El Constitucional frena (de momento) la demolición del macrocomplejo Isla de Valdecañas (Cáceres)

Tribunal Constitucional.
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El Tribunal Constitucional revisará la sentencia del Supremo que ordenaba la demolición total del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas (Cáceres) por haberse construido en un espacio calificado como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), si bien esta decisión no paraliza la demolición.

El tribunal de garantías ha admitido a trámite los tres recursos de amparo presentados por la Junta de Extremadura, las comunidades de propietarios del complejo y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo contra la sentencia del Supremo, pero lo ha hecho por un ajustado seis a cinco, ya que tres magistrados y dos magistradas han anunciado que formularán voto particular contra la admisión.

Se trata de los magistrados Juan Antonio Xiol , Ricardo Enríquez, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán.

Dice el Constitucional que estudiará los recursos porque “las cuestiones planteadas tienen especial trascendencia constitucional”, ya que “el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica”. El ponente será Enrique Arnaldo.

Isla de Valdecañas es un complejo turístico ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres), en una isla de 134,5 hectáreas de superficie en la presa de Valdecañas.

El Supremo dio un giro al camino legal

El Supremo acordó la demolición del hotel, las viviendas y el campo de golf de la urbanización Marina Isla de Valdecañas, construida en una zona protegida de la provincia de Cáceres.

De esta forma, revocó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en la que se que declaró la imposibilidad material de demoler los edificios ya construidos de la urbanización.

El TSJ de Extremadura había acordado la conservación del hotel, 185 viviendas, un campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento al tiempo que había señalado que el coste de demolición de todo lo edificado supondría 144,9 millones entre obras e indemnizaciones.

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