El Defensor pide garantizar la sanidad a inmigrantes y refugiados vulnerables

El defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán. EFE/ J.P.Gandul/Archivo

Madrid, 28 nov (EFE).- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha reclamado al Gobierno y a las comunidades autónomas que garanticen la asistencia sanitaria pública a inmigrantes y solicitantes de asilo en situación de vulnerabilidad, que siguen excluidos después de la reforma para recuperar la sanidad universal.

Fernández Marugán valora el Real Decreto de julio de 2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que reforzó la sanidad universal, ampliando la cobertura de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a las personas extranjeras en situación irregular, pero explica que ha recibido varias quejas de exclusión.

Por ello, pide a las comunidades autónomas que garanticen que las personas en situación de estancia temporal por extranjería, y en circunstancias excepcionales de necesidad y vulnerabilidad social, puedan acceder a la atención sanitaria gratuita.

Según la institución, esas quejas recibidas y la actuación de oficio para hacer un seguimiento de la nueva "ponen de manifiesto que esa reforma reguló de forma incompleta algunos aspectos que pueden afectar a varios colectivos de personas en situación de vulnerabilidad".

En concreto, la institución se dirige a las consejerías de Sanidad de Madrid y de Galicia, de donde parten las quejas, y les solicita que presten una información completa y adecuada a todos los ciudadanos, y en especial a los extranjeros, que solicitan asistencia sanitaria gratuita en los centros de salud, a los que sugiere editar materiales informativos en distintas lenguas.

A la Comunidad de Madrid le indica, asimismo, que cuando no esté disponible el certificado o volante de empadronamiento para acreditar el tiempo de permanencia en España de una persona extranjera acepte otra documentación oficial para determinar si la persona afectada se encuentra en situación de estancia temporal o de residencia irregular.

También que, en el caso de mujeres migrantes que puedan ser víctimas de explotación sexual o de trata de seres humanos, especialmente cuando requieran asistencia por embarazo, traslade instrucciones específicas a los centros sanitarios para que se les ofrezca una adecuada y completa información sobre sus derechos.

La institución destaca que recientemente además "está tramitando algunas quejas que denuncian las dificultades que están encontrando aquellas personas que todavía no han podido formalizar su solicitud de asilo, a la hora de acceder al Sistema Nacional de Salud, una situación generada por la saturación actual de los servicios administrativos que atienden a los solicitantes de protección internacional".

"El Defensor es consciente de las limitaciones impuestas por la coyuntura parlamentaria, que impide una ordinaria tramitación de las iniciativas legislativas, así como la extensión del periodo de interinidad del Gobierno; no obstante, considera que se trata de un tema que es preciso acometer con urgencia", añade.

La institución considera que se ha regulado de forma inadecuada la situación de los ciudadanos extranjeros que residen en España en virtud de su vinculación familiar con un ciudadano español o comunitario. Así, la legislación actual, refrendada por el Tribunal Supremo, no les reconoce el derecho a la asistencia con cargo a fondos públicos y deben disponer de un seguro sanitario propio.

"En este colectivo hay personas de edad avanzada, que no desarrollan actividades laborales o lucrativas y que han trasladado su residencia a España para convivir con sus hijos e hijas; se les presume una capacidad para atender a sus necesidades sanitarias que no siempre es real y, en ocasiones, se encuentran con muchas dificultades para suscribir una póliza sanitaria", expone el Defensor.

En este sentido, recomienda "hacer más asequible" la suscripción del convenio público de asistencia sanitaria con los servicios de salud y cree que "una flexibilización de los requisitos de acceso a ese convenio, exigiéndose menos de un año de residencia y disminuyendo la cuantía mensual a abonar para los mayores de 65 años, podría dar respuesta a este problema".