Cuando Felipe IV prohibió el acceso a la educación a los más pobres

Entre finales del siglo XVI y principios del XVII en España se vivió la curiosa situación de que cada vez eran más los jóvenes que decidían abandonar los trabajos agrarios y oficios artesanales (que hasta entonces habían hecho todas las generaciones de antepasados de sus familias) para migrar hacia la capital y optar a cursar estudios.

La modernización del Reino en los últimos siglos llevó a que una treintena fueran las facultades en las que se podían cursar estudios superiores y se contaran por miles (se calcula que alrededor de 4.000) las escuelas de enseñanza secundaria (la mayoría privadas o en casas particulares) en las que se impartían estudios de latinidad (lo que hoy conoceríamos como gramática).

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El acceso a estudiar a miles de jóvenes que provenían de familias humildes les abría las puertas a poder trabajar posteriormente en la Corte o para acaudalados e importantes nobles que necesitaban secretarios y escribanos.

Esto provocó que los trabajos rurales y agrícolas quedaran bajo mínimos de trabajadores, siendo esas labores desarrolladas por un gran número de moriscos (descendientes de los musulmanes conversos al cristianismo tras la Reconquista que decidieron quedarse en España).

Pero en el año 1609 el rey Felipe III decidió expulsar de España a todos los moriscos (se calcula que fueron 300.000 y  500.000 personas en un censo de 8 millones de habitantes que tenía el reino en aquel momento), motivo por el que todos aquellos trabajos realizados por éstos se quedaron sin mano de obra y a lo largo de la siguiente década cada vez era menor el número de trabajadores que se dedicaban a los oficios artesanales o agrícolas.

Recién iniciado 1623, dos años después de ser coronado como nuevo rey, Felipe IV (que por entonces contaba con 18 años de edad) decidió firmar la Real Pragmática el 10 de febrero por la cual se limitaba el acceso a los estudios de aquellos que tuvieran una renta más baja y de ese modo conseguir que aumentara el número de jóvenes que se verían obligados a realizar aquellos trabajos tan necesarios para la buena marcha del Reino y que tantas vacantes tenían.

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Para limitar el acceso a los estudios de latinidad tan solo se permitiría tener un centro de enseñanza en aquellas ciudades en las que hubiera corregidor, tenientes, gobernadores y alcaldes mayores, permitiendo un solo centro de estudios en cada localidad. También se prohibió que los particulares pudieran fundar escuelas de estudios de gramática si no contaban con una renta inferior a los trescientos ducados anuales  (motivo por el que tan solo quedaron abiertos un centenar de los cuatro mil que existían).

De este modo se aseguraban que en las villas pequeñas no hubiese posibilidad de estudiar a quienes provenían de familias agrícolas.

En los centros de acogida para niños abandonados (expósitos) se anulaban todo tipo de educación relacionada con la escritura y lectura, pasando a impartirse enseñanzas asociadas con los oficios artesanales e incluso marinos (en aquel momento la Armada estaba necesitada de cuantioso personal).

Eso sí, se promocionó el acceso a estudios superiores a aquellos que tuvieran rentas más bajas a condición de que lo hicieran en los seminarios para ser ordenados sacerdotes, asegurándose de este modo la Iglesia disponer de un buen número de religiosos.

Así fue como el mundo rural dispuso nuevamente de mano de obra y España dio un paso hacia atrás en modernización, quedando anclado durante largo tiempo en un país con una tasa de analfabetismo superior a otras naciones de su entorno que apostaron por fomentar la educación entre sus ciudadanos. Algo que se notó y mucho al llegar al siglo XVIII, conocido por ser el de la ‘Ilustración’ (o Siglo de las Luces).

Fuentes de consulta e imagen: fgbueno (pdf) / ireneu

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