EE.UU. sigue considerando a Nicaragua una "amenaza" para su seguridad

En la imagen, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EFE/Jorge Torres/Archivo

Washington, 25 nov (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, prorrogó este lunes una orden ejecutiva que le permite sancionar a funcionarios del Gobierno de Nicaragua porque consideró que la situación en el país centroamericano supone una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad de Estados Unidos.

Trump comunicó su decisión en una carta enviada hoy a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y que fue difundida por las Casa Blanca.

En su misiva, el mandatario consideró que la situación en Nicaragua sigue suponiendo una "amenaza" para Washington debido a la "violencia" con la que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, respondió a las protestas que estallaron el 18 de abril de 2019 para pedir su renuncia.

Asimismo, Trump acusa al "régimen" de Ortega de estar "desmantelando sistemáticamente" las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en Nicaragua.

Por esas razones y por la "corrupción que ha llevado a la desestabilización" de la economía nicaragüense, el mandatario considera que el país sigue suponiendo una "amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos".

En la práctica, el gesto de Trump tiene un mero valor simbólico y obedece a un procedimiento administrativo, por el que el presidente debe prorrogar la orden ejecutiva que emitió hace casi un año, el 27 de noviembre de 2018, para que siga en vigor.

Esa orden ejecutiva le permite tener argumentos legales para sancionar a funcionarios nicaragüenses.

Precisamente, cuando emitió esa orden ejecutiva hace un año, Trump anunció sanciones contra la vicepresidenta y primera dama del país, Rosario Murillo, y contra Néstor Moncada Lau, asesor personal del matrimonio.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 651 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de "golpe de Estado".

Ortega, además, ha acusado repetidamente de "injerencia" al Gobierno de Trump.