Debate amargo sobre las víctimas del ejército en Irlanda del Norte, 50 años después

Por Joe STENSON
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Imágenes de archivo de soldados británicos en Irlanda del Norte, donde se debate sobre la pertenencia de juzgar a los que intervinieron en el "Domingo sangriento"

Para muchos británicos, los soldados que intervinieron en Irlanda del Norte hace 50 años son héroes anónimos que defendieron el orden público en una región dividida por las tensiones identitarias. Pero, para muchos irlandeses, no hicieron más que exacerbar el conflicto.

¿Deben ser perseguidos los soldados por sus supuestos crímenes? Es una de las preguntas que marcan el amargo debate sobre la presencia militar británica en este territorio del norte de la isla de Irlanda, que pertenece al Reino Unido.

"Las repercusiones afectan actualmente a la política en Irlanda del Norte", recuerda Dominic Bryan, profesor en la Queen's University de Belfast.

La asociación de veteranos de Irlanda del Norte, que organiza este sábado un acto en Lisburn para conmemorar la intervención, asegura que sus miembros están "preocupados".

Tras una perseverante campaña de las familias de víctimas pidiendo justicia, la fiscalía norirlandesa anunció este año que en septiembre llevará ante los tribunales a un veterano del ejército, conocido como el "Soldado F", por la matanza del "Domingo sangriento" ("Bloody sunday").

El 30 de enero de 1972, paracaidistas británicos mataron a 13 militantes católicos que participaron en una manifestación pacífica en la localidad norirlandesa de Londonderry. Una decimocuarta víctima fallecería pocos días después.

- "Verdad y justicia"-

Es la primera vez que estos hechos sangrientos, que degeneraron en unos enfrentamientos que desgarraron este territorio británico durante tres décadas, tienen consecuencias jurídicas.

El conflicto civil en Irlanda del Norte confrontó a los republicanos nacionalistas, de confesión católica y partidarios de la reunificación de Irlanda, contra los unionistas, mayoritariamente protestantes y partidarios de seguir formando parte del Reino Unido.

Sin embargo, este conflicto aún no puede ser enterrado en la historia, defiende John Kelly, cuyo hermano murió durante el "Domingo sangriento".

"No se juzgó a ninguno de los 18 soldados que participaron en esos hechos. Se debería juzgar a los 18 ya que mataron a personas inocentes", asegura a la AFP. "Queremos verdad y justicia, eso es todo".

Otras investigaciones sobre otros incidentes trágicos siguen generando controversia en Irlanda del Norte y el resto de las islas británicas.

Cerca del 10% de las 3.500 víctimas del conflicto en Irlanda del Norte murieron a manos de soldados y policías británicos, algunas de ellas eran civiles no armados.

- Apoyo a los veteranos -

El debate sobre los militares británicos implicados en el conflicto norirlandés se intensificó con la propuesta de algunos diputados británicos que pidieron su amnistía, siguiendo el ejemplo del acuerdo alcanzado para liberar a 500 miembros del Irish Republican Army (IRA) después de los acuerdos de paz.

El nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, prometió en la campaña interna del Partido Conservador que acabaría con las "injustas" investigaciones judiciales contra soldados.

En Londres y Belfast, organizaciones de veteranos, que se consideran víctimas de investigaciones injustas, convocaron actos en apoyo al "Soldado F".

Además, la credibilidad de estas investigaciones también genera debate.

"El ejército conservó excelentes informes de las operaciones, pero no sucedió lo mismo con los grupos terroristas", explicó Richard Dannatt, exjefe de las tropas británicas que intervinieron en Irlanda del Norte, en un artículo publicado en el diario News Letter en 2018. "Esto favorece que estas investigaciones se lleven a cabo en un marco muy desigual", advirtió.

El acuerdo de paz de 1998 preveía que el IRA destruyera todos sus escondites de armas, donde se podrían haber encontrado pruebas balísticas.

En cambio, los partidarios de estas investigaciones temen que el Gobierno británico obstaculice el trabajo de la justicia escondiendo pruebas, con el pretexto de la seguridad nacional.

"El coste del despliegue de soldados no solo se mide con el número de vidas perdidas, sino también en materia de memoria histórica e influencia política", explica Dominic Bryan.