La Consellera de Cultura declina declarar a la juez por el 1-O por ser aforada

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Barcelona, 8 jun (EFE).- La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha declinado declarar de nuevo como investigada ante la juez que indaga los preparativos por el 1-O, dada su condición de aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desde que el pasado 26 de mayo tomó posesión de su cargo.

Garriga figura entre la treintena de cargos del Govern y empresarios procesados por participar en la logística del referéndum del 1-O a quienes la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha vuelto a citar a declarar como investigados, por orden de la Audiencia de Barcelona.

Una delegación de ERC -con su portavoz, Laura Vilalta, y los consellers de Presidencia, Laura Vilagrà, Enseñanza, Josep González-Cambray, y Feminismos, Tània Verge, al frente- ha arropado a Garriga a las puertas del juzgado, donde han aprovechado para reclamar la amnistía como única solución para todas las causas abiertas al independentismo.

También ha acudido a las puertas de la Ciudad de la Justicia la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de JxCat, quien ha advertido de que mientras "hay quienes hablan de reencuentro y concordia", en los tribunales de justicia persiste la "represión" contra personas que no han cometido delito alguno en "una causa general contra el independentismo".

Además de la consellera, han comparecido esta tarde ante la juez instructora otros nueve procesados por los preparativos del 1-O, entre ellos el ex secretario general del Diplocat Albert Royo, el ex secretario de Comunicación del Govern Antoni Molons y la ex directora de servicios de Departamento de Presidencia Teresa Prohias.

La juez ha ofrecido a la consellera la posibilidad de prestar declaración, pero le ha recordado que estaba dispensada de hacerlo por estar aforada, ante lo que Garriga ha optado por guardar silencio, según han explicado fuentes jurídicas.

El resto de los procesados se han acogido también a su derecho a no declarar, con la excepción de Albert Royo, quien solo ha contestado a las preguntas de su abogada para pedir que se unifiquen las dos causas que tiene abiertas: la del referéndum y otra en que se le investiga por desviar fondos públicos a la promoción exterior del procés.

De hecho, la defensa de Royo ya ha presentado un recurso ante la Audiencia de Barcelona en el que solicita aunar ambas investigaciones, aduciendo que las dos causas se centran en gastos del Diplocat supuestamente vinculados al proceso independentista.

La nueva ronda de declaraciones indagatorias a los imputados por el 1-O fue ordenada por la Audiencia de Barcelona, que estimó así un recurso de la Abogacía del Estado en el que pedía que se les volviera a preguntar por unas resoluciones del Tribunal Constitucional que no estaban incluidas en la causa cuando se les comunicó su procesamiento.

Se trata de tres resoluciones en las que el TC suspendía acuerdos destinados a llevar a cabo el referéndum -como la declaración de ruptura del 9 de noviembre de 2015 o la dotación presupuestaria de la votación- y que, según creen las acusaciones, los cargos investigados debieron acatar pese a que no se les hubieran notificado personalmente.

La Audiencia ha conformado el procesamiento de la treintena de cargos del Govern y empresarios, por los delitos de malversación, desobediencia, falsedad documental y prevaricación, por su papel en la organización y la logística del 1-O, desde la propaganda del referéndum al reclutamiento de los voluntarios y observadores internacionales o la impresión y reparto del material electoral.

Entre los procesados que declararán a lo largo de este mes figuran además la presidenta de la CCMA, Núria Llorach, los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicenç Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente, el que fuera director de la delegación del Govern ante la UE Amadeu Altafaj y la exinterventora de la Generalitat Rosa Vidal.

(c) Agencia EFE

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