¿Cuántos favores más se le van a consentir a Juan Carlos I?

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El rey emérito, en una foto de archivo de 2016. (Photo credit should read NORBERTO DUARTE/AFP via Getty Images)
El rey emérito, en una foto de archivo de 2016. (Photo credit should read NORBERTO DUARTE/AFP via Getty Images)

La regularización fiscal como herramienta para impedir un posible delito fiscal es un acto de dudosa honorabilidad porque encubre un acto ilegal por mucho que uno quiera purgarlo de buena fe. Pero en lo que no caben posturas discordantes es en el hecho de que, para concebirse como tal, debe ser un movimiento espontáneo. Es decir, que sale de la parte implicada antes de que ésta sea pillada con el carrito del helado... Salvo si uno ha sido el jefe de Estado de España. En ese caso, se le previene de que está siendo investigado por algo que ya se conoce que no es del todo legal para que mueva ficha antes de que la basura ya huela tanto que sea imposible taparla.

Eso es lo que ha confirmado este lunes el diario 'El País' al comprobar que la Fiscalía del Tribunal Supremo avisó en 2020 al rey emérito de que estaba siendo investigado. Y no una vez. Ni dos. Sino hasta tres veces. Tras las dos primeras -parece ser que con la primera no se dio del todo por aludido- abonó 678.394 euros para zafarse de la investigación por el uso de las tarjetas opacas a nombre del coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga -quien fuera su ayudante de campo- y sufragadas con el dinero del empresario Allen Sanginés-Krause. 678.394 euros, minucias para alguien a quien se le atribuye una fortuna mil millonaria.

Con la tercera se entiende que empezó a darse cuenta de que ya no era inviolable al 100%, porque rápidamente abonó ocho veces más. Concretamente 4,4 millones de euros. Eso sí, con un comunicado dio por zanjado el asunto antes de poner rumbo a Abu Dabi. 'Ya he pagado, qué más queréis de mí', bien podría haber dicho.

Pero los textos legales son los que son. Cualquier español tiene derecho a regularizar su situación tributaria antes de haber recibido ningún tipo de requerimiento. Pero el Código Penal también dice que saldar las cuentas pendientes con Hacienda anula la vía penal siempre que se produzca antes de que el investigado tenga conocimiento de las diligencias contra él. Así que sí. Al Rey no le vale con haber hecho las regularizaciones y la Justicia no debería frenar en este caso. 

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Son varios los partidos políticos que denuncian la existencia de un evidente trato de favor hacia el emérito. “Lo hay porque Juan Carlos I es consciente de que todo lo que posee lo ha amasado de una forma que no es legal”, ha señalado varias veces ERC.

No solo por haber sido avisado. Sino porque el aviso llegó 10 meses después de que The Telegraph publicara todos los detalles de la primera cuenta bancaria ‘off shore’ a nombre del emérito. Un tiempo récord comparado con cualquier otro expediente similar que se tramita en menos de un mes.

Pero las acusaciones de trato de favor crecen aún más al hacer balance temporal de todo el proceso. Resulta que estamos enfilando el último trimestre de 2021 y ninguna de esas diligencias de investigación se han materializado en una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo -órgano ante el que está aforado Juan Carlos I desde su abdicación en 2014-. Y eso que la propia Fiscalía sostiene que el rey emérito era comisionista internacional.

Esto de dilatar, y estirar, los procesos al máximo, beneficia al monarca por dos motivos. El primero porque la avanzada edad y su deteriorada salud hacen vislumbrar que podría acabar sus días sin sentarse en un juzgado. Y por otro porque, aunque se habla de aumentar los plazos, hoy en día, un delito con Hacienda caduca a los 4 años siempre y cuando la administración no inicie ningún procedimiento de enjuiciamiento ni ninguna investigación formal.

¿Y saben sobre qué fechas trabaja en actualidad Hacienda? Según trascendió a finales de agosto, tan solo ha solicitado a la Casa del Rey información sobre todos los pagos que realizó a Juan Carlos I desde su abdicación en junio del 2014 hasta el 2018. En enero, mes para el que apenas quedan 104 días, se cumplirán cuatro años de todo lo investigado. La cifra mágica que hace desaparecer todo.

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