De ministro a miembro del TC: el último favor de Sánchez con los indultos

Juan Carlos Campo firmó los indultos como ministro de Justicia. (Photo By EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL via Getty Images)
Juan Carlos Campo firmó los indultos como ministro de Justicia. (Photo By EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL via Getty Images)

Justificar y aprobar unos indultos tan polémicos como los de los líderes del 'procés' encarcelados, sustituir el delito de sedición por el de desórdenes públicos y avanzar en la reforma del de malversación ha permitido al Gobierno disfrutar de una legislatura relativamente tranquila en lo que se refiere a su relación con la Generalitat de Cataluña. Algo difícil de lograr en apenas cuatro años tras el choque de trenes instigado, entre otros, por el anterior Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy tras su cuestionable decisión de responder a palos ante una movilización cívica en forma de referéndum sin efectos legales.

Pero el hecho de poder beneficiarse de esa calma política y garantizarse el apoyo de un importante socio nacionalista como ERC en las votaciones en el Congreso de los Diputados ha requerido de mucho trabajo, de cierta dosis de malabarismo y de varios favores que ahora hay que pagar. Así es como Juan Carlos Campo, exministro de Justicia bajo cuyo mandato se articuló la aplicación de los indultos, se comió él solito el coste político de semejante medida.

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De hecho, Campo apenas fue ministro de Justicia 18 meses. Del 13 de enero de 2020 al 12 de julio de 2021. Justo hasta un mes después de firmarse los indultos. Pero fue un tiempo suficiente para que, tan pronto dejó el cargo, hubiera podido cobrar el 80% de su salario durante dos años como indemnización -algo que no hizo porque regresó a la Audiencia Nacional donde tenía plaza de magistrado-. Sin olvidar que, aunque no trabajara ni un solo día más, al jubilarse tendría garantizada la pensión máxima sin necesidad de calcular, como el resto de los españoles, lo cotizado en todos y cada uno de sus años trabajados hasta los 65 -o 67-.

Pero ahí no acaba la cosa. Cómo de grande debió de ser el favor que Campo le hizo a Sánchez que el presidente del Gobierno oficializará este martes su designación para el Tribunal Constitucional. Campo no será el único nombre que se va a poner sobre la mesa del Consejo de ministros que se celebra hoy. Junto al del exministro de Justicia también estará el de Laura Díez, ex directora general de Asuntos Constitucionales.

Ambos son, por decirlo de alguna manera, personas de la máxima confianza de Sánchez, y con perfiles de partido. Dispuestos a votar siempre en bloque con el considerado sector progresista del TC sin dudar como, en alguna ocasión ha sucedido con otros cargos nombrados por el PSOE.

Es cierto que es lo mismo que acostumbra a hacer el PP. De hecho los populares eligieron también a magistrados que habían sido diputados en sus filas -como es el caso de Andrés Ollero (2012 - 2021)- o militantes del partido -como Francisco Pérez de los Cobos (2013 - 2017) como presidente del Constitucional-. Pero Sánchez criticó que lo hiciera su rival y ahora lo hace exactamente lo mismo.

Todo esto es otra losa más de la extrema politización de la Justicia española cuyas resoluciones en el CGPJ o el Constitucional no son más que extensiones, en diferido, del reparto de escaños en el Congreso. Porque así se pagan los favores en la política española. Y en tiempo récord.

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