La defensa del escaño de Alberto Rodríguez, un peligroso precedente

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El diputado de Unidas Podemos Alberto Rodriguez. (Photo By A.Martinez Velez. Pool/Europa Press via Getty Images)
El diputado de Unidas Podemos Alberto Rodriguez. (Photo By A.Martinez Velez. Pool/Europa Press via Getty Images)

Hace ya dos semanas que el Tribunal Supremo condenó al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez a un mes y 15 días de cárcel por un delito de atentado a agentes de la autoridad durante una manifestación en la Laguna en 2014. Rodríguez no entrará en prisión, por carecer de antecedentes. La duda es si debe seguir entrando en el Congreso de los Diputados. Porque el parlamentario canario aún tiene el acta en su poder. Y la tiene porque así se lo ha dicho la Mesa del Congreso.

Se trata de una situación controvertida. Tanto a nivel político, con acusaciones de "indulto" y "cacicada", como a nivel judicial, en donde este proceso ha dejado varias dudas legales y un peligroso precedente por la aplicación del reglamento realizada por la Mesa del Congreso de los Diputados.

Todo se debe a que el Supremo le impuso a Rodríguez la condena arriba citada así como otra accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo. Este tipo de inhabilitación le impide presentarse a elecciones, pero hay argumentos enfrentados sobre si también implica, o no, la pérdida del escaño.

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Los partidos del Gobierno argumentan que no. Para ello se basan en el informe preceptivo elaborado por los letrados de la Cámara y que es favorable a mantenerle el acta. Mientras que PP y Vox han votado en contra. Y acusan al órgano dirigido por la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxel Batet, de "indultarle".

Se da el caso de que Podemos ha variado su discurso. Bueno, Podemos ahora. Antes también lo han hecho PSOE y PP, entre otros. Son muchos los partidos políticos que, cuando no les afecta, reclaman la renuncia al cargo político cuando el sujeto ser imputado y luego lo varían a condenado o procesado.

Pero lo gordo del asunto se va a disputar en la judicatura. Fuentes del Supremo ya han reconocido sentirse "atónitos y perplejos" por cómo el Congreso está haciendo su propia "reinterpretación" de una sentencia. Es más, el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, se acaba de dirigir formalmente a Batet para que remita al Tribunal Supremo el informe sobre la fecha del inicio de cumplimiento de la pena con la finalidad de "realizar la liquidación de su condena". Es decir, saber cuándo empieza para determinar cuándo está cumplida. Pero, en este caso, si se le retira momentáneamente el acta a un diputado, se convierte en inelegible. Lo que se dibuja tras estas reclamaciones es una crítica total al incumplimiento de una condena. Al menos eso afirman fuentes judiciales alineadas a las tesis más conservadoras.

Aunque conviene no olvidar quién es el juez Marchena. El mismo que tuvo que dimitir de la carrera por la presidencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cuando su elección inicial fue celebrada en el grupo de whatsapp de los senadores del PP de esta manera: "Con la negociación", el PP sale ganando "controlando la sala segunda desde detrás". ¿Y saben lo que se enjuicia en esa Sala? Efectivamente, es la única competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno.

Todo está enfangado de partidismo. Si no se aclara cuanto antes si la ejecución de la condena es legal o no, el desprestigio del que goza la Justicia española hoy en día se agravará aún más. Y ese argumento -el de transformar la pena principal por una interpretación diferente- podría usarse en más casos enredando aún más el panorama. Por poner un ejemplo, los partidos independentistas podrían impugnar la parte final de la anterior legislatura en Cataluña al haber sido forzados a apartar al frente de la Generalitat a Quim Torra cuando a fue inhabilitado judicialmente por desobediencia.

Y fuera de la política, los miembros de La Manada también podrían negarse a cumplir las condenas del Supremo por el caso de la violación en grupo, etc.... 

Urge despolitizar la Justicia por ambos lados para que las reglas del juego queden claras sin posibilidad de interpretaciones ventajistas.

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