Daniel Ortega, el revolucionario que se convirtió en autócrata

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Daniel Ortega, durante un mitin del FSLN, en Managua, en 2011.  (Photo: Esteban Felix / ASSOCIATED PRESS)
Daniel Ortega, durante un mitin del FSLN, en Managua, en 2011. (Photo: Esteban Felix / ASSOCIATED PRESS)

José Daniel Ortega Saavedra (La Libertad, Nicaragua, 11 de noviembre de 1945) se ha impuesto en las elecciones presidenciales de su país y revalida el cargo. Lo hace con el 75,92% de los votos. En un Estado democrático, hablaríamos de victoria formidable, arrolladora. En el suyo, en la Nicaragua de hoy, el dato produce sonrojo, porque nace de unos comicios que no merecen ese nombre: sin oposición, con los líderes disidentes en la cárcel o el exilio gracias a la mano dura de un presidente que no quiere dejar de serlo y hace lo que sea para mantener el cetro. 29 años lleva en el poder, los últimos 20 de manera consecutiva.

Todo, hasta traicionar el alma de una revolución de la que fue pilar esencial y que hoy sólo le sirve como propaganda nostálgica. Ortega, el sandinista, el guerrillero, el defensor de las libertades y los derechos desde la izquierda, hoy los arrolla y recibe calificativos como “antidemocrático”, “ilegítimo”, “no creíble”, “autócrata” y “dictador”. Lo del domingo, en palabras de Joe Biden, el presidente de EEUU, fue “una pantomima”. Quedan los tiempos en los que admiró al mundo por su gestión de la pobreza o la educación.

La puntilla de los Somoza

Hijo de un veterano del ejército campesino de César Augusto Sandino -el mítico revolucionario patrio del que tomó el nombre el movimiento que hoy encabeza-, Ortega era un niño voluntarioso y cabezota, dicen los suyos. Asistió brevemente a la Universidad Centroamericana en Managua, en 1963, pero ese mismo año dejó los estudios de Derecho y pasó a la clandestinidad, convirtiéndose en miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En 1967 estaba ya a cargo de la campaña de resistencia urbana del FSLN contra la familia gobernante Somoza, una dictadura transmitida de padres a hijos -los Anastasios y Luis- que asfixió a los nicaragüenses.

En el otoño de ese año, Ortega fue arrestado por su participación en un robo a un banco y pasó los siguientes siete años en la cárcel, donde fue víctima de torturas. Tras el asalto de sus compañeros de guerrilla a la casa del jefe del banco nacional, se reclamó un intercambio de presos por rehenes somocistas y, gracias a eso, Ortega volvió a la calle. Ante la seguridad de una nueva persecución, escapó a Costa Rica, con saltos a Cuba, y desde allí acometió una doble apuesta: la de formarse como miliciano y la de organizar el movimiento revolucionario doméstico, aún verde y deslavazado.

Cuando Ortega regresó, ya era otro. El ímpetu juvenil había dejado paso al estratega. Jugando aún al perfil gris, jugó un papel importante en la reconciliación de varias facciones del FSLN y en la formación de alianzas con grupos empresariales y políticos del país, en un intento de abordar una salida común a la mano de hierro de los Somoza. Esta política, que llevaba a cabo desde la sombra, dejando el protagonismo para otros guerrilleros que se peleaban por él, convirtió gradualmente la campaña el FSNL en una guerra civil en toda regla y condujo a la victoria sandinista final, en 1979. Ya no más Somozas. Ya no más guerra contra ellos, como la que había dejado 50.000 muertos en el país.

Ortega, uno de los cinco miembros de la junta sandinista, fue nombrado coordinador de la junta que se creó en 1981 y tres años después fue elegido presidente de Nicaragua. Había tantas peleas entre los otros cuatro de la cúspide que, al final, fue el elegido por generar menos suspicacias y envidias. Y sobre esa base se hizo fuerte: en los últimos 37 años no ha habido otro candidato a la presidencia por el FSLN que él, un camino en el que siempre ha estado acompañado de su hoy vicepresidenta, su pareja, Rosario Murillo, con la que tiene siete hijos.

Daniel Ortega, coordinator of the Nicaraguan Military Junta and commander of the Nicaraguan Army  in Cuba, during the 20th Anniversary of the Bay of Pigs invasion  April 21, 1981. (AP Photo/Tasnadi) (Photo: ASSOCIATED PRESS)
Daniel Ortega, coordinator of the Nicaraguan Military Junta and commander of the Nicaraguan Army in Cuba, during the 20th Anniversary of the Bay of Pigs invasion April 21, 1981. (AP Photo/Tasnadi) (Photo: ASSOCIATED PRESS)

Su primer mandato fue de inspiración socialista, marxista y leninista, con toques de socialdemocracia europea. Sus apuestas fueron la reducción de la pobreza (se calcula que lo logró en un 32%) y del analfabetismo (pasó del 50 al 13%), con mejoras en las infraestructuras. Emprendió intensas reformas revolucionarias, como la nacionalización de las industrias esenciales y de la banca, la reforma agraria y la educativa, pero su cercanía a países comunistas como Cuba, las reformas de izquierda pura y cierta oposición interna no alineada con sus postulados llevaron a EEUU a apoyar la creación de La Contra, a la que su acusa de incontables violaciones a los derechos humanos y más de 1300 ataques terroristas, por ejemplo.

El desgaste fue mayúsculo, Ortega mantuvo el poder hasta 1990, cuando las fuerzas disidentes se aliaron y le tomó el relevo Violeta Chamorro, la primera mujer presidenta en toda América Latina.

Ortega no cedía. Resurgió como candidato presidencial del FSLN en mayo de 1996, anulando cualquier contestación interna en su partido, pero fue derrotado en las elecciones de octubre por el candidato conservador Arnoldo Alemán. También fue el candidato presidencial del FSLN en 2001, y aunque fue derrotado, obtuvo el 42% de los votos. Se estaba preparando su retorno. El sandinista siguió siendo influyente en la política nicaragüense y en 2006 volvió a postularse a la presidencia como candidato del FSLN, claro. Con un fuerte apoyo entre los más pobres de Nicaragua, se aseguró una pluralidad lo suficientemente grande como para derrotar al candidato conservador, Eduardo Montealegre.

Asumió el cargo nuevamente en enero de 2007 y, desde entonces, ahí sigue. Ha estado en el cargo más tiempo que cualquiera de los Somoza. Durante sus primeros meses como presidente, a muchos les pareció que había cumplido sus promesas inaugurales de implementar programas sociales, manteniendo no obstante un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que dinamizaba la economía y creando más empleos en el sector privado. Logró devolver la gratuidad a la educación y la sanidad.

Volvió con las etiquetas de “socialista” y “cristiano”, alejado ya de la revolución. El uniforme, en el armario. El ansia de poder, redoblada. Sólo un año duró el espejismo. Pasado ese tiempo, los críticos de Ortega cuestionaron sus políticas cuando comenzó a restringir la cobertura de noticias, a negar a los periodistas el acceso a informes del Gobierno y alinearse con el presidente venezolano Hugo Chávez.

A través de la iniciativa PetroCaribe del régimen de Chávez, Nicaragua, como varios otros países de la región, comenzó a recibir petróleo de Venezuela a precios reducidos, que luego revende a precios de mercado. El gabinete de Ortega utilizó gran parte de las ganancias generadas en programas sociales adicionales que ayudaron a reducir la pobreza, del 42% al 30% durante el periodo 2009-2014. La ayuda de organizaciones financieras internacionales, la producción maquiladora diversificada, las fuertes exportaciones agrícolas y mineras y el aumento de las remesas en efectivo del exterior hicieron en paralelo que la economía nicaragüense comenzase a dar grandes pasos en la dirección correcta, con el desempleo cayendo a alrededor del 7% o el PIB subiendo un 6% en 2011. Moderación y pragmatismo con economía saneada, un caballo ganador.

La deriva

Buena gestión social y económica que, sin embargo, no se vio acompañada de los estándares democráticos básicos. Ortega se enceló y en julio de 2009, en el trigésimo aniversario de la revolución del FSLN, anunció su intención de reformar la Constitución para que el presidente pudiera ser reelegido para un segundo mandato consecutivo. Hasta ese momento, estaba vetada la elección consecutiva de un candidato y tampoco podía optar al cargo se ya había estado mandando en dos periodos distintos, como era su caso.

En octubre, en respuesta a una petición de Ortega y más de 100 alcaldes, la Corte Suprema de Nicaragua levantó la prohibición constitucional de la reelección consecutiva, lo que permitió que se presentara a las elecciones presidenciales de 2011. El artículo, de pronto, era “inaplicable”. Fue la antesala de un cambio total, ya en 20143, en que instauró la reelección indefinida, la posibilidad de ganar en primera vuelta por mayoría simple o la de emitir decretos presidenciales con rango de ley. Todo el poder para mí.

Ortega ganó la reelección con alrededor del 60% de los votos, aunque ya se produjeron las primeras denuncias de fraude electoral. Mientras tanto, el FSLN estableció una supermayoría al ganar 62 de los 90 escaños en la Asamblea Nacional, despejando el camino para que los sandinistas avancen en su agenda legislativa. Ahora se hace lo que quieren, a rodillo.

Hay algo innegable: Ortega ha seguido siendo popular entre los nicaragüenses desfavorecidos, pero un asunto diferente sucede con la clase media, que se desencantó con su Gobierno, cada vez más autoritario y con más falta de transparencia. Los críticos del régimen de Ortega también se apresuraron a denunciar que algunas de las ganancias del dinero del petróleo venezolano se habían invertido en empresas privadas que estaban controladas por la familia y amigos de Ortega, como hacían los Somoza. En este tiempo, al presidente también ha pasado por otra denuncia por supuestos abusos sexuales a su hijastra, Zoila América Narváez, un caso archivado por la prescripción del delito.

A pesar de estas denuncias contra él, la oposición permaneció fragmentada y el FSLN, utilizando esa supermayoría, fue haciendo susncambios legislativo para consolidar a Ortega en el cargo e incluso, en 2016, llevó a Murillo, portavoz principal del Gobierno, como su compañera de fórmula para la vicepresidencia. Ortega obtuvo una victoria contundente, de nuevo, con un 72% de los votos, aunque la elección fue boicoteada por muchos miembros de la oposición y no fue avalada por observadores internacionales, que no fueron invitados por el Ejecutivo. Más dudas sobre su legalidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que este cambio “ha generado graves consecuencias en el ejercicio, protección y garantías de los derechos humanos y el debilitamiento del estado de derecho” en Nicaragua. Ortega repite que así da más “paz, estabilidad, seguridad y esperanza” a su pueblo.

Comenzó la era del tándem, de una presidencia casi bicéfala, con Ortega cada vez más mayor y Murillo más en primer plano, un tiempo en el que las incomodidades generadas por el rumbo de su Gobierno se acrecentaron, hasta llegar a abril de 2018, cuando una serie de protestas y disturbios generalizados saludaron la imposición por parte del Ejecutivo de la reforma de la seguridad social, que aumentó las contribuciones de empleadores y trabajadores al tiempo que reducía los beneficios.

Los jubilados y estudiantes -que fueron el grueso de los que salieron a las calles inicialmente- fueron violentamente recibidos por contramanifestantes enviados por el Gobierno, defensores de los Ortega Murillo. La protesta se transformó y, más allá de la seguridad social, hizo bandera de la democracia, con lemas como “Ortega y Somoza son la misma cosa”. Hasta la Iglesia Católica asestó un duro golpe al presidente al apoyar las marchas.

A medida que el conflicto se intensificaba durante varios días y se extendía desde Managua a otras ciudades nicaragüenses, comenzaron a llegar los muertos por la violencia policial o en enfrentamientos con contramanifestantes Se calcula que aquel “terror generalizado”, como lo describió un funcionario de la ONU, causó al menos 300 muertos, aunque una extraña Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz rebajó el número a 269 e informó de que al menos 22 eran policías.

A medida que se desarrollaban estas protestas, el Gobierno suprimió la cobertura televisiva de las manifestaciones por parte de medios independientes, ya no oficiales Para calmar la volátil situación, Ortega rescindió rápidamente los cambios a la seguridad social, pero la represión seguía imparable, feroz. Mientras que los militares permanecieron en gran medida al margen, la policía y las fuerzas paramilitares, sin restricciones atacaban brutalmente a los manifestantes, deteniéndolos arbitrariamente, agrediéndolos y torturándolos incluso.

Con el control del poder aparentemente amenazado, Ortega dio un giro y apeló a su base tradicional del FSLN, a la revolución, a la pobreza y a los medios hipercontrolados para cambiar el relato, presentándolo como un golpe de estado fallido orquestado por actores extranjeros -el anti imperialismo seguía siendo una de sus señas de identidad, aún con colaboraciones puntuales con el adversario norteamericano-. Convenció a su base de que el levantamiento no solo había sido un asalto a su familia, sino al legado de la revolución sandinista. Frente a él, la oposición seguía sin unirse, a lo que se sumaba el miedo a las represalias. Se calcula que unos 100.000 nicaragüenses huyeron del país tras el levantamiento.

Pandemia y arrestos

El ejercicio de poder cada vez más autoritario de Ortega, basado en el secreto y la opacidad, demostró ser inadecuado para los desafíos de combatir el coronavirus, que se extendió por todo el mundo en 2020. Ortega y Murillo minimizaron la amenaza, se negaron a cerrar escuelas, negocios o las fronteras del país y no se impusieron protocolos preventivos de higiene, distanciamiento social o de uso de mascarillas. De hecho, permitieron que continuaran las reuniones a gran escala y hasta un desfile llamado “el amor después en tiempos del covid”, masivo.

Ortega manipuló a los medios para proyectar la respuesta de su equipo como un éxito rotundo. Para junio de 2021, según estadísticas oficiales, menos de 6.300 nicaragüenses habían contraído el virus y menos de 200 habían muerto por covid-19. Sin embargo, las organizaciones de recuento independientes pintaron un panorama muy diferente, en el que el sistema de salud nicaragüense se vio desbordado por la pandemia.

Sin equipo de protección personal y sin las pruebas diagnósticas adecuadas, los médicos y enfermeros que contrajeron el virus pero que estaban asintomáticos lo transmitieron a los pacientes, en un porcentaje elevado. Según el llamado Observatorio Ciudadano, para junio de 2021, se sospechaba que el número real de víctimas de la pandemia en Nicaragua había sido de más de 17.000 casos acumulados de la enfermedad y más de 3.300 muertes.

En el último trimestre de 2020, la legislatura del sandinista, dominada por los leales a Ortega, aprobó una serie de leyes que parecían allanar el camino para que el Gobierno limitara aún más la libertad y la equidad del proceso electoral. Promulgada en octubre, la llamada ley de delitos cibernéticos prohibió la difusión de noticias “falsas”, es decir, información que no había sido autorizada por el Gobierno, por más que fuera cierta. Una ley aprobada y promulgada en diciembre prohibía además a los “traidores” (una etiqueta muy abierta que abarca cualquier cosa) postularse o ocupar cargos públicos.

Ya en junio de este año, Ortega comenzó a utilizar estas leyes y acusaciones relacionadas para justificar el arresto de más de una docena de figuras de la oposición, incluidos cuatro posibles candidatos para las elecciones presidenciales de este noviembre. Entre ellos destaca Cristiana Chamorro, hija de Violeta Chamorro, que está en arresto domiciliario. Entre los otros detenidos se encontraban un par de excompañeros de armas revolucionarios de Ortega, Dora María Téllez y Hugo Torres. Una encuesta de Gallup dice que el 65% de los ciudadanos habría votado por una lista que no fuera la de Ortega, de haber existido alguna real. Todas estas acciones han generado críticas internacionales generalizadas, incluida la condena de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sanciones del Gobierno de Estados Unidos.

Las elecciones han pasado, Ortega se ha impuesto a otros cinco candidatos de relleno que aparecían en las papeletas y amenaza con seguir con su dinámica de arrestos y mando único. Una ley contra el “terrorismo y desestabilización” impide hasta que haya manifestaciones en su contra, como las que se han visto en otros países del mundo, con nacionales nicaragüenses, en estos días. La CIDH sigue “preocupada” por la “concentración de poder progresiva”, las reformas usadas para “reprimir, perseguir y censurar” a los contrarios y “asegurarse privilegios”, poniendo fin a la oposición propiamente dicha y sin medios para contar lo que pasa.

El revolucionario se ha acabado olvidando de sus principios y hoy queda el autócrata.

Este artículo apareció originalmente en El HuffPost y ha sido actualizado.

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