La Corte Penal Internacional detuvo su investigación sobre la guerra de drogas en Filipinas

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La Fiscalía de la entidad suspendió las averiguaciones por un petitorio proveniente de Manila, donde indica que el país asiático está haciendo su propio procedimiento judicial. Esta medida tendrá efecto mientras la CPI “evalúa el alcance y el efecto de la solicitud de aplazamiento”, indicaron en un comunicado. El Gobierno filipino sostiene que no tienen jurisdicción en su país para investigar.

Este sábado, los magistrados de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) decidieron suspender de manera temporal la investigación correspondiente a la guerra contra las drogas que se ha llevado a cabo en Filipinas, donde acusan misiones ilegales, ejecuciones a sangre fría y civiles asesinados.

Estas denuncias involucran al presidente Rodrigo Duterte por dar su aprobación tácita en estas operaciones. Sin embargo, desde Manila enviaron un pedido de interrupción de las requisas de la CPI alegando que en territorio filipino ya se están desarrollando los procesos judiciales correspondientes.

En un comunicado publicado en su sitio web, el fiscal jefe Karim Khan afirmó que se suspendieron las actividades de investigación -habían sido aprobadas en septiembre- “mientras se evalúa el alcance y el efecto de la solicitud de aplazamiento”. Los magistrados de la CPI aseguraron que existen vínculos entre los asesinatos y una política de Estado.

Siguiendo el principio de complementariedad, la CPI no intervendrá en caso de que la Justicia local esté realizando su propia investigación de los delitos sucedidos en el combate contra el narcotráfico, algo que las autoridades filipinas confirmaron y la cual tildaron de “minuciosa”.

Por su parte, las autoridades del territorio asiático aseveraron que los asesinatos fueron en defensa propia y que la CPI no tiene jurisdicción en el país luego de que el presidente Duterte sacara a Filipinas en 2018; mientras que la Corte Internacional sostiene que puede investigar los crímenes que se cometieron previo a esa fecha y hasta 2019.

Miradas opuestas en torno al rol de la CPI y su decisión

El pedido de aplazamiento sucede después de que Duterte reiterara su oposición a cooperar con la CPI para esclarecer estos casos donde no solo hay sospechas de asesinatos a narcotraficantes sino también a civiles inocentes como un daño colateral.

Sin embargo, la última resolución de la CPI, donde congeló su proceso de averiguación por tiempo indeterminado, fue bien recibido desde el lado del Gobierno filipino.

“Agradecemos la sensatez del nuevo fiscal y confiamos que esto se resuelva a favor de la exoneración de nuestro Gobierno y el reconocimiento a nuestro sistema de justicia”, dijo el portavoz interino de Duterte, Karlo Nograles en un comunicado este sábado.

Entretanto, un colectivo de abogados filipinos que defienden a las víctimas de la guerra contra las drogas le pidió a la CPI que no se aparte de la investigación dada la desconfianza al sistema judicial local.

El Sindicato Nacional de Abogados del Pueblo, representante de algunas de estas familias, emitió un comunicado donde le solicita a la CPI que “no se deje influir por los reclamos que ahora hace la administración Duterte”. Y remató catalogando a la justicia filipina como “extremadamente lenta e inútil” para la mayoría de las víctimas pobres.

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