El dolor y la ira por la represión de las protestas en Irán, intactos un año después

Stuart WILLIAMS
·3 min de lectura
Una estación de autoservicio dañada durante una manifestación, en Eslamshahr, cerca de Teherán, la capital iraní, el 17 de noviembre de 2019

El dolor y la ira por la represión de las protestas en Irán, intactos un año después

Una estación de autoservicio dañada durante una manifestación, en Eslamshahr, cerca de Teherán, la capital iraní, el 17 de noviembre de 2019

Un año después de la implacable represión de las protestas de noviembre de 2019 en Irán, el saldo de víctimas y detenidos aún se desconoce y las autoridades nunca asumieron responsabilidades, pese a que muchos manifestantes fueron encarcelados o incluso condenados a muerte, denunciaron oenegés.

La movilización de 2019, que estalló a raíz de un aumento del precio de la gasolina en un país sumido en una fuerte crisis económica y asfixiado por las sanciones internacionales, se extendió por un centenar de ciudades de Irán y llegó a tener un alcance que no se había visto desde las manifestaciones poselectorales de 2009.

Varias comisarías de policía fueron atacadas, se saquearon tiendas y bancos y se incendiaron gasolineras. La represión fue violenta y difícilmente documentada, pues las autoridades cortaron el acceso a internet durante una semana.

Después de meses negándose a divulgar un balance de víctimas, las autoridades iraníes anunciaron que 230 personas habían muerto en los disturbios, rechazando cualquier responsabilidad sobre las "provocaciones" y el "vandalismo" de los manifestantes.

Sin embargo, Amnistía Internacional consideró que en realidad habrían muerto 304 personas, mientras que un grupo de expertos independientes que trabajaba para la ONU afirmó que el balance podría superar los 400 fallecidos, incluyendo 12 niños.

Ningún responsable iraní ha sido procesado. "Las autoridades iraníes no asumieron ninguna responsabilidad y continúan acosando a las familias de quienes fueron abatidos durante las manifestaciones", denunció Tara Sepehri Far, investigadora de Human Rights Watch.

- Disparar a matar -

Según el último balance publicado esta semana por Amnistía Internacional, la desconexión de internet, activada al día siguiente de las primeras manifestaciones del 15 de noviembre, permitió que se formara una "red de impunidad", al impedir la difusión de los videos de las actuaciones represivas tomados por los manifestantes.

Amnistía Internacional apunta que es probable que el número de víctimas supere con creces el de los 304 decesos certificados.

La oenegé publicó en línea más de 100 videos que verificó, grabados en 31 ciudades iraníes en noviembre de 2019 y en los que se ve que las fuerzas de seguridad hicieron un "uso reiterado de sus armas de fuego" contra manifestantes desarmados y peatones.

Según Amnistía Internacional, al menos 23 de los fallecidos tenían menos de 18 años, como Mohammad Dastankhah, de 15 años, abatido por policías apostados en un tejado mientras se dirigía a la escuela, en Sadra, en la región de Shiraz (centro-oeste).

La organización también citó el caso de Azar Mirzapur, una enfermera de 49 años, madre de 4 hijos y abatida en Karaj, cerca de Teherán, cuando volvía a casa de trabajar.

"Las fuerzas de seguridad iraníes hicieron un uso excesivo e ilegal de la fuerza", indicó Raha Bahreini, de Amnistía Internacional.

"En la mayoría de los casos, dispararon balas reales contra la cabeza o el cuerpo, aplicando la estrategia deliberada de disparar a matar", agregó la investigadora.

Tras ello, las autoridades iraníes procesaron a quienes asistieron a las manifestaciones y los torturaron durante su detención, según Amnistía Internacional.

Algunos manifestantes fueron condenados a muerte, como tres jóvenes cuya ejecución acabó siendo suspendida en julio a raíz de una ola de indignación internacional.

La impunidad de la que gozaron los responsables de la represión llevó a los activistas a poner en marcha su propio tribunal, auspiciado por oenegés como Justicia para Irán -con sede en Londres-, o Irán Human Rights, radicada en Oslo.

El tribunal escuchará los testimonios de víctimas y testigos en febrero de 2021 en La Haya, Holanda, y el juicio se hará público en abril, para enviar "un mensaje fuerte a los responsables de esas atrocidades, decirles que los estamos viendo y que un día tendrán que asumir la responsabilidad de sus actos", declaró Mahmud Amiri-Moghaddam, director ejecutivo de Iran Human Rights.

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