El despliegue jurídico contra el referéndum catalán se intensifica

El presidente catalán, Carles Puigdemont (dcha), y el vicepresidente, Oriol Junqueras, aplauden tras la aprobación de los presupuestos para 2017 en el Parlamento de Cataluña, el pasado 22 de marzo en Barcelona

Las instituciones españolas intensifican su despliegue jurídico para bloquear la celebración del referéndum sobre la independencia de Cataluña, que preparan para septiembre los dirigentes catalanes y cuya financiación fue suspendida este martes por el Tribunal Constitucional.

La ofensiva no se limita únicamente a tratar de bloquear las maniobras separatistas del Gobierno y el Parlamento catalanes, sino también apunta a empresas contratadas para desarrollar la administración de una hipotética república catalana.

"No va a haber ningún referéndum saltándose la legalidad", advirtió en una entrevista a la AFP el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy.

Su Ejecutivo no quiere dejar cabos sueltos y desde el inicio de este proceso de secesión impugna sistemáticamente las resoluciones aprobadas por las autoridades catalanas ante el Tribunal Constitucional, que declaró ilegal el referéndum.

Para cada acción posible de los separatistas, hay una respuesta ya prevista, aseguran fuentes del Gobierno.

La última impugnación se produjo el viernes contra los presupuestos aprobados en marzo por el Parlamento catalán. Los magistrados lo admitieron este martes a trámite y decretaron la suspensión cautelar de varias de sus partidas.

Éstas son las destinadas a financiar el referéndum sobre la independencia que la Generalitat de Cataluña prometió celebrar en septiembre, incluso sin permiso del Gobierno central, la única administración con competencias para convocar estas votaciones.

En su resolución, el Constitucional advierte este martes a la Generalitat "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión", especialmente la licitación de contratos para preparar esta votación.

La advertencia se produce días después de que la Guardia Civil solicitara información a varias empresas proveedoras del Ejecutivo catalán, que supuestamente están trabajando en la creación de la hacienda y los servicios de inteligencia de una hipotética república catalana.

Las diligencias fueron ordenadas por parte de la fiscalía de la Audiencia Nacional, que hace un año abrió una investigación por sedición, desobediencia, prevaricación y malversación contra la Generalitat por estar preparando la administración necesaria para convertirse en un país independiente, informó una fuente del caso.

Además, el fiscal jefe de Cataluña abrió hace dos semanas otra investigación de los preparativos para la organización del referéndum de autodeterminación, "por si se desprenden indicios de la comisión de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación".

- Cambio de estrategia -

La situación es muy diferente a la vivida en el otoño de 2014, cuando el entonces presidente catalán, Artur Mas, impulsó una consulta simbólica sobre la independencia como respuesta a la negativa de Madrid a permitir un referéndum oficial.

Aunque el Tribunal Constitucional suspendió la convocatoria, tanto la justicia como el gobierno de Rajoy miraron hacia otro lado, permitiendo la votación celebrada el 9 de noviembre de aquel año.

Unas 2,3 millones de personas sobre un censo aproximado de seis millones participaron en la consulta, celebrada desde el independentismo como una gran victoria frente al Gobierno central, acusado de tibio por algunos sectores conservadores.

A causa de esta consulta, Mas y tres miembros de su gobierno fueron condenados recientemente por desobediencia, con penas de entre uno y dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Por el momento, los líderes independentistas no se dejan amedrentar y mantienen el referéndum en la agenda. Si lo ganan, quieren declarar la secesión y convocar nuevas elecciones para que el Parlamento escogido redacte la Constitución del nuevo país.

"El Tribunal Constitucional no podrá suspender la libertad ni la democracia", tuiteó este martes el vicepresidente Oriol Junqueras.

"Este desafío tan bestia es un error de cálculo", advierte a la AFP Xavier Puig, asesor político y antiguo jefe de gabinete del expresidente socialista catalán, Pasqual Maragall (2003-2006).

"La máquina de la justicia es lenta, pero acaba llegando. Es un error creerse que se puede desafiar al Estado", añade.

Como consecuencia de este desafío fue imputada la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, por desobedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional y seguir permitiendo la aprobación de resoluciones independentistas en la cámara.

En paralelo a este despliegue judicial, Rajoy también intenta lavar su imagen en Cataluña, donde apenas tiene apoyos, y recientemente prometió una inversión de 4.200 millones para infraestructuras hasta el año 2020.

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