Consolidar la paz, el desafío del próximo mandatario de Colombia

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La firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC arrojó un halo de esperanza al país, gracias a seis puntos surgidos del pacto y un mecanismo de Justicia Transicional. Sin embargo, su implementación durante el Ejecutivo de Iván Duque ha estado copada de altibajos y, lejos de terminarse, el conflicto sigue vigente en gran parte del territorio. Analizamos de qué trata y cuál es el balance de este órgano judicial especial para la paz.

Un apretón de manos y las firmas del presidente colombiano Juan Manuel Santos y del líder de la mayor guerrilla activa de América Latina hasta entonces –las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC-EP)–, Rodrigo Londoño, sellaron el fin de más de medio siglo de conflicto armado interno en Colombia.

El camino para llegar al Acuerdo de Paz fue tan hostil –con la pérdida del plebiscito– y volátil, como lo ha sido la implementación de lo pactado en 2016 en La Habana (Cuba). ¿Está avanzando la paz en Colombia y cuál es la deriva de cara al próximo mandatario?

Para materializar esa paz, desarrollada en seis puntos que conforman el Acuerdo (1. Reforma Rural Integral; 2. Participación Política; 3. Fin del Conflicto; 4. Solución al Problema de las Drogas; 5. Víctimas; 6. Implementación, Verificación y Refrendación), se creó también el Mecanismo de Justicia Transicional, con el propósito de "sentar las bases de una paz estable y duradera".

"Su implementación ha sido compleja, pese a que ha tenido éxitos significativos como, por ejemplo, la desmovilización misma de las FARC-EP", explica a France 24 Diana E. Guzmán, investigadora del centro de pensamiento DeJusticia, quien relaciona algunas de las limitaciones en la implementación a los problemas presupuestales y la falta de voluntad política.

Según el barómetro del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, hasta la fecha solo el 30% de las disposiciones planteadas en el pacto se han implementado. "Registramos 37% de las disposiciones en un estado 'mínimo' de implementación, es decir, han iniciado pero apenas, y el reto es garantizar que, por empezar, pasen al estado 'intermedio'", dice a France 24 Gerard Martin, analista miembro de la institución.

Para Martin, el balance de la implementación varía según el ángulo de comparación: "por ejemplo, cuando comparamos con los procesos de implementación de los otros 34 Acuerdos Comprensivos de Paz de los cuales tenemos el monitoreo de sus primeros diez años de implementación, los niveles de implementación del Acuerdo son adecuados".

De cara a la nueva presidencia, se tiene una "responsabilidad enorme al respecto ya que como se encuentra acordado, la implementación corresponde a cuatro gobiernos, y este será el tercero. Ya vimos que el Estado se ha comprometido con el Acuerdo, con numerosos compromisos para garantizar la paz, como también lo ordena la Constitución, pero hay numerosas regiones que siguen viviendo o han regresado a vivir al ritmo de una variedad de conflictos relacionados con temas que el Acuerdo promete ayudar a superar".

'Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición'

El quinto punto del Acuerdo regula un complejo 'Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición', que se empapó de los modelos aplicados en otros países con larga tradición en dictaduras o guerras civiles como Sudáfrica, Ruanda, Chile o Argentina.

"Su importancia es enorme porque, además de ser un primer paso en ese proceso de desmovilización, trajo consigo una noción transformadora que le apuesta, no solo al cese de las hostilidades, sino también a un conjunto amplio de medidas de justicia redistributiva, restaurativa y retributiva con el fin de avanzar hacia la consolidación efectiva de la paz", señala Guzmán.

De este mecanismo surge la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tiene por objetivo reparar a las víctimas, obtener la verdad de más de cincuenta años de crímenes y violaciones de derechos humanos, juzgar e imponer sanciones a los responsables, además de intentar marcar la senda para la no repetición.

Junto a la JEP se conformaron la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que el próximo 28 de junio entregará su informe final, siendo este un relato de la memoria de la guerra que asoló Colombia, y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), con el fin de rastrear a las personas víctimas de desaparición forzada. Se estima que casi 100.000 personas están desaparecidas en Colombia desde el inicio del conflicto armado.

Sumado a esto, dentro de la JEP, que "tiene la función de administrar y conocer los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016", hay una serie de comisiones y comités: la Comisión Territorial y Ambiental; la Comisión Étnica y la Comisión de Género, entre otros.

Dilemas y tensiones de la Jurisdicción Especial para la Paz

La compleja JEP posiblemente ha sido el mecanismo jurídico que más críticas y desafíos ha enfrentado en estos últimos cinco años y cuya vigencia se proyecta hasta un máximo de 20. Esto debido, en parte, a la falta de voluntad política del Gobierno saliente, liderado por el presidente Iván Duque, quién desde el inicio de su gobernanza se mostró contrario a la implementación de lo pactado por su predecesor Santos.

En cuanto a la Justicia Transicional, el mandatario derechista intentó bloquear el desarrollo de la JEP, "pero ya contaba con un marco jurídico robusto y estaba implementándose, con la Comunidad Internacional poniendo intención en protegerla", señala a esta cadena Rodrigo Uprimny, investigador de DeJusticia.

Iván Duque intentó varias maniobras, especialmente al inicio de su Ejecutivo, con proyectos legislativos impulsados desde su partido el Centro Democrático. "Intentó crear una sala especial para los militares fuera de la JEP", y otra serie de estrategias para minimizar el alcance de este organismo de justicia surgido de la paz, "sin lograr desarticularlo", como reitera Uprimny.

Pese a esto, según la rendición de cuentas entregada por la JEP en diciembre de 2021, la evaluación es la siguiente: más de 300.000 víctimas del conflicto se han acreditado ante el organismo y unas 4.700 han sido representadas en procesos judiciales en esta justicia especial. El informe apunta a que más de 13.300 personas compadecieron para aportar a la verdad, divididos en casi 10.000 desmovilizados de las FARC, 3.329 pertenecientes a la fuerza púbica y 151 civiles.

El balance sobre la JEP "es mixto"

"El balance es mixto", resume el investigador sobre los últimos años de trabajo del órgano judicial especial.

"El gran problema es que no se ha llegado a condenas y esa es la crítica y tiene algo de válido porque ahí no se ha avanzado lo suficientemente rápido. Puede haber razones en la lentitud inicial de la JEP por los bloqueos del Gobierno. Durante varios meses la JEP quedó sin un marco normativo para su accionar", prosigue Uprimny, añadiendo que eso limitó mucho las posibilidades de actuación del organismo.

Pese a todo, cree que existe una "paz con justicia": "El hecho de que no haya aún condenas es una crítica válida, porque ya van al menos cuatro años de funcionamiento y uno esperaría que hubiese ya condenas".

Al filo de los comicios presidenciales y sin que el Acuerdo de Paz haya centrado el tema de campaña de ningún candidato, Juan Carlos Henao, magistrado y expresidente de la Corte Constitucional señala que "el reto de la justicia transicional es consolidarse, ya ni siquiera es un tema de campaña política que está viviendo Colombia, el tema de acabar o no con la JEP. Todo el país está de acuerdo con ello, lo que se busca ahora es perfeccionarla y que empiecen a venir las acciones y las condenas correspondientes".

Siete macro casos en estudio y el reconocimiento público

En casi cinco años de funcionamiento, la JEP logró abrir siete macrocasos, que van desde los secuestros cometidos por la extinta guerrilla hasta los asesinatos y desapariciones forzosas, la victimización de los miembros del partido político izquierdista Unión Patriótica o el reclutamiento de menores.

"Se han hecho avances significativos en el esclarecimiento de crímenes atroces y en el reconocimiento de responsabilidades por victimarios, en especial en los casos llevados por la Sala de Reconocimiento, el caso de secuestro", apunta Uprinmy, en referencia al 'Caso 01', los secuestros y toma de rehenes cometidos por las FARC-EP.

Según el investigador colombiano ha habido un auto de esclarecimiento judicial "inédito" sobre esta práctica llevada a cabo por la exguerrilla y se han imputado responsabilidades a miembros del secretariado de la organización, atribuibles también a los firmantes del Acuerdo de Paz. La primera semana de junio se realizarán los reconocimientos públicos por parte de los victimarios de las FARC ante sus víctimas.

"El segundo gran desafío será la implementación de las denominadas sanciones propias", explica sobre este tipo de sanciones que no llevan a penas de cárcel, sino de restricción de la libertad con cumplimiento de labores restauradoras a favor de la paz y las víctimas, pero que todavía no se han llegado a implementar "ni en Colombia ni en el mundo".

Por lo que, como avanza Uprinmy, "hay un debate para ver cómo hacer para que se hagan con seriedad y no sean una caricatura", garantizando, en el caso de los desmovilizados de las FARC, su seguridad en los territorios donde se pongan en práctica estas sanciones y la articulación con la participación en política (otro de los puntos del Acuerdo). "Todavía no se sabe cómo se va a hacer", sentencia.

Los 'falsos positivos', más de 6.400 víctimas

El 'Caso 03' de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas de combate por agentes del Estado. En febrero de 2021, la JEP reconoció en un informe la cifra de 6.402 víctimas de 'falsos positivos', como se conocen popularmente a los asesinatos de civiles –en su mayoría hombres jóvenes empobrecidos, campesinos e incluso habitantes de calle– a manos de la fuerza pública para hacerlos pasar por guerrilleros.

Estos hechos analizados ocurrieron entre los años 2002 y 2008 bajo el Gobierno del expresidente ultraconservador Álvaro Uribe Vélez, quien ha puesto en duda la veracidad de esas cifras.

El anuncio de esta cifra, pese a que las organizaciones sociales y de derechos humanos, así como los familiares de las víctimas, apuntan a que sería mucho mayor, es una estimación superior a lo que se venía reconociendo hasta el momento. "Yo entiendo el desencanto con la JEP, pero, así como sigue habiendo masacres, la JEP ha logrado poner frente a frente a la sociedad. Ya no va a poder decir: 'no eso no ocurrió, los 6.402 falsos positivos'", reconoce a France 24 la analista política María Emma Will.

Hace un mes, en una audiencia histórica, por primera vez se celebraron audiencias públicas en relación a los casos de 'falsos positivos' ocurridos en la conflictiva región del Norte de Santander. Durante el 26 y 27 de abril, once militares del Ejército colombiano reconocieron ante las familias de las víctimas y la nación entera su responsabilidad en dichas acusaciones.

Rodeados por los magistrados y familiares de las víctimas, entre ellas las denominadas 'Madres de Soacha', madres de estos jóvenes asesinados que llevan años luchando por el reconocimiento y la justicia, los exmilitares declararon y admitieron su responsabilidad en los hechos. "Quiero que sepan que sus familiares eran campesinos y como miembro de la Fuerza Pública los asesiné cobardemente. Les arrebaté la ilusión a sus hijos. Les desgarré el corazón a las madres por una presión, por unos resultados para tener contento a un gobierno", reveló el cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar.

Sin embargo, para algunos se trató más de un acto simbólico que de un verdadero proceso para lograr la verdad y la justicia, puesto que no apunta a altos cargos del Ejército ni del Gobierno de entonces, que presentó estos hechos como "unos cuantos casos de manzanas podridas" y no cómo una doctrina coordinada y sistemática liderada por el Estado colombiano, como denuncian las víctimas.

"Se ha logrado esclarecer el modus operandi fundamental de estos 'falsos positivos' y la imputación de altos militares que, si bien no llega al máximo nivel nacional, pero sí a altos mandos regionales, incluyendo a un general de la Segunda División", concreta el investigador de DeJusticia.

Un descontento de las familias de las víctimas, sin embargo, está patrocinado por décadas de impunidad en los crímenes de Estado y masacres cometidas por la fuerza pública. Ese mismo día de las audiencias, en el Congreso se llevaba a cabo una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, por el operativo militar realizado a finales de marzo en el Putumayo en el que murieron, supuestamente, al menos cuatro civiles, que posteriormente habrían tratado de pasar como guerrilleros. Por tercera vez en su trayectoria como ministro, Molano salvó su puesto y la Cámara de Representantes votó a su favor.

Desafíos para el próximo mandatario colombiano

Los desafíos están centrados principalmente en las futuras y esperadas condenas –tanto a militares como a miembros de las FARC– que saldrán durante los primeros meses o primer año del nuevo Gobierno, así como las controversias que pueden derivar de ello.

"Ver qué reacción tiene el Gobierno dependerá de quién quede en la presidencia". Para Uprimny el reto del nuevo presidente será seguir apoyando este 'Sistema Integral', "incluyendo las recomendaciones que salgan de la Comisión de la Verdad", en un contexto en el que no haya tanta polarización, como ya señaló el magistrado Henao en torno al Acuerdo de Paz: "parece que hay un consenso político en su implementación".

Su compañera en DeJusticia, Guzmán, agrega que "la esperanza que existe es que, en todo caso, el nuevo presidente pueda apostarle a potenciar o fortalecer esos aspectos que han quedado un poco reducidos durante el actual mandato" y no centrar el debate en el divisivo tema de la impunidad y la participación política del partido surgido de la desmovilización de las FARC, Comunes.

En relación al tema presupuestal, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Luz Marina Monzón, apuntó también a una leve falta de presupuesto, pero enfatizó que la mayor crítica al Gobierno de Duque es la falta de apoyo en el "relacionamiento de alto nivel con fuentes de información claves", como los ministerios de Defensa, Justicia y del Interior. "No ha habido un apoyo ni respaldo a esta labor, pero sí unos obstáculos gigantes en el acceso a la información", criticó Monzón.

Comisión de la Verdad: un extenso informe final para la memoria

Hasta los rincones más remotos de Colombia lograron llegar los comisionados, presididos por el popular sacerdote Francisco de Roux, en búsqueda de los testimonios de las víctimas que conformen la memoria del conflicto colombiano y ayuden a arrojar un halo de luz que sirva de faro para la reconciliación de un país extremadamente polarizado y enfrentado desde hace décadas.

Un camino "hacia una paz grande y verdadera" como legado.

Para la analista Wills, "el informe no tiene como misión consensuar la verdad·. Según ella, Colombia debe enfrentar "verdades dolorosas" encaminadas a la no repetición de los atroces hechos. "Una comisión de la verdad tiene como brújula un norte moral y eso es lo que viene a decir aquí: 'esta guerra ha sido atroz y feroz dejemos de hacer lo que hemos venido haciendo y cómo hemos resuelto nuestros problemas porque por ahí no es la vía'", concluye.

De acuerdo con el comisionado Saúl Franco, el gran reto de la Comisión fue buscar las voces y testimonios en un corto periodo de tiempo, con las limitaciones derivadas de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19. Esto sumado a que el conflicto permanece o ha resurgido en gran parte del país, con nuevos grupos conformados tras el Acuerdo, además de la falta de un pacto con otra de las guerrillas más longevas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). "Aquí no solamente estamos a años de haber terminado, sino que el conflicto no ha terminado y eso te quita una posibilidad de visión de un ángulo", lamenta Franco.

Hace menos de un mes, uno de los once comisionados y el único perteneciente a las Fuerzas Armadas, el comisionado Carlos Guillermo Ospina, emitió su renuncia a pocas semanas de presentar el informe, lo que de alguna forma afectó a la imagen de la Comisión.

"Lamentamos que el comisionado Ospina se haya retirado en el momento en que estaban dadas las condiciones para que los aspectos de diferencia se dejaran en constancia y que se hagan vivos en el informe final y en lo demás que se estaba de acuerdo que eran muchas cosas", apunta Franco, reconociendo que ha sido un golpe "fuerte", pero "al mismo tiempo eso nos ha llamado a tener mucho más clara nuestra responsabilidad de multiplicar nuestra exigencia de la máxima imparcialidad posible".

A final de junio, con el informe definitivo, saldrán duros testimonios de víctimas de abusos sexuales, violaciones, secuestros, desapariciones y otros crímenes cometidos en las regiones más remotas del país.

"El informe tiene ese valor cotidiano expresado en estas formas de organización de solidaridad, de ser capaz de seguir adelante, de volver a levantarse, de volver a amar, y eso es un legado enorme", dice Franco, añadiendo que "la guerra no es el camino en Colombia, tenemos que emprender otro camino".

"Ojalá el informe contribuya a la conciencia de que estos sesenta años de guerra no son el camino, sino que hay otros, pero que requieren cambios importantes", sentencia.

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