La Corte Suprema de Justicia, emblema y víctima de la polarización en Estados Unidos

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© Reuters - Jim Bourg

En las últimas semanas, la Corte Suprema de Estados Unidos ha tomado algunas de sus más polémicas decisiones, derogando la protección federal del derecho al aborto, legitimando el uso de armas en el espacio público o complicando la lucha contra la crisis climática. Decisiones que no son apoyadas por la mayoría de los estadounidenses y que hacen cuestionar el papel y la legitimidad del Alto Tribunal, de mayoría conservadora.

La mayor instancia judicial de Estados Unidos siempre ha tenido un papel preponderante y central en la vida de los ciudadanos, tomando decisiones también que favorecían a un partido e incomodaban al otro. No obstante, recientemente, el Supremo estadounidense se ha convertido en el espejo de la extrema polarización vive la nación norteamericana.

El viernes, 24 de junio, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos tomó una decisión histórica que dejó al mundo entero estupefacto: por una mayoría de 6-3, derogó la histórica sentencia de Roe vs. Wade de 1973, que daba legalidad federal a la interrupción del embarazo.

Con la sentencia, se dio a los estados la responsabilidad de legislar sobre este derecho, lo que abrió la puerta a su interdicción total en parte de ellos, gobernados por el Partido Republicano. La situación, vista por los grupos defensores de los derechos de las mujeres, genera problemas de salud pública y niega a millones de estadounidenses el poder de decidir sobre sus cuerpos. Una decisión generalmente impopular, ya que alrededor del 57% de la población considera que el aborto seguro es un derecho importante para las mujeres.

El día anterior a dicha sentencia, el Alto Tribunal censuró una ley del Estado de Nueva York que restringía el porte de armas de fuego fuera del hogar, consagrando el derecho de los estadounidenses a salir armados de sus casas. Una decisión criticada en un contexto de multiplicación de tiroteos masivos en el país; una preocupante ola que ha dejado decenas de víctimas.

A finales del mismo mes, el jueves 30 de junio, la Corte Suprema dictaminó que la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) no podía dictar normas generales para regular las emisiones de las centrales de carbón, que generan casi el 20% de la electricidad estadounidense. Una decisión que limita la capacidad del Gobierno federal, comandado por el demócrata Joe Biden, para luchar contra los efectos de la emergencia climática.

A pesar de la concatenación de fallos polémicos, es probable que no sean los últimos del año: el Supremo abordará asimismo antes de que finalice 2022 dos casos sobre la llamada “acción afirmativa”, en los que se plantea si las admisiones universitarias con cuotas basadas en la etnia violan las leyes de derechos civiles.

Estudiará los mecanismos de selección vigentes en la prestigiosa Universidad de Harvard y la Universidad pública de Carolina del Norte. Fallos que podrían anular las leyes que garantizan la diversidad estudiantil y corrigen la infrarrepresentación de jóvenes negros e hispanos en estas escuelas. Al aceptar el recurso, la Corte Suprema señaló que podría posicionarse a favor de la derogación de dichas leyes.

El juez conservador Clarence Thomas también señaló, tras la anulación del fallo de Roe vs. Wade, que otras cuestiones relacionadas al derecho a la intimidad podrían pasar a ser debatidas por la Corte. Según Rafael Cox Alomar, analista político y profesor de derecho, Thomas “intimó que lo próximo podría ser la revocación de las decisiones del Tribunal en los casos de Windsor y Obergefell -donde se proveyó la protección a nivel federal al matrimonio entre personas del mismo sexo".

Otras decisiones, especialmente las que están relacionadas a la vida social e íntima, como el acceso a la contracepción o los derechos de las personas transgénero, también podrían ser replanteadas. Los fallos recientes y porvenir cuestionan profundamente las motivaciones de esta Corte.

Una Corte independiente en la teoría y partidaria en la práctica

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos es una institución extremadamente potente y prestigiosa. Tiene el papel de analizar los casos que le llegan de otros tribunales de apelación del país y tiene la última palabra en interpretar si estos casos o leyes están en concordancia con la Constitución. El Supremo puede escoger escuchar, o no, un caso, pero no tiene el poder de decidir en qué temas quiere intervenir.

Los jueces son, en el papel, personas apolíticas, nominadas por los jefes de Estado de manera vitalicia “para que no tengan influencias de grupos que traten de conseguir favores a cambio de una prolongación de sus mandatos, por ejemplo”, explica el abogado constitucionalista Rafael Peñalver.

Un juez de la Corte es reemplazado cuando fallece o dimite, lo que da la posibilidad al presidente de turno a elegir a su sucesor, que tiene que ser aprobado por el Senado. Según un estudio del 'Pew Research Center' publicado en febrero, el 84% de la población cree que los jueces no deben fallar en función de sus creencias políticas, algo que no ha sido respetado en el pasado, así como en los últimos años.

En Estados Unidos, un país bipartidista y donde el número de jueces es de nueve, la Corte ha tenido una influencia más republicana o demócrata según la época. La disposición del actual Supremo, con seis jueces de tendencia conservadora, otorga al Alto Tribunal una cómoda ventaja para los intereses de la tolda roja. En los últimos años, los republicanos han logrado manejar las reglas del juego político desde una perspectiva ventajosa para imponerse en el escenario de la mayor instancia judicial.

Durante el mandato del demócrata Barack Obama, el entonces presidente tuvo tres ocasiones de nominar jueces a la Corte Suprema. Nominó primero a dos mujeres, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, y a un año del fin de su mandato, otro juez falleció. En ese momento, la Corte estaba dividida entre cuatro jueces conservadores y cuatro progresistas. Obama eligió a Merick Garland para tomar el cargo, pero su nominación no fue aprobada por el Senado.

Los republicanos, que dominaban el Senado, sostuvieron que la sustitución del juez conservador debía esperar hasta que el próximo presidente asumiera el cargo en enero de 2017, argumentando que un presidente no tendría que elegir a un nuevo juez al final de su mandato y durante un periodo electoral.

El Senado se negó a considerar la nominación y la rechazó, ofreciendo a Donald Trump la posibilidad de elegir a un nuevo juez conservador cuando se posesionó como mandatario el 20 de enero de 2017.

El expresidente Trump tuvo la posibilidad, poco habitual, de nominar a tres jueces durante su mandato; el último, a solo tres meses del fin de su Presidencia, orientando a la Corte a un lado conservador del espectro ideológico por un largo tiempo.

Según el jurista Peñalver, los republicanos usaron una “jugada política” para llenar la Corte Suprema, destruyendo el “respeto procesal” y dañando irremediablemente a la Corte.

La fractura entre republicanos y demócratas se profundizó aún más, asimismo en las calles.

La pugna entre demócratas y republicanos se juega en el escenario de la Corte suprema

En Estados Unidos existe un clima de creciente polarización entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que divide, no solo a la esfera política, sino a la sociedad.

“Esta polarización envenena la vida de las instituciones estadounidenses y el debate político. Por ejemplo, ya no hay verdadero diálogo en el Congreso entre demócratas y republicanos” y “esta polarización ahora ha empezado a envenenar la Corte Suprema,” explica Marie Christine Bonzom, politóloga especialista en Estados Unidos y excorresponsal en Washington.

Donald Trump no solo nominó tres jueces de corte conservador, sino que también eran jueces antiabortistas, planeando, de forma previa, la revocación del caso Roe vs. Wade que protegía el derecho federal al aborto. Al elegir a personas comprometidas con la defensa de su ideología, Trump impuso las bases de una agenda política precisa en el Supremo.

“Cuando la Corte Suprema se convierte en un mecanismo político más, se pierde el respeto a la institución. Si la ley va cambiando de acuerdo con las personas que están en la Corte -si son republicanos apoyan una ley y si son demócratas, no la apoyan-, la Corte era entidad sagrada y se convirtió en una entidad política,” explica Peñalver.

Según Bonzom, este bipartidismo fue creado por los partidos republicano y demócrata para bloquear la implantación de cualquier otra colectividad en la escena política. También fue agravado por los medios de comunicación, que encierran el debate público alrededor de las dos entidades. Finalmente, la ultramonetización de las campañas electorales solo acentuó el fenómeno.

Las recientes decisiones del Alto Tribunal son el reflejo de este bipartidismo extremo y las reacciones a ellas son una muestra más de la fuerte división en el seno de la sociedad estadounidense.

Al conocer el proyecto de revocación del derecho federal al aborto, un joven estadounidense fue acusado el 8 de junio de intento de asesinato del juez conservador Brett Kavanaugh, al que quería matar antes de suicidarse. El joven abortó su proyecto y llamó a los servicios de emergencia locales para informar sus intenciones.

Al anunciar la revocación de Roe vs. Wade, grupos a favor y en contra del aborto se reunieron frente a la Corte Suprema para manifestar en un ambiente a veces agresivo. Varios grupos proaborto incluso protestaron repetidamente frente al domicilio del juez Kavanaugh.

Una democracia en peligro

La Corte Suprema no es la única institución en crisis. De hecho, los estadounidenses han perdido confianza en casi todas sus instituciones. Es un fenómeno que empezó en los años 1980 y 1990, que se agravó en los años 2000 y empeoró durante el mandato de Donald Trump, explica Marie-Christine Bonzom.

“La falta de legitimidad no es nueva. Los estadounidenses han perdido confianza en sus instituciones y en los personajes que encarnan sus instituciones, en el Congreso, en el presidente. El Poder Legislativo y Judicial sufren de la misma pérdida de confianza,” afirma la experta. Y la Presidencia de Trump solo confirmó la tendencia.

El asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 es, probablemente, el ejemplo más preocupante. El Comité de Supervisión del Congreso, que investiga los hechos, probó que el exmandatario Trump supervisó el plan con el objetivo de fomentar el movimiento de protestas para llegar hasta el recinto del Capitolio.

En ese momento, Donald Trump no aceptaba su derrota en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 e intentaba por todos los medios de anular la victoria de Joe Biden, un gran golpe al proceso democrático en el país. Según Rafael Peñalver, “lo que es la esencia de la democracia estadounidense depende de instituciones muy frágiles”.

Marie Christine Bonzom, por su parte, explica que “para defender su democracia, los estadounidenses tienen dos posibilidades: el abstencionismo o ir a votar, pero el futuro de la democracia está en sus manos”.

Y justamente estarán llamados a votar en noviembre para las elecciones de medio termino, en las cuales la totalidad de la Cámara de Representantes será reemplazada, así como un tercio del Senado. Joe Biden se encuentra actualmente en una posición política muy debilitada y podría perder la mayoría en las dos cámaras del Congreso. Según la media de los sondeos actuales, solo reúne un 37% de satisfacción, el nivel de impopularidad más alto desde 1945, como recuerda Bonzom.

El presidente Biden espera aprovechar de las recientes decisiones de la Corte para movilizar a su electorado y llamó repetidamente a los estadounidenses a ir a votar. Sin embargo, además del contexto de desconfianza creciente en las instituciones, los estadounidenses tienden a priorizar el contexto económico en su voto, dejando las cuestiones sociales en el segundo plano. Algo que se descubrirá en noviembre.

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