Condenada una abogada por estafar a sus defendidos minusválidos

Se supone que la función principal de un abogado es defender a su cliente para que este se lleve la mejor parte, pero en este caso las tornas cambiaron ligeramente en pro del beneficio del jurista. La abogada sevillana R.M.P.S ha sido condenada a seis años de prisión por apropiarse de la casa de un matrimonio, ambos con minusvalía psíquica, al que convencieron de que debían vender su piso y alquilar otro "más higiénico" para pagar sus servicios profesionales y recuperar a sus hijos, que se encontraban tutelados por la Junta.

El matrimonio formado por J.M.P y C.J.P. se puso en contacto en octubre de 2005 con el bufete de abogados que la condenada había abierto como franquicia del bufete barcelonés de la empresaria A.M.P.F., también condenada. El marido, con un retraso mental leve, y su mujer, con una minusvalía del 67 por ciento, tenían dos hijos declarados en desamparo y tutelados por la Junta de Andalucía.

Aprovechando su situación, y con el pretexto de que "necesitaban una vivienda en mejores condiciones", la abogada persuadió a sus clientes para que vendieran la casa en que vivían a la empresa catalana a la que representaba y se fueran a otra "más higiénica", a sabiendas de que de ese modo no conseguirían recuperar la tutela de sus hijos porque "el motivo de la declaración de desamparo había sido otro", indica la sentencia.

De este modo, y debido a la limitación psíquica del matrimonio, lo que le provocaba "dificultades de comprensión si se les plantean cuestiones complicadas en el lenguaje que les sea inasequible", según la Fiscalía, firmaron la venta de su piso ante notario por valor de 65.000 euros, vivienda que las acusadas venderían ocho meses después por 115.000 euros.

La pareja no percibió ninguna retribución de esa venta y, aunque en un principio las condenadas les ofrecieron pagarles un piso de alquiler mientras encontraban otro, solo lo hicieron hasta que la vivienda estuvo en su poder, según indica la sentencia. Además, en el momento de ir al notario, la acusada R.M.P.S. no recogió a la hermana de una de las víctimas que había pedido estar presente. La letrada, por supuesto, no hizo ninguna gestión relativa a la custodia de sus hijos, motivo por el que fueron contratados sus servicios.