El calendario de ejecuciones de Arkansas prosigue en medio de una batalla judicial

Por Leila MACOR
Composición gráfica del Departamento Correccional de Arkansas con fotos de presos condenados a muerte, elaborada el 17 de marzo de 2017

La guerra judicial en Arkansas que enfrenta a promotores y detractores de la pena de muerte ha tenido escaramuzas y repliegues, pero aún no acaba. Tres prisioneros han salvado su vida, pero otras cinco ejecuciones tendrán lugar en los próximos días.

Tras las mociones que frenaron las ejecuciones previstas para el lunes, la fiscalía de Arkansas -que no ha ejecutado ningún preso desde 2005- aseguró que procederá con el resto del calendario como estaba programado.

Ledell Lee y Stacey Johnson recibirán la inyección letal el jueves; y los otros tres reos serán ejecutados como previsto la semana próxima (Jack Harold Jones y Marcel Williams el 24 de abril, y Kenneth Williams el 27), confirmó a la AFP Judd Deere, portavoz de la fiscalía de Arkansas.

Originalmente el gobernador republicano Asa Hutchinson había planificado la ejecución de ocho hombres en un lapso de 11 días antes de fines de abril, cuando expira uno de los medicamentos (el midazolam) que se utiliza para el cóctel letal.

Pero en medio del horror de la opinión pública que se opone a la pena de muerte y de numerosas manifestaciones en la capital Little Rock, en la que participaron el actor Johnny Depp e incluso un juez vinculado a uno de los casos, los abogados consiguieron la suspensión de tres ejecuciones.

Jason McGegee, cuya muerte estaba prevista para el 27, consiguió el 6 de abril un aplazamiento de un mes debido a un recurso de clemencia. Luego, el viernes pasado, la Corte Suprema de Arkansas postergó -sin dar razones- la ejecución de Bruce Ward prevista para el lunes.

Y el lunes de noche, después de que Don Davis degustara su llamada "última cena" y a pocos minutos de su ejecución, una decisión de último minuto de la Corte Suprema de Estados Unidos le salvó la vida.

Pero la fiscalía de Arkansas promete pelear por llevar a la cámara de la muerte a los dos reos que salvaron su vida el lunes.

"La fiscal general (Leslie Rutledge) volverá a la Corte Suprema del Estado y abordará los méritos en los casos de Ward y Davis", dijo el portavoz Deere. No obstante, "hasta que no se decidan los méritos, la suspensión sigue vigente".

Los abogados de Ward y Davis dijeron que sus defendidos tienen serios problemas mentales y que, en los juicios donde ambos fueron condenados a muerte, la defensa no pudo presentar expertos en salud mental.

"Ambos han demostrado que sus problemas psicológicos habrían sido factores importantes en sus juicios", dijo en un comunicado Scott Braden, defensor asistente de la Defensoría Federal Pública de Arkansas.

- Nueva batalla: el jueves -

Ahora los abolicionistas pondrán en marcha de nuevo su maquinaria legal para impedir las muertes de Ledell Lee y Stacey Johnson este jueves, en lo que promete ser otra dramática batalla judicial.

La semana pasada, el abogado de Johnson presentó una moción en la que pide para su defendido un examen de ADN, puesto que éste no le fue practicado durante el juicio para probar su alegada inocencia. Se trata de un hombre negro condenado por la muerte de una mujer blanca en 1993.

Pero la corte circuital le negó la posibilidad de realizar esta prueba de ADN. "Estamos llevando una apelación hoy (martes) a la Corte Suprema de Arkansas", dijo a la AFP Paul Cates, de la organización contra la pena de muerte Innocence Project, que lleva su caso.

También hay un recurso legal en curso con vistas a detener la ejecución el jueves del otro reo, Ledell Lee. La mayor organización de derechos civiles del país, ACLU, introdujo el lunes una moción ante un tribunal circuital de Arkansas en la que pide, también, una suspensión para permitir la realización de un examen de ADN.

Lee, también negro, fue sentenciado a muerte en 1993 por matar a golpes a una mujer blanca. ACLU insiste en su inocencia.

- El flanco del bromuro -

En medio de peleas legales que los abogados entablan por cada uno de los condenados, está en curso también una polémica sobre los medicamentos utilizados en la inyección letal.

Mckesson-Medical-Surgical Inc., distribuidor de Pfizer, había pedido a la justicia que prohibiera el uso de su bromuro de vecuronio para ejecutar prisioneros. El viernes pasado un juez circuital falló a su favor, lo que en los hechos suspendió temporalmente todas las ejecuciones.

Pero una corte de apelaciones levantó después este bloqueo y dio luz verde al estado para que ejecute a sus presos con las drogas previstas.

No obstante, este martes "los prisioneros están preparando una petición para pedir a la Corte Suprema de Estados Unidos que revise esto", dijo a la AFP Rob Dunham, director del Death Penalty Information Center, una ONG nacional que provee información y análisis sobre la pena capital.

Si el ataque desde este flanco tiene éxito, los abolicionistas podrían ganar la guerra en Arkansas --aunque temporalmente.

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