Cómo funciona la prisión permanente revisable en España

La prisión permanente revisable entró en vigor en 2015 con el único apoyo del Partido Popular, es lo más similar a la cadena perpetua que existe en el Código Penal español y solo puede considerarse en una serie de supuestos establecidos por la ley. Desde su aprobación solo se ha aplicado una vez en España. Fue en 2017 en el caso del parricida de Pontevedra, David Oubel, que mató a sus hijas con una motosierra.

La prisión permanente revisable entró en vigor en marzo de 2015 tras su votación y aprobación con el único apoyo del Partido Popular. (Foto; Coonic)

Hasta que el 16 de marzo de 2015 y enmarcada dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana salió adelante la prisión permanente revisadle, la pena máxima de cárcel que se contemplaba en el Código Penal era la de 25, 35 y 40 años según la gravedad de los delitos. Si bien hay que aclarar que existía la posibilidad de acumulación de condenas.

Lo que cambió la prisión permanente revisable es la opción de una condena sin fecha de fin que se revisa entre los 25 y los 35 años de cumplimiento. La revisión corre a cargo del Tribunal, que actuará de oficio, y se realizará cada dos años una vez superado el periodo cumplido establecido. El preso también puede pedir la revisión. En el caso de que se desestime, no se podrá volver a solicitar una nueva hasta pasado un año.

España no es el único país europeo que contempla este tipo de condena, pero sí donde su aplicación es más dura. En Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Austria y Suiza, donde su Código Penal también la recoge, las revisiones son a los 15 años en su mayoría. El único país donde su aplicación es más dura es en Reino Unido, donde no existe revisión.

Para aplicar la prisión permanente revisable, que está pensada para casos muy concretos de especial gravedad y en los que el condenado no tiene posibilidad de reinserción, han de darse una serie de supuestos especificados claramente en la ley.

Estos serían: víctimas menores de 16 años o especialmente vulnerables; delitos contra la libertad sexual; asesinos múltiples; organización criminal; delitos contra la Corona y contra el derecho de gentes (jefes de estado o personalidades sujetas a la protección de un tratado); genocidio y delitos de lesa humanidad; obstrucción a la recuperación de un cuerpo; secuestro y asesinato; violaciones en serie; violaciones a menores tras secuestro y/o tortura; casos de muerte a causa de incendios, liberación de energía nuclear o elementos radiactivos.

En España, desde que entró en vigor en 2015, solo ha sido aplicada en una ocasión. Fue en el caso del conocido como parricida de Pontevedra, David Oubel, acusado de matar con una sierra eléctrica a sus dos hijas, de 9 y 4 años. En julio de 2015, solo unos meses después de la aprobación de la prisión permanente revisable, este agente inmobiliario gallego, que entonces contaba con 40 años, llamó a la Guardia Civil para avisar de que mataría a sus hijas y luego se suicidaría. Cuando los agentes llegaron al lugar se encontraron con las niñas degolladas y el padre, en la bañera, con cortes en las muñecas. Dos años después era condenado.

En mayo de 2017 y con carácter retroactivo, José Emilio Suárez Trashorras, condenado a 34.715 años de prisión como cooperador necesario de los atentados del 11M, solicitó que se le aplicase la prisión permanente revisable. Consideraba que le beneficiaba más que cumplir los 40 años máximos contemplados en el Código Penal cuando fue condenado ya que podría disfrutar de beneficios penitenciaros antes. El Tribunal Supremo se lo negó. Trashorras, minero, fue quien facilitó los explosivos con los que se cometieron los atentados del 11M en el que murieron 192 personas.

El texto completo de la Ley Orgánica 1/2015 que recoge la prisión permanente revisable puede consultarse en el Boletín Oficial del Estado, en este enlace.