Un coronel mexicano ordenó asesinar a seis de los 43 normalistas de Ayotzinapa, según el Gobierno

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© AFP - Pedro Pardo

El subsecretario de Gobernación de México, Alejandro Encinas, quien encabeza la Comisión de la Verdad para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aseguró que seis de los normalistas fueron entregados al comandante del Batallón de Iguala, José Rodríguez, quien ordenó su muerte.

Es la primera vez que el Gobierno de México indica la participación activa de militares en uno de los peores escándalos de violaciones a los derechos humanos en el país.

Según las declaraciones entregadas por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, seis de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, habrían sido asesinados tras la orden del comandante del Ejército de Iguala, el coronel José Rodríguez.

“Los seis estudiantes habrían estado vivos hasta cuatro días después de los hechos y habrían sido asesinados y desaparecidos por orden del coronel, supuestamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez”, aseguró Encinas en la presentación de un informe el viernes 26 de agosto.

Se trata de quien fungía en el momento del ataque como comandante del 27 Batallón de Infantería, con sede en el estado Iguala, donde ocurrieron los hechos.

Las afirmaciones se producen una semana después de que la Comisión de la Verdad concluyera que se trató de “un crimen de Estado”, tras indicar secuestros y desapariciones que el Ejército habría observado sin intervenir.

Sin embargo, en el pasado reporte, Encinas no identificó la supuesta participación directa de Rodríguez tras la agresión, que según las autoridades ocurrió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

De acuerdo con la versión oficial, ese 26 de septiembre la policía local bajó a los estudiantes de los autobuses que habían tomado en Iguala. El motivo de la acción policial sigue sin estar claro casi nueve años después. Nunca se han encontrado sus cuerpos, aunque se han encontrado fragmentos de huesos incinerados de tres de los estudiantes.

La nueva declaración del funcionario también eleva el grado de probabilidad de que los estudiantes hubieran estado con vida varios días después del ataque.

La semana pasada, agentes federales arrestaron al ex fiscal general Jesús Murillo Karam, quien supervisó la investigación original. El miércoles 24 de agosto, un juez ordenó que fuera procesado por desaparición forzada, no denunciar tortura y mala conducta oficial.

Los fiscales alegan que Karam creó una narrativa falsa sobre lo que les sucedió a los estudiantes para una rápida resolución del caso.

Los padres aseguran que continuarán buscando a sus hijos con vida

En medio de una lluvia torrencial más tarde el viernes, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos marcharon en la Ciudad de México junto a decenas de personas, como lo han hecho el 26 de cada mes durante años.

Pese a las declaraciones de las autoridades, los padres de los normalistas desaparecidos aseguraron que seguirán buscando a sus hijos con vida.

"Seguiremos con la exigencia de presentación con vida de los 43. No podemos claudicar en la lucha hasta no tener prueba plena que indique su paradero. Sería doloroso para nuestras familias saber de su destino sobre todo si es sin vida, pero si nos dan prueba objetiva, científica e indubitables, nos iremos a casa llorando y vivir nuestro duelo", señaló un mensaje conjunto leído durante la manifestación, en la capital mexicana.

Padres de familia que portaban carteles con los rostros de sus hijos y filas de actuales alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, así como profesores, marcharon, gritaron llamados a la justicia y contaron hasta 43. Sus pancartas proclamaban que la lucha por la justicia continúa y afirmaron: “Fue el Estado”.

Clemente Rodríguez marchó por su hijo Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, un segundo estudiante identificado por un diminuto fragmento de hueso.

“Ya no es por omisión. Es que participaron (…) Fue el Estado, participaron los tres niveles de Gobierno”, aseguró el hombre sobre los militares y otras autoridades vinculadas a los hechos.

Los familiares de los estudiantes insistieron en que el informe de la Comisión de la Verdad abre rutas de investigación, de búsqueda y de ejercicio de la acción penal "que las autoridades competentes deben seguir y agotar".

Con Reuters, AP y EFE