años. Cuando supo aquello, era demasiado tarde. Él y Carolina ya se habían convertido en víctimas de una supuesta sustracción de menores.

Carlos Salgado con su hija Carolina a la que no ve desde hace casi 3 años / Foto de cortesía

La sustracción de menores es un delito recogido el Código Penal español. Se castiga con penas de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación de la patria potestad de cuatro a diez años. Ajena a esas penas parece moverse la madre de la menor, a la que buscan para interrogar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Blanes, responsable del caso.

Fuentes cercanas al caso señalan que Salgado ha tenido “mala suerte” por tener que dirigirse a esa instancia. “Hay una falta importante de personal para la administración de justicia allí. En la Ciudad de la Justicia de Barcelona, tu pones una demanda y en tres días te la admiten, hay 57 juzgados civiles, pero en Blanes hay seis y abarca Blanes, Lloret de Mar y Tosa de mar, ciudades que en verano están saturadas”, señalan.

Para Salgado, en el juzgado de Blanes no hacen gran cosa por la resolución de su caso. También se queja de la labor de Cooperación Jurídica Internacional (CJI), órgano del Ministerio de Justicia con sede en Madrid que está encargado de hacer que se respeten los tratados internacionales y que sirve a ciudadanos que están en casos como el suyo.

Después de un año sin estar en contacto con su hija, este español con la ayuda de un detective, logró localizar en abril de 2017 a Carolina y a la madre de ésta en Kirguistán, país natal Elmira. El padre viajó allí en marzo de 2018 con la intención de traerse a su hija, pero fue detenido en la frontera. Después de aquello, Elmira cambió domicilio y Carolina vuelve a estar ilocalizable.

Salgado es miembro de la asociación Niños sin Derecho, una organización de afectados por supuestas sustracciones de menores. El pasado mes de noviembre, miembros de esta asociación mantuvieron una reunión con los responsables de CJI. Tras presentar casos como el de Carolina, uno de los responsables de CJI afirmó: “es normal que los jueces puedan decidir que se otorgue la custodia a la madre sustractora”.

Carlos Salgado durante un acto de afectados por supuestas sustracciones de menores / Foto de cortesía

Así figura en un documento al que tiene acceso este medio en el que se resume el contenido de la reunión. Según Salgadi, parece que la justicia española acaba plegándose a la voluntad de los supuestos progenitores-secuestradores.

Están tratando de legalizar por los hechos un acto delictivo. Te dicen: 'le vamos a dar la razón a la madre sustractora para que el niño no vuelva a cambiar de sitio o porque ya se ha arraigado y que el padre pida derechos de visita'”, dice.

La labor de CJI puede ser decisiva en sustracciones de menores. Bien lo sabe la propia abogada de Salgado, Toñi Borrallo. Ella consiguió hace un par de años la restitución de un menor que había sido sustraído por su padre en Barcelona, llevándoselo éste a Alemania.

“El niño tenía que venir a España después de un periodo de vacaciones con el padre en Alemania. No vino y se puso una denuncia. Se activó un protocolo en el Juzgado de Barcelona, que actuó muy rápido. Nada que ver con Blanes”, dice Borrallo.

Salgado lamenta que en CJI “no estén por la labor de colaborar para resolver” su caso. “En España lo he ganado todo, tengo la custodia, la patria potestad en exclusiva. Hay una orden de detención internacional para mi ex. Pero esa orden no se ejecuta en Kirguistán, país que ha pedido que un juez español ayude a un juez kirguís para que la ejecute. Pero la jueza en Blanes no ha querido”, abunda el padre de Carolina.

Se ha conseguido que desde el juzgado de Blanes se emita una solicitud de interrogatorio a la madre de Carolina. “Esa requisitoria está pendiente de traducción al kirguís y envío a Kirguistán a través de CJI”, añade Salgado. Lleva medio año esperando a la traducción de ese documento y lamenta también que se quiera traducir ese documento al kirguís en lugar de al ruso, el otro idioma oficial del país centro-asiático “para el que es más fácil encontrar un traductor”.

De cómo va ese trámite, él no sabe nada. “De CJI no sé nada. Es un organismo lento, ahí parece que nadie hace nada”, asegura el padre de Carolina. Él ve en la administración de Justicia una clara “dejación de funciones”. “No se están defendiendo los derechos de mi hija, como tampoco los míos”, asegura.

Su abogada, cree que si no hay celeridad en CJI, ésto se debe a que hay falta de personal. “Es un organismo que puede parecer atascado, son pocas personas y, por desgracia, hay muchos casos internacionales”, señala Borrallo.

Carolina, de 11 años, fue secuestrada por su madre. La última vez que Carlos Salgado supo de su localización fue en Kirguistán en 2017 / Foto de cortesía

En cualquier caso, pasa el tiempo y eso no ayuda. “En estos casos el tiempo juega en contra de una de las dos partes”, dice la letrada de familia Nuria Pérez, del gabinete IENE Abogados. A partir del transcurso de un año, el tiempo de arraigo se incluye como factor para denegar una restitución.

En estos casos, “se parte de la base de que el criterio general de resolución es la restitución del menor. Pero los tratados internacionales establecen motivos para no llevar a cabo la restitución. Por ejemplo, se puede denegar la restitución cuando el menor se encuentre integrado en el país en el que está tras haber sido sustraído”, sostiene Pérez.

A diferencia de España, la República de Kirguistán, no es un país firmante de los convenios internacionales de los que habla Pérez. El Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 es el documento de referencia. Ese texto aspira a garantizar la “restitución inmediata” de los menores, pero este tipo de procesos suelen tener una duración “muy variada”, indican en el Ministerio de Justicia.

Según datos del ministerio del Interior recogidos por Niños sin Derecho, desde 2008 se han registrado 2.400 supuestas sustracciones de menores. Al amparo del Convenio de La Haya, entre 2008 y 2015, España ha requerido la restitución de una media de 126 menores sustraídos al año. Entre ellos no figura el de Carolina.