Los grandes dueños de la tierra: la otra cara del conflicto en la Patagonia argentina

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Los conflictos territoriales con demandas de comunidades indígenas en la Patagonia Argentina tienen su contracara en la posesión de la tierra en la zona de la cordillera y la precordillera, donde se extienden grandes propiedades en manos de extranjeros. Pero también hay litigios que vinculan al propio Estado argentino, a partir de la conformación de los Parques Nacionales, casi 90 años atrás.

El 18 de noviembre pasado, el presidente Alberto Fernández, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, prorrogó por cuatro años la Ley de Emergencia Territorial Indígena N° 26.160 –originalmente sancionada en 2006-, que ordena la realización de un relevamiento de las comunidades asentadas y frena los desalojos de aquellas que tienen causas judiciales pendientes. Esta medida es especialmente relevante en las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

El Foro Consenso Bariloche, que integran referentes vecinales, cámaras empresariales y la Sociedad Rural de esa ciudad de la provincia de Río Negro, expresó su rechazo a la medida. “Lejos de resolver los conflictos existentes, lo único que produjo esta dilación constante en el tiempo es que los mismos se intensificaran, generando una indefinición jurídica que engendró hechos cada vez más violentos en nuestra región patagónica”, expresaron.

Uno de los casos más resonantes de litigios con mapuches está en la provincia de Chubut, donde el empresario textil italiano Luciano Benetton es propietario de 900.000 hectáreas, que mayoritariamente están dedicadas a la ganadería ovina y producción forestal, a través de la Compañía Tierras del Sud Argentino. La misma firma también posee tierras en las provincias de Río Negro y Santa Cruz.

En las tierras que Benetton tiene en Chubut, ubicadas en el departamento Cushamen, en 2015 el líder mapuche Facundo Jones Huala -que actualmente cumple condena en Chile por el incendio de una estancia y tenencia ilegal de armas de fuego- inició la llamada “recuperación territorial” en el paraje Vuelta del Río. Allí vivieron sus ancestros, según argumentó.

El departamento de Cushamen supera el cupo de extranjerización

El conflicto se hizo visible a nivel nacional cuando en agosto del 2017 desapareció Santiago Maldonado, mientras Gendarmería Nacional desalojaba una protesta mapuche sobre la ruta nacional 40. El joven de 28 años, que había acudido a acompañar el reclamo mapuche, tras un allanamiento realizado por la Policía de Chubut en el que detuvieron a miembros de la comunidad, fue hallado sin vida 78 días más tarde en el río Chubut, dentro del territorio en disputa y aún hoy está en duda la responsabilidad de las fuerzas de seguridad federales en este desenlace.

Agustín Dranovsky, CEO de Tierras del Sud Argentino, dijo meses atrás a Radio Rivadavia de Buenos Aires que se han realizado “más de 60 denuncias” por hechos violentos en sus propiedades y lo atribuyó al grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), con el cual se identifica Jones Huala. “Lamentablemente esto se inició en el 2015, como la justicia no los ha frenado, siguieron”, afirmó Dranovsky y señaló que a la casa matriz de la empresa radicada en Italia “le preocupa que la justicia no actúe, no resuelva y que tengamos tres ocupaciones en el campo, hace años, y que no se pueda hacer nada”.

El Registro de Tierras Rurales señala al departamento de Cushamen como uno de los que supera el cupo de extranjerización, con un 22,9% de su extensión en manos de ciudadanos no argentinos, pero en el caso de Benetton, las propiedades fueron adquiridas en 1991 a un consorcio inglés, muchos años antes de la entrada en vigor de este tope, que rige desde hace una década.

Según la normativa argentina, a través de la Ley 26.737 sancionada en 2011, se estipula un Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, que fija un límite de 1.000 hectáreas en posesión de un titular extranjero y un “cupo de extranjerización” del 15% del territorio a nivel nacional, provincial o departamental. La ley no afecta los derechos adquiridos hasta el momento por los extranjeros propietarios, pero regula a futuro.

"La otra parte decidió no presentarse, mostrando nula intención de diálogo"

Otro de los puntos calientes del conflicto mapuche actual está situado en Villa Mascardi, a 40 kilómetros de Bariloche, la principal ciudad turística de la región, rica en paisajes, recursos hídricos, cordones montañosos y bosques nativos, a 1.600 kilómetros de Buenos Aires.

Allí, en 2017 la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu se radicó en dos lotes que integran la amplia jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi, una reserva natural protegida de 710.000 hectáreas entre las provincias de Neuquén y Río Negro que fue creada en 1934. La instalación de esta comunidad mapuche se mantiene hasta hoy con un litigio judicial que está próximo a llegar a juicio por el delito de usurpación.

“En junio pasado decidimos no elevar la causa a juicio oral, sin antes tener una audiencia de conciliación. Sin embargo, la otra parte decidió no presentarse, mostrando nula intención de diálogo. Algo a lo que hemos apostado desde el inicio del conflicto”, afirmó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, al ratificar semanas atrás que Parques Nacionales se mantiene como querellante en la causa judicial que se tramita en el Juzgado Federal de Bariloche.

Las comunidades mapuches señalan en su revisión histórica un “despojo” perpetrado por el Estado Argentino al crear los Parques Nacionales en tierras donde vivían indígenas. En las últimas décadas muchas familias retornaron a esos territorios que consideran ancestrales y establecieron distintos vínculos con Parques Nacionales. El caso de mayor conflictividad es el de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que emprende una visión radicalizada de la causa mapuche, pero también hay quienes trabajan en una gestión compartida (co-manejo) con el Parque Nacional Nahuel Huapi, como el caso de la comunidad mapuche Wiritray, que integran unas 20 familias, radicadas en un extremo del lago Mascardi y que administran un camping para turismo.

En el caso de la comunidad Lafken Winkul Mapu hay en la justicia provincial una multiplicidad de causas por el avance de la ocupación o hechos violentos registrados en tierras de privados, entre ellos Juan Grehan, dueño de la estancia La Escondida, lindera a los lotes de Parques Nacionales. “Llevo cuatro años sin poder entrar a mi propiedad, que ocuparon cuando extendieron la usurpación de los lotes de parques, colocando banderas en mi tranquera y alambrado. Ahora constaté que viven en lo que quedó de mi casa incendiada en 2015”, explicó Grehan a France 24.

Hay otros privados en situaciones similares. Como el Obispado de San Isidro, perteneciente a la Iglesia Católica Argentina, que posee una propiedad vecina a Grehan, la cual fue ocupada. O el exbasquetbolista argentino Emanuel Ginóbili, quien compró en 2004 12 hectáreas en la localidad de Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, donde pretendía realizar un desarrollo turístico; pero esas tierras fueron reivindicadas como propias por la comunidad Paicil Antriao, a la que el deportista denunció por el delito de usurpación. Hoy la causa judicial está frenada con una instancia de mediación en curso.

En paralelo a los conflictos mapuches, el peso de los terratenientes extranjeros en la Patagonia ha generado otras disputas. Según un informe del Registro Nacional de Tierras Rurales, el Departamento Bariloche supera el tope de extranjerización, ya que un 21,53% de las tierras pertenecen a extranjeros. A nivel provincial, Río Negro se encuentra en un ranking promedio nacional con 304.784 hectáreas en manos de personas o sociedades foráneas.

El informe final de la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales en la Provincia de Río Negro (Ley 4744), que luego se tradujo en el libro “La tierra de los otros”, de la editorial de la Universidad Nacional de Río Negro, destaca que la superficie rural en manos de extranjeros en el Departamento Bariloche (que comprende la ciudad homónima, zonas rurales y la localidad de El Bolsón) es de 36.609 hectáreas. La mayor cantidad pertenece a la Estancia Río Foyel S.A, de propietarios belgas, con 21.480 hectáreas; y Hidden Lake, de propietarios británicos, con 11.284 hectáreas.

Todas estas disputas por tierras patagónicas siguen confrontando entre sí a terratenientes extranjeros, propietarios privados locales, el Estado argentino y las comunidades mapuches en un conflicto multipolar que no termina de resolverse de forma que deje conforme a todas las partes.

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