La Corte Suprema de EEUU debate el secretismo de Trump sobre sus finanzas

La Corte Suprema de Estados Unidos se mostró este martes dividida al evaluar su caso más político del año: la negativa del mandatario Donald Trump a entregar sus documentos financieros al Congreso y a un fiscal de Nueva York arguyendo su inmunidad presidencial.

Durante más de tres horas, los nueve magistrados del alto tribunal interrogaron a las partes para intentar encontrar el equilibrio en un asunto muy espinoso, que podría tener grandes implicaciones para la separación de los poderes en Estados Unidos.

"Vamos a tomar una decisión que tendrá valor en el futuro, que no afecta a un presidente, sino a la presidencia", dijo el magistrado Neil Gorsuch para recordar la importancia del asunto estudiado.

La decisión de la corte, prevista para fines de junio, puede ayudar a levantar el velo sobre los negocios de Trump antes de las elecciones presidenciales de noviembre. A diferencia de sus predecesores desde los años 1970, el mandatario se niega a publicar sus declaraciones de impuestos.

Trump, que busca la reelección, alardeó de su fortuna durante la campaña de 2016, pero su falta de transparencia alimenta las especulaciones sobre su riqueza, sus relaciones con las autoridades fiscales o sus posibles conflictos de intereses.

- "Terrible" para la separación de poderes -

Los abogados del presidente afirman que goza de inmunidad total durante el ejercicio de su mandato y que esto es necesario para que pueda concentrarse en su trabajo sin ser "acosado" por fiscales y congresistas.

Los letrados de Trump acudieron a los juzgados para evitar que la antigua firma de contabilidad del presidente y dos de los bancos de los que era cliente transmitieran documentos financieros de Trump de entre 2011 y 2018, exigidos por varias comisiones del Congreso y un fiscal de Manhattan.

Los tribunales rechazaron sus argumentos en primera instancia y luego en apelación. Si el máximo tribunal estadounidense, que tiene dos jueces nombrados por Trump, no hubiera aceptado el caso, el gabinete Mazars y los bancos Deutsche Bank y Capital One tendrían que haber presentado los archivos del presidente.

En la primera parte del caso, el tribunal pidió a las partes que reflexionaran sobre la naturaleza política de un litigio centrado en las órdenes judiciales emitidas por tres comités de la Cámara de Representantes, controlada por los opositores demócratas.

Si la corte concluyera que el caso es de naturaleza política y no legal, podría invalidar las decisiones que tomaron los anteriores juzgados en contra de las peticiones de la defensa de Trump, aunque tampoco sería una victoria para el presidente, ya que las tres entidades serían libres de presentar los documentos al Congreso o denegárselos.

Sería "terrible para la separación de poderes", dijo el profesor de derecho Stephen Vladeck en una tribuna. "Privaría al Congreso de un mecanismo para hacer cumplir sus mandatos" y debilitaría sus poderes de investigación, dijo.

Por el contrario para Patrick Strawbridge, abogado de Trump, si la Corte Suprema valida las peticiones del Congreso se "abrirá la puerta a todo tipo de reclamos opresivos".

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La segunda parte del caso gira en torno a una solicitud del fiscal de Manhattan al gabinete Mazars en el marco de una investigación sobre una posible violación de las leyes de financiamiento de campañas electorales de Nueva York.

El demócrata Cyrus Vance busca información sobre un pago realizado en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio sobre una supuesta aventura que mantuvo con Trump y que no está en los registros de cuentas de la campaña.

En este caso, Jay Sekulow, otro abogado del presidente, pidió a los jueces que se imaginaran qué pasaría si se interrumpiera a Trump en plena pandemia para pedirle que dedique dos horas a su defensa en una investigación.

"Un procedimiento penal contra un presidente es una violación de la Constitución", declaró Sekulow.

Los cuatro magistrados progresistas de la Corte se opusieron a esa visión. "Concretamente, nos reclama que impidamos al Congreso desempeñar su papel de supervisión en cuanto se trata del presidente", dijo la jueza Elena Kagan. "El presidente no está por encima de la ley".

"Esto plantea un enorme problema para la separación de los poderes", añadió la magistrada Sonia Sotomayor.

Sus colegas conservadores atacaron, por su parte, al abogado de la Cámara de Representantes. "¡No puede dar ningún ejemplo de requerimiento ilegítimo!", le dijo el juez Samuel Alito. "Para usted no hay ninguna protección" para impedir un acoso del presidente, le reprochó.

En el caso neoyorquino, gran parte de los debates tuvo que ver con el hecho de que la Corte Suprema obligó al presidente republicano Richard Nixon en los años 1970 a entregar cintas sobre el escándalo de espionaje del Watergate; y autorizó en 1997 un proceso civil contra el demócrata Bill Clinton por acoso sexual.

"En verdad no veo por qué" este caso debería considerarse distinto, declaró la decana de la Corte, la progresista Ruth Bader Ginsburg.