Diputado pide pasar de ONG al régimen mercantil a Casa España de Nicaragua

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Managua, 10 may (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, el oficialista Gustavo Porras, propuso este martes cambiar de ONG a régimen jurídico mercantil a la Asociación Española Nicaragüense, conocida como Casa España.

La iniciativa de Porras, sancionado por la Unión Europea por "abusos o violaciones de derechos humanos y la represión a la sociedad civil", fue presentada ante el Parlamento dos meses después de que la Asociación Española Nicaragüense anunciara el "cierre temporal" del club, una propiedad ubicada en las afueras de Managua, por "indicaciones" del Gobierno del presidente Daniel Ortega.

En la propuesta de Ley Especial para el cambio de Régimen de Personas Jurídicas, Porras argumentó que el club de ciudadanos españoles residentes en Nicaragua "realiza actos de comercio".

El legislador explicó que el viernes pasado entró en vigor la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, que define a las ONG como "persona jurídica no lucrativa, cuyo fin es de índole humanitario, religioso, cultural, educativo, social, fraternal o para la realización de otros tipos de acciones altruistas que generalmente se financian con ayudas y donaciones".

"Teniendo en cuenta la nueva definición de Organismos sin Fines de Lucro fue necesario identificar aquellas instituciones que ostentan la personalidad jurídica de Asociaciones sin Fines de Lucro, pero cuya actividad económica realizan actos de comercio", sostuvo Porras, en su propuesta.

CAMBIARÁN DE RÉGIMEN A CINCO CASAS CLUB

Además de la Asociación Española Nicaragüense, Porras solicitó el cambio de régimen jurídico a la Asociación Club Terraza, el más selecto de Nicaragua del cual son socios algunas de las personas más ricas del país, lo mismo que a la Asociación Nejapa Country Club, propietaria de uno de los campos de golf más reconocidos; el Country Club de Chinandega, y la Asociación Centro Ecuestre Cocibolca.

"El traslado de régimen jurídico consiste en que las sociedades mercantiles creadas serán sucesoras sin solución de continuidad de las personas jurídicas canceladas, garantizando de esta manera, la continuidad de la actividad económica de cada una de las empresas, si así lo disponen sus socios", de acuerdo con la iniciativa.

La decisión del titular del Legislativo, del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se da en medio de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular que el presidente Ortega califica como un intento de golpe de Estado.

El cambio de régimen a la Asociación Española Nicaragüense, fundada en 1969 por ciudadanos españoles, así como el de las otras cuatro asociaciones, se da también en medio de la ilegalización de 187 ONG locales desde diciembre de 2018, entre ellas 50 el miércoles pasado.

Esa misma crisis ha causado roces entre los Gobiernos de Nicaragua y España, que en agosto pasado llamó a consultas a su embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras lo que consideró como "graves e infundadas acusaciones" de la Cancillería nicaragüense, que acusó al país europeo de "intromisión" en asuntos internos, en referencia a temas de derechos humanos.

Según el Gobierno de Nicaragua, las ONG han incumplido con las leyes de la materia, lo cual ha sido rechazado por los afectados, entre las que se encuentran asociaciones que defendían los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, universidades, ambientalistas, indígenas, de periodistas y centros de pensamiento, entre otras.

La oficina de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha criticado la ilegalización de dichas ONG.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión. EFE

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(c) Agencia EFE

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