Consejero de la líder derrocada Aung San Suu Kyi es sentenciado a 20 años de cárcel

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Un tribunal de Myanmar condenó a 20 años de cárcel a Win Htein, un asesor senior de la líder Aung San Suu Kyi, derrocada y arrestada tras el golpe de Estado de 2020. A Htein le fueron imputados cargos de “traición”. Las detenciones de los funcionarios de la pasada Administración y la represión hacia quienes se manifiestan contra la junta militar son ampliamente rechazadas dentro y fuera del país.

Es la mayor condena que se conoce en Myanmar tras el golpe de Estado de 2020. Win Htein, de 79 años de edad, fue condenado este 29 de octubre a 20 años de prisión.

Htein fue arrestado tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2020, que sumió al país en un caos y terminó con la década que más se acercó al establecimiento de una democracia.

Htein se desempeñó como uno de los principales asesores de la también arrestada líder birmana Aung San Suu Kyi. Es miembro de alto rango del partido Liga Nacional por la Democracia (NLD), de la depuesta dirigente.

El veterano político ya había pasado más de 20 años entre las rejas debido a su activismo para pedir un gobierno civil, por lo que se pronunció en contra del régimen militar anterior que gobernó su país, desde 1962 hasta 2011.

“No es una sorpresa, pero es algo triste e indignante escuchar la ridícula. Los perpetradores de esta injusticia son responsables de esto (…) ¡Por favor, esperen! ¡Ganaremos!", aseguró Chit Suu Win Htein, hija del hombre considerado como la mano derecha de Suu Kyi.

El político necesita oxígeno para respirar y sufre de hipertensión, diabetes, tiroides y enfermedades cardíacas, según han reportado los medios locales. Su abogado sostuvo que apelará el veredicto.

Aún es incierta la posible condena para la líder derrocada

Tras la abultada sentencia contra su asesor, aumentan las preocupaciones sobre la posible condena que le espera a Suu Kyi. La líder enfrenta una serie de cargos que podrían prolongar su actual tiempo en prisión, sumado a las décadas anteriores que estuvo en arresto bajo el mando militar.

La dirigente política fue imputada de cargos relacionados con la supuesta importación ilegal de equipos de comunicaciones y el incumplimiento de restricciones para controlar la pandemia del Covid-19. Detenida en febrero de 2020, Suu Kyi testificó por primera vez ante un tribunal de la junta militar el pasado martes 26 de octubre.

Por su parte, el presidente destituido Win Myint sigue detenido y acusado de supuestamente violar la ley de gestión de desastres naturales.

Paradójicamente, ninguno de los dos ha sido imputado por el supuesto fraude electoral con el que la junta militar justificó el golpe de Estado. En los comicios del 8 de noviembre de 2020, el partido político de Suu Kyi logró una contundente victoria sobre los candidatos de la institución castrense al obtener el 83 % de los 476 escaños del Legislativo.

EE. UU. exige investigación por presuntas torturas del Ejército birmano

El Ejército de Myanmar no solo impondría su mano dura contra los líderes políticos del país, sino que estaría cometiendo violaciones de derechos humanos contra los manifestantes arrestados por protestar en su contra.

El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su enérgico rechazo y exigió una investigación después de que la agencia estadounidense AP publicara un reporte en el que asegura que el Ejército birmano ha estado torturando a los detenidos de manera sistemática en todo el país.

"Estamos indignados y perturbados por los informes en curso sobre el uso de 'tortura sistemática' por parte del régimen militar birmano (…) Los informes de tortura en Myanmar deben investigarse de manera creíble y los responsables de tales abusos deben rendir cuentas", sostuvo el departamento responsable de la política exterior de EE. UU.

Un comandante de alto rango aseguró que vio a miembros de las fuerzas de seguridad torturar a dos prisioneros hasta la muerte. Luego, los militares involucrados obligaron a un médico a falsificar en la autopsia las causas de fallecimiento, según declaró la misma fuente.

La investigación periodística, que incluyó pruebas fotográficas, bocetos, cartas de prisioneros e imágenes satelitales, además del testimonio de tres oficiales militares que recientemente desertaron, ofrece una mirada más amplia de un sistema de detención “altamente secreto” que ha retenido a más de 9.000 personas. AP identificó una docena de centros de interrogatorios en todo Myanmar.

"La confesión del personal militar que fue testigo directo de la tortura hasta la muerte de detenidos será importante para los esfuerzos de rendición de cuentas”, sostuvo en un comunicado, el relator especial de la ONU sobre Myanmar, Tom Andrews.

Si bien Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea ya han impuesto sanciones a los miembros militares de alto rango de Myanmar y a las empresas estatales, aún no han impuesto medidas a las compañías de petróleo y gas estadounidenses y francesas que trabajan en suelo birmano. Una situación que ha permitido a los militares mantener su principal fuente de ingresos en moneda extranjera y que a su vez utiliza para comprar armas.

Con Reuters y AP

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