El empresario colombiano que tiene bajo amenaza a un grupo de periodistas venezolanos

Composición gráfica del trabajo de investigación sobre la trama de corrupción del programa de distribución de alimentos del gobierno de Venezuela, donde aparece el rostro de Alex Saab y la ex fiscal general Luisa Ortega (Foto cortesía Armando Info)

Alex Naim Saab es un hombre discreto. Son pocas las imágenes y las apariciones públicas del empresario colombiano que se ha hecho millonario gracias a los jugosos contratos que ha firmado con el gobierno venezolano. Pero la publicación de dos reportajes de investigación que lo vincularon con la distribución de comida subsidiada en Venezuela desató su furia y lo impulsó a demandar por difamación agravada continuada e injuria agravada a 4 periodistas que se vieron obligados a abandonar su país para evitar un juicio que los llevaría a la cárcel.

Los trabajos sobre Saab son sólo dos de las decenas de textos firmados por los comunicadores reconocidos en Venezuela por su solidez profesional. Ewald Scharfenberg, Alfredo Meza, Joseph Poliszuk y Roberto Deniz unieron su experiencia y sus ganas de contar historias en el portal Armando.info, un emprendimiento independiente, financiado con campañas de crowfunding, que en apenas 4 años obtuvo el segundo lugar del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación por sus publicaciones sobre los Panamá Papers y el Outsourcing Militar.

Los periodistas Joseph Poliszuk, Roberto Deniz, Alfredo Meza y Ewald Scharfenberg aseguraron que seguirán investigando desde el exilio. (Foto La Nación)

Se trata de la palabra de 4 avezados periodistas contra la de un hombre de negocios tan polifacético que ha sido capaz de adjudicarse licitaciones en áreas tan disímiles como la construcción de viviendas obreras y la distribución de alimentos para los sectores populares de Venezuela.

De su pasado se sabe poco. Según un informe de la cadena estadounidense Univisión firmado por Gerardo Reyes, la carrera de Saab comenzó en su Barranquilla natal comercializando “llaveros de promoción empresarial y posteriormente uniformes de trabajo” hasta que su suerte cambió cuando conoció a Álvaro Enrique Pulido Vargas, quien lo invitó a trabajar en Venezuela.

“Pulido y Saab tienen un pasado oscuro y polémico relacionado con el narcotráfico que están tratando de superar mientras desafían señalamientos de exportaciones ficticias en Ecuador y favoritismo en Venezuela”, escribió Reyes, quien también fue demandado por Saab por ese reportaje.

Saab no ha declarado sobre el proceso judicial que comenzó en septiembre de 2017. Su abogado Amir Nassar ha sido el encargado de repetir a la prensa que lo único que desea su defendido es limpiar su reputación y su honor que habrían sido manchados por los reportajes “Empresarios cuestionados en Ecuador y EE.UU. le venden comida al Gobierno venezolano” y “De Veracruz a la Guaira: un viaje que une a Nicolás Maduro con Piedad Córdoba”.

Tres editores y un redactor del portal Armando Info fueron demandados por dos artículos de la serie sobre una trama de corrupción vinculada a un programa gubernamental de alimentos en Venezuela. (Captura de pantalla Yahoo Noticias)

El abogado instó a los periodistas a dirimir sus diferencias en un juicio. “Nosotros lo que estamos es ejerciendo una acción apegada a la ley donde exigimos a estos periodistas que en estrado demuestren la veracidad de cada uno de esos dichos. Es sencillo. Es un derecho por el honor y la reputación que está garantizada, así como está garantizado para ellos su defensa”, expresó el jurista en una entrevista con Julio Sánchez Cristo y Caterina Valentino en W Radio.

Nassar aseguró que los periodistas fueron citados y la demanda ha cumplido todos los requisitos de la ley. “Me extraña ahora que ellos digan que están siendo perseguidos por tuits de periodistas, cuando es un proceso que comenzó en septiembre y se ha llevado con todas las normas procesales. Yo los insto a que vayamos al estrado”.

​Uno de los periodistas demandados, Alfredo ​Meza, dijo que él nunca ha sido notificado y que se enteró que está en la demanda porque los abogados vieron el expediente. “La notificación la recibió un colega. La situación es muy adversa porque los abogados tuvieron que pagar coima (sobornos) en dólares para tener acceso al expediente”.

Las cartas están echadas

Los 4 periodistas analizaron bien sus posibilidades, consultaron con sus abogados y concluyeron que lo más sensato era salir al exilio. Aseguraron tener pruebas de cada una de las líneas publicadas en los reportajes​,​ pero afirmaron que en Venezuela no existe un sistema judicial independiente que garantice un juicio justo.

“En Venezuela no hay derecho a la defensa. Los abogados nos advirtieron que no íbamos a poder ganar el juicio porque el abogado del demandante juega dominó con Maduro. El juicio sería un simulacro, una pantomima y no nos íbamos a prestar a eso. Era una farsa”, dijo Meza a Yahoo Noticias.

El equipo de editores de Armando.info y el redactor de las notas decidieron que serían más útiles afuera que presos. “Seguiremos investigando, editando, escribiendo. Seguiremos trabajando a pesar de esta penosa circunstancia del exilio”, insistió Meza.

Los demandados piensan que​ a Saab le enfureció salir del anonimato. “Teme que al verse descubierto quede fuera del negocio”, expresó Me​z​a, quien hasta la semana pasada trabajaba como corresponsal del diario español​ El País en Caracas.

Los cuatro tienen la esperanza de regresar a Venezuela a seguir escribiendo, “cuando sea posible”.

Respaldo gremial

Los comunicadores han expresado su agradecimiento por el respaldo que han recibido de su colegas y lectores. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la demanda por difamación y denunció que el gobierno de Venezuela use procesos judiciales para intimidar a la prensa.

La directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela, Marianela Balbi, advirtió que no se trata de un caso aislado. “Tenemos 31 casos de periodistas que están siendo enjuiciados por difamación e injuria. Tenemos demandas aDavid Natera, Correo del Caroní, Tal Cual, El Nacional. Es sistemático, es un patrón que vemos de una forma alarmante y contrario a los avances de libertad de expresión en otros países”, dijo en una entrevista de radio con Chúo Torrealba​, ex secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela​.

Balbi expresó que la función del IPYS es elevar el costo político de estas acciones y llevarlo a instancias internacionales para que haya consecuencias.

El portal especializado en temas legales​ Projuris detalló los precedentes negativos a los que se refiere Balbi. “El primero consiste en una demanda penal y civil por difamación interpuesta por Yamal Mustafá, director del diario Primicia en el estado Bolívar, contra David Natera, dueño y director del Correo del Caroní, luego de una serie de reportajes sobre hechos de corrupción en Ferrominera del Orinoco en los que habría estado implicado Mustafá”.

Projuris informó que otro caso emblemático ocurrió en mayo de 2015 cuando Diosdado Cabello, hombre fuerte de la revolución bolivariana y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), demandó a  22 directivos de los diarios El Nacional y Tal Cual, y ​a​l portal web La Patilla en mayo de 2015, por replicar una información del periódico español ABC de España que lo vinculaba con el narcotráfico.

Ataques y hackers

La lista de periodistas amenazados por personas vinculadas al gobierno crece día a día. Maibort Petit, comunicadora venezolana-estadounidense, ha sido demandada, amenazada y atacada por sus reportajes de investigación sobre el juicio de narcotráfico contra los sobrinos de la pareja presidencial, los esquemas de corrupción entre Petróleos de Venezuela y entes relacionados con el actual fiscal general Tarek William Saab.

Todas las agresiones en su contra fueron registradas en un documento que envió el 18 de enero a la SIP en busca de protección.

La única demanda que ha sido aceptada en el sistema judicial estadounidense fue la interpuesta el 16 de noviembre de 2016 por Nadia Razzak Yánez, hermana de Mohamad Khaul Abdul Razzak Yánez, señalado en los informes de la DEA como socio de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, procesados y sentenciados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por conspirar para traficar y distribuir 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos, vía Honduras.

Razzak alegó que un banco de Miami cerró sus cuentas bancarias en dólares a raíz de la publicación de los reportajes sobre su hermano y negó la veracidad de los señalamientos. Petit no teme ir a juicio porque aseguró que los informes de la DEA y el FBI la respaldan.

Las cuentas de redes sociales y el blog de Petit han sido intervenidas en distintas oportunidades presuntamente por el hacker N33, quien ha publicado tweets y noticias falsas en su nombre para destruir su reputación, denunció Petit a Yahoo Noticias.​ En diciembre de 2017 fue objeto de un ciberataque con la aparición de 400 seguidores en un día, que comentaban sus tuits con insultos y frases difamatorias.

Petit dijo que sus familiares cercanos han recibido amenazas de muerte y ataques físicos en Venezuela para silenciar sus denuncias periodísticas.

La periodista relató que noviembre pasado fue golpeada al salir de un evento social en Nueva York, presuntamente por un ciudadano cubano que dijo ser defensor de la revolución chavista. Petit realizó las denuncias a las autoridades y dijo que el caso está siendo investigado por el FBI.

Las presiones han llegado hasta el punto de recibir ofertas de sobornos para retractarse del contenido de sus reportajes.

Sin esperanza

Michell Alejandra Vargas Rangel es una periodista venezolana de 28 años que llegó el 8 de febrero a un gélido Madrid con la ropa veraniega que llevaba puesta y 100 euros en el bolsillo.

En sus seis años de experiencia como reportera había aprendido los riesgos de hacer periodismo en Venezuela. Vargas relató que su trabajo se puso realmente difícil después de trabajar en la cobertura para el portal La Patilla durante las manifestaciones callejeras que conmocionaron ​a ​Venezuela entre abril y mayo de 2017.

La joven comunicadora dijo que tras el final de las protestas, los funcionarios de los servicios de inteligencia del gobierno, conocido como Sebin, la seguían a las pautas, patrullaban su casa, intervinieron sus teléfonos. Vargas nunca denunció las intimidaciones ante las instituciones gremiales ni de protección al periodista.

“Nos tenían fichados, nos fastidiaban, nos perseguían, estaban predispuestos porque nos consideraban periodistas de oposición. Hasta que no soporté más y decidí salir, con una mano adelante y otra atrás”, dijo Vargas. “Creo que Venezuela es una causa perdida”.

Los periodistas y fotógrafos del portal informativo venezolano La Patilla han sido objeto de ataques y robos. (Captura de pantalla Yahoo Noticias)

La censura en cifras

Se han registraron 20 casos de restricciones a la labor periodística desde la primera semana de enero de 2018.

El órgano regulador de las telecomunicacioenes Conatel ordenó la salida del aire de 54 medios: 49 medios nacionales de TV y radio, 5 canales extranjeros, entre enero y agosto de 2017.

El Estado venezolano ha ejecutado más de 70 acciones judiciales contra periodistas y representantes de medios de comunicación.

La ONG Espacio Público ha denunciado que en Venezuela hay prácticas intimidatorias, la violencia institucional y física que criminaliza la búsqueda y difusión de información en Venezuela.
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