Así es el curso de perspectiva de género que hasta ahora sólo han recibido uno de cada cuatro jueces

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell

Terremoto en el poder judicial por los ataques de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la judicatura por la cascada de rebajas de condenas a agresores sexuales tras la entrada en vigor de la denominada ley del “sólo sí es sí”.

La dirigente de Podemos ha defendido este miércoles que la norma nacida en su ministerio está “bien redactada” y lo que hay es “un problema de la aplicación y de interpretación” de la nueva ley “por la falta de la perspectiva de género” de los jueces pese a la existencia de un curso específico sobre esta materia dirigido a los magistrados.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puso en marcha en marzo de 2019 una formación obligatoria en perspectiva de género para los jueces y juezas que quisieran acceder a cualquier especialidad, ya fuera contencioso administrativo, mercantil, social o cualquier otra.

El curso fue desarrollado en cumplimiento con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobado un año antes, que en su artículo 312 especificaba: “Para acceder a las pruebas selectivas o de especialización será preciso acreditar haber participado en actividades de formación continua con perspectiva de género”.

Tres años y medio después de su implantación, sólo 1.467 magistrados de los aproximadamente 5.300 que hay en España han llevado a cabo este curso. Es decir, apenas un 27% del total. En cuanto a los cursos de violencia de género, lo han realizado 307 jueces.

Dicha formación es voluntaria en la mayoría de los casos, ya que sólo se exige en el caso de acceder a una especialidad, de ahí que los miembros de las audiencias provinciales, los tribunales superiores de Justicia, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional no están obligados a seguir una formación específica en esta materia.

50 horas lectivas y dos meses de formación

El curso tiene una carga lectiva de 50 horas, estructuradas en un módulo general de 30 horas, y cuatro módulos específicos de 20 horas cada uno. Cada participante en el curso debe realizar el módulo general y aquel módulo específico en que se incorporen los contenidos propios de la especialización a la que quiera optar. En total, el aprendizaje se lleva a cabo aproximadamente durante dos meses.

El módulo común consta de cuatro capítulos: el primero se aproxima a la legislación nacional e internacional en la materia y a conceptos básicos como el principio de igualdad o la prohibición de la discriminación. En los siguientes se ven contenidos como la discriminación indirecta y múltiple, el enjuiciamiento con perspectiva de género o la violencia machista “como expresión de la desigualdad estructural (patriarcado)”.

Después hay que elegir entre los módulos específicos de orden social, contencioso-administrativo y civil-mercantil. El primero persigue la adquisición de las herramientas de aplicación del criterio de interpretación normativa de la perspectiva de género en el amplio abanico de cuestiones que son competencia de los jueces y tribunales del orden social de la jurisdicción.

El módulo contencioso-administrativo está dirigido esencialmente a la divulgación de cómo la perspectiva de género debe tener y, de hecho, tiene, una amplia cabida en el ámbito del Derecho Público; y de cómo puede ser enfocada en los diversos sectores de la acción administrativa y en el enjuiciamiento de las decisiones adoptadas en el ejercicio de las distintas potestades en dicha actividad sectorial. 

El módulo civil-mercantil, por último, trata de dar a conocer los criterios de implementación de la perspectiva de género relacionados con las materias propias de la jurisdicción civil en su conjunto, y abarca tanto el derecho civil, en especial el derecho de familia, como el derecho mercantil

El curso de formación en perspectiva de género ha sido diseñado por expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género con el apoyo del servicio de Formación Continua del CGPJ.

La formación no sólo está dirigida a los jueces, ya que también ha sido ofrecido a los fiscales que quieran ingresar en la carrera judicial por la vía de la especialización, en virtud de un convenio de colaboración entre el CGPJ y el Centro de Estudios Jurídicos.

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