Dolores, la sevillana que unió a VOX, Podemos y Ciudadanos para detener el desahucio de su casa

Dolores Jiménez con el respirador al que debe conectarse a diario. Foto Fernando Ruso

“Si me quitan la casa, me muero”. A Dolores Jiménez, de 56 años, se le tuerce el gesto cada vez que oye hablar del desahucio que pende sobre su vivienda, una casita adosada, de dos alturas y con un pequeño jardín en el que están enterradas las cenizas de su padre. Entre lágrimas, explica que ha sido engañada durante varios años: primero por los empleados del banco con el que firmó su hipoteca y luego por los abogados que han ido apareciendo en su vida. Ahora, cuando ya parecía todo perdido, ha conseguido lo que pocos en España: unir a Vox, Podemos y Ciudadanos para que, de momento, nadie la eche de su casa.

Dolores compró su casa en 1999. Le costó 14 millones 445 mil pesetas. Entró por primera vez en ella un Viernes de Dolores, el día de su santo; todo “un regalo” que su padre celebraba con insistencia. De él, Manuel Jiménez, fue la idea de que la familia dejase Sevilla y se mudase a Bormujos, un municipio situado a pocos kilómetros de la capital. La vida la urbe no tenía nada que ver con la del pueblo, mucho menos ruidoso. “No se oyen ni los pájaros cantar”, repetía el padre a su hija.

Las cosas fueron bien. Dolores consiguió ir pagando la letra de su hipoteca gracias a su trabajo como conserje en un instituto público del pueblo. La nómina de la Junta de Andalucía, aunque no era boyante, complementaba el sueldo de su segundo marido, Antonio, vigilante de seguridad. Su primer esposo falleció años antes y de él tiene dos hijos; de sus segundas nupcias, uno más.

Dolores posando junto a su marido Antonio. Foto Fernando Ruso

Tan bien iba todo, que a Dolores le ofrecían el doble de lo que pagó por su casa apenas semanas después de entrar a vivir. “Los precios subieron muchísimo sin saber por qué”, explica la sevillana, que seguía pagando sus 600 euros de hipoteca y cobrando los 900 euros de la nómina. No había lugar para muchos lujos en la casa, pero vivían cómodos gracias al trabajo de Antonio.

El frenesí de hipotecas de la época previa al estallido de la burbuja inmobiliaria animó a Dolores a dejar la Caja de Extremadura y firmar unas, a priori, mejores condiciones con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la CAM. Corría el año 2006. Y llegó la crisis.

1.600 euros de hipoteca y 900 de ingresos

Antonio perdió el empleo, la subida del Euribor elevó la hipoteca y las apreturas fueron más que evidentes. “Si pagaba la letra no tenía para pagar la luz y el agua, ¿cómo íbamos a ir por la calle sin lavarnos?”, se pregunta Dolores. Así que fue a hablar con la CAM para tratar de alargar en años la hipoteca y salir de esa apretada situación. “Pero el banco no quería renegociar la hipoteca”, recuerda la sevillana, que llegó a pagar 1.600 euros de hipoteca.

Dolores pagó como pudo. Su madre, con 80 años, le fue arrimando dinero para las facturas o para llenar la despensa. “Antonio llegaba de algunos trabajos que le salían y se acostaba, el pobre echaba horas y mas horas, horas y más horas; yo llevaba la casa, las cuentas, a los hijos… como muchas mujeres. Así estuve muchos meses. Me iba a dar algo, abría el frigorífico y no había nada que darle de comer a mis hijos”, rememora la sevillana.

Entonces recibió la llamada de la CAM proponiéndole una carencia. “Yo no tenía ni idea de lo que era eso, solo sabía que cualquier cosa que pudiera ayudarme sería buena para mi familia —apunta Dolores—; eso sí, me encargué de preguntar si eso de la carencia tenía gastos, y me dijeron que no”. Y firmó.

Un retrato de Manuel Jiménez, el padre de Dolores, quien la animó a comprar la casa. Foto Fernando Ruso


“Mi hijo me dice que soy gili… y es verdad que lo soy. Me creo que todo el mundo es igual que yo, que la gente va por la verdad por delante y después descubro que no es así”, confiesa Dolores.

Los meses de carencia dieron respiro a la familia. Pagaron lo que les pedían como fueron pudiendo, pero la aparente solución se tornó en un problema inabordable para Dolores.

“Cuando se acabó la carencia me dijeron que tenía que pagar los gastos. ‘¿Qué gastos?’, pregunté yo. Ellos me explicaron que, aunque en su día me habían dicho que era gratis, tenía gastos. Debía 2.000 euros de golpe y porrazo. Yo llamaba al banco todos los días.

Estaba nerviosa y ellos se lavaban las manos. Unos se echaban las culpas a los otros y solo me respondían una cosa: debía 2.000 euros”, detalla Dolores.

“Busque usted esos 2.000 euros por donde sea”, recuerda Dolores que le decían en el banco. “Pero ¿dónde iba yo a buscarlos?”, lamentaba. Meses después esa cantidad fue creciendo. “Llegó a ser de millones de pesetas”, afirma.

Salvavidas envenenados

De nuevo, Dolores recibió una nueva llamada del banco ofreciéndole otro supuesto salvavidas. En esta ocasión, una dación en pago. Seguiría en su casa durante siete años más a cambio de pagar un alquiler social de 500 euros y al cumplirse volvería a poder comprar su casa ejerciendo una opción a compra. “No lo vi claro, pero el director del banco me asustó —explica—; me dijo que si no lo hacía perdería mi casa y que los Asuntos Sociales estaban quitando la custodia de los padres que no tenían vivienda”. “Yo creía que me moría. Fue un canalla. Eso no se le dice a nadie. Me moría, me moría…”, insiste la sevillana.

Varias veces se negó. Incluso delante del notario. No lo vio claro. Hasta que el miedo le pudo y consintió. “Ellos iban a por la casa, en ese momento no lo vi, pero ahora lo tengo claro”, apunta Dolores.

Antonio mostrando una foto de su esposa antes de que empezaran los problemas con el banco. Foto Fernando Ruso


Los problemas económicos han hecho estragos en la salud de Dolores. De vestir una talla 42 pasó a pesar 201 kilos. La ansiedad se unió a una afección cardiaca —cor pulmonale, una insuficiencia del lado derecho del corazón— y pulmonar que por poco no le cuesta la vida. Sus familiares ya la daban por perdida. “Los médicos me preguntaban que si tenía estrés, pero a mí me daba vergüenza contarles mis problemas con los bancos”, recuerda la sevillana.

La obesidad mórbida que padece la apartó de su trabajo. Primero con una incapacidad total, luego con una absoluta. Ahora cobra 800 euros de pensión, de los que 500 van a parar al alquiler. Hace cinco años que Dolores no puede subir a la planta de arriba, donde tiene el dormitorio. Su más de 200 kilos son una barrera infranqueable. Su vida es eso que ocurre en los metros que van del sofá a la cama y de la cama al sofá. Duerme en el salón, o en un antiguo despacho de la planta baja, donde se conecta a un respirador.

Dolores duerme en un pequeño despacho en la planta baja, donde se conecta a un respirador. Foto Fernando Ruso

Entretanto, año 2012, la crisis hacía estragos en las cajas de ahorros. El Sabadell se hizo con la CAM por el precio simbólico de un euro. Cinco años después y según los cálculos del Tribunal de Cuentas, el rescate de la caja se llevó 26.302 millones de euros del Fondo de Garantía de Depósitos y del Frob. “Los directores se llevaron todos los dineros, y dejaron la CAM en la ruina; un euro le costó al Sabadell”, se queja Dolores. “Y en ese euro, dicen, está mi casa”, critica la sevillana.

—¿Cuánto habrá pagado por la casa?

—Yo habré pagado ya el triple de lo que me costó. He llegado a tener un 29 por ciento de interés. Ha sido algo de locura.

Dolores y Antonio han estado todos estos años pagando el alquiler como podían. “Meses que más, meses que menos, pero íbamos pagando lo que había”, sopesa la sevillana. Pero la deuda con el Sabadell ha seguido creciendo hasta llegar a un juzgado. Allí también le han fallado los abogados para sorpresa incluso de jueces y procuradores, que no entendían —según el relato de la afectada— una defensa tan débil aun con posibilidades de zanjar el caso.

Apoyo de VOX, Podemos y Ciudadanos

Su abogado se dio a la fuga hace un año. Dolores lo tiene denunciado ante la Guardia Civil. Él se llevó toda la documentación de su caso, lo que la deja más indefensa si cabe. Por su culpa también hay una sentencia judicial que reconoce que Dolores debe 6.000 euros. Una cantidad, explica la afectada, que su abogado se inventó sobre la marcha y que ni el juez sabe de dónde sale. Para colmo, Dolores tiene una orden de desahucio, aplazada por la ayuda de sus vecinos y de los medios de comunicación, que han llegado a brindarle un nuevo letrado.

La casa de Dolores está adaptada a su discapacidad gracias a una subvención de la Junta de Andalucía. Foto Fernando Ruso

—¿Y ya está más tranquila?

—Yo no duermo. No pego ojo por la noche. Porque el banco me llamó para felicitarme las navidades y decirme que volverían para desahuciar. Y que ya tenían comprador para mi casa.

Gracias a sus vecinos paga las 21 medicinas que toma al día. Hasta su casa, esa sobre la que pende una orden de desahucio, han llegado políticos de todos los colores. “La de Vox me dijo ‘Dolores, no te preocupes, que tú has conseguido lo que nadie en España: unir a Vox y a Podemos’. Yo no entiendo de política, pero pensé que sería bueno”, explica.

Su caso también ha inspirado al Ayuntamiento de Bormujos a sacar adelante una moción presentada por Ciudadanos, que forma parte del equipo de Gobierno de la localidad, en la que se pide que el consistorio rompa relaciones comerciales con las entidades bancarias que no estén adheridas al Código de Buenas Prácticas. Y más aún. También cortarán relaciones con aquellas empresas que vendan las deudas hipotecarias o de cualquier otro tipo, de familias en situación vulnerable, a terceras empresas o entidades financieras, sin antes haber negociado una refinanciación viable.

“Los ayuntamientos no podemos intervenir en el funcionamiento de las entidades bancarias”, admite Romero, “pero sí podemos elegir con quien trabajar, y no queremos trabajar con aquellos abusen de su poder en perjuicio de los más vulnerables”, explica el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bormujos, Manuel Romero, tras registrar la moción que, espera, sea apoyada por el resto de partidos.

A juicio del portavoz, “es imprescindible que esto no sea una medida aislada, sino que sirva de ejemplo para que las instituciones demos un paso más en la protección de las familias, algo que en Ciudadanos tenemos muy claro”. “Estaremos encantados de que esta medida sea llevada a todos los ayuntamientos” de España.

El caso de Dolores, explica Romero, “es un caso de sensibilidad social y, más allá de ideologías, hay aspectos en los que todos debemos estar de acuerdo. No estamos hablando de colores políticos, sino de una persona en una situación de vulnerabilidad, en definitiva, estamos ante un caso humano en el que la respuesta no puede ser otra”.

Las cenizas del padre de Dolores se encuentran enterradas en el jardín de la casa. Foto Fernando Ruso


Dolores tampoco entiende de colores políticos. Está agradecida por igual a todos los que se han pasado por su casa para brindarle su apoyo. También a la Junta de Andalucía, que hace un par de años subvencionó la adaptación de su casa para poder convivir con su enfermedad. Gracias a los fondos públicos pudo hacer accesible su cuarto de baño. Llevaba años sin poder ducharse. “Nadie sabe lo que yo he pasado, nadie sabe la de veces que me he tenido que bañar con una manguera en el patio, con agua fría”, relata Dolores entre. lágrimas.

Por eso le duele tener que dejar su casa. Esa en la que lleva 21 años viviendo y por la que ha pagado más de las 14 millones 445 mil pesetas que le costó. “He tenido mala suerte, me han engañado y solo quiero quedarme en mi casa. Porque si me quitan mi casa, me muero”.

Hace cinco años que Dolores no sube a su dormitorio por la obesidad mórbida que padece. Foto Fernando Ruso

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