Defensores piden protección y reforma a la ley de inteligencia en Colombia

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San José, 13 may (EFE).- El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) solicitó este viernes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) protección para las personas defensoras en Colombia y que ordene al Estado reformar la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia.

Así lo expuso la presidenta del CAJAR, Jomary Ortegón, durante los alegatos finales de las partes en el cierre de una audiencia de dos días ante la CorteIDH por la demanda que el colectivo interpuso contra el Estado por hostigamiento y persecución a lo largo de al menos tres décadas producto de su labor de defensa de los derechos humanos.

Ortegón pidió a la CorteIDH una condena contra el Estado en la que ordene la implementación de una política pública integral de garantía para personas defensoras" y que "disponga la modificación de la ley de inteligencia y contrainteligencia que incluya un control civil autónomo e independiente".

Otra petición es que el Gobierno entregue al CAJAR toda la información de inteligencia recopilada sobre sus miembros y que el presidente del país reconozca la responsabilidad del Estado y exalte los aportes del CAJAR a la justicia y la democracia en Colombia.

"El ambiente de zozobra que nosotros y nuestras familias hemos vivido por décadas se debe a un plan de exterminio político que no se concretó gracias a la resiliencia y valentía de los miembros del CAJAR, pero ha conllevado a sacrificios personales y familiares que ninguna persona defensora debería sufrir", expresó Ortegón.

La defensora afirmó que los integrantes del CAJAR y sus familias merecen que sus derechos sean restablecidos, pero también "que se adopten garantías de no repetición" que les permitan "desarrollar este proyecto de vida que es la defensa de los derechos humanos".

Esta es la primera vez que una organización defensora de derechos humanos llega a la CorteIDH en calidad de víctima.

Según la demanda, el CAJAR ha sido víctima de "amenazas, atentados, exilio, campañas de desprestigio, torturas y hostigamientos realizados desde organismos del Estado en una lógica de vigilancia que involucra a todos los Gobiernos desde la década de los años noventa".

En este caso se abordan hechos como amenazas contra defensores de derechos humanos, la impunidad como nueva forma de persecución y amenaza, y pruebas de cómo los casos representados por CAJAR sobre derechos humanos y sus sentencias han detonado persecución.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que actúa como representante de las víctimas de este caso, informó a la CorteIDH acerca de campañas de desprestigio y propaganda negra desde altos funcionarios del Estado, como por ejemplo el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, y tecnologías digitales para espionaje a defensores.

"Estamos aquí para poner fin a décadas de persecución y que la Corte ordene garantías plenas para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Colombia", dijo la directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic.

LA POSICIÓN DEL ESTADO

La representación del Estado colombiano lamentó los hechos de persecución que sufrieron los integrantes del CAJAR, pero aseguró que Colombia ha llevado a cabo acciones para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos y que no se le puede atribuir hostigamiento y persecución después del año 2011 cuando fue disuelto el Departamento Administrativo y de Seguridad (DAS), que era el encargado de las labores de inteligencia.

"Lamentamos que algunos miembros y exmiembros del CAJAR hayan sido objeto de amenazas, hostigamiento y seguimientos por parte de terceros y, en algunos casos, por agentes del Estado, particularmente miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)", declaró la agente estatal, Ana María Ordóñez.

La representante estatal afirmó que cuando el Estado tuvo conocimiento de los hechos "reaccionó y tomó medias para protegerlos y garantizar su labor".

Según la representación estatal, 14 funcionarios del DAS fueron condenados por las labores ilegales de inteligencia que llevaron a cabo, se suprimió ese departamento en 2011 y se creó una ley de inteligencia y contrainteligencia acorde a estándares internacionales.

Con el cierre de la audiencia, ahora las partes tienen 30 días para entregar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces la CorteIDH podrá emitir un fallo en los siguientes meses.

(c) Agencia EFE

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