El condenado a muerte que prefiere ser fusilado y al que la Corte Suprema de EE.UU. dio la razón

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La Corte Suprema de Estados Unidos dio la razón este jueves a un preso condenado a pena de muerte que pidió ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento.

Se trata de Michael Nance, un hombre de 61 años que fue condenado a la pena capital en 2002 aunque aún no tiene fecha de ejecución.

Nance recibió su sentencia en Georgia, un estado donde solo se contempla la inyección letal para acabar con la vida de los reos.

El sentenciado argumentó que la inyección letal podría provocarle un sufrimiento excesivo porque sus venas están en mal estado y "no son aptas para un acceso intravenoso sostenido", según los informes del caso.

También alegó que, debido a que usa un medicamento para el dolor crónico de espalda, existe un mayor riesgo de que la anestesia no lo deje inconsciente en la ejecución.

Con 5 votos a favor y 4 en contra, la Corte Suprema aceptó su petición de impugnar el protocolo de Georgia en virtud de la ley federal de derechos civiles.

Corte Suprema de EE.UU.
La Corte Suprema de EE.UU.

El alto tribunal alegó que los reclusos en el corredor de la muerte tienen derecho a ser ejecutados con cualquier método que sea válido en un estado diferente al que le impuso la sentencia.

Esto allana el camino a otros condenados a muerte en todo Estados Unidos que presenten peticiones similares.

Nance fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a muerte por matar a un transeúnte en 1993 después de robar un banco.

Solo en 4 estados el pelotón de fusilamiento es un método de ejecución válido: Carolina del Sur, Mississippi, Oklahoma y Utah.

Y solo en Carolina del Sur es el método principal, mientras que los otros tres utilizan la inyección letal, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

En 2017, el reo J.W. "Boy" Ledford Jr., condenado a muerte en Georgia, pidió ser fusilado, pero su solicitud fue rechazada en los tribunales y recibió la inyección letal.

Este método es el más común en los 27 estados en los que hay pena de muerte.

De ellos 15, incluido Georgia, solo contemplan la ejecución mediante inyección letal.

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