El comité coruñés urge intervenir ante la “trama criminal” de Alu Ibérica

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A Coruña, 25 nov (EFE).- El presidente del comité de empresa de Alu Ibérica en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha urgido una intervención pública por parte del Gobierno y de la Xunta de manera “inmediata” ante la “trama criminal” que, a su juicio, está destapando el proceso judicial sobre esta empresa.

Después de que la Audiencia Nacional haya autorizado al administrador judicial de Alu Ibérica a solicitar el concurso voluntario de acreedores por encontrarse en situación de insolvencia y carecer de la capacidad de atender a las obligaciones adquiridas con terceros, el comité de empresa coruñés se ha reunido para abordar la situación "preocupante" de la planta.

“Si algún sector tiene que estar intervenido por la SEPI u otro organismo público tiene que ser la planta de Alu Ibérica A Coruña”, ha reivindicado López Corbacho, que ha criticado que “las administraciones estén “de espaldas” al sufrimiento de los trabajadores, que no cobran “desde hace tres meses”.

Así, ha remarcado que la situación de la fábrica en la solvencia financiera “es crítica” y ha asegurado que “no hay actividad ninguna” en la planta.

“Estamos en un proceso judicial en el que se está demostrando una trama criminal para deshacerse de esta planta y del sector productivo”, ha reprochado el representante de la plantilla.

Además, López Corbacho ha resaltado que si la situación continúa así pedirán públicamente la dimisión de la ministra de Industria, Reyes Maroto, y de la responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por sus "promesas incumplidas".

La primera, ha subrayado, los llevó hasta “este fiasco” desde que avaló la venta de Alcoa a Parter en 2019, mientras que la segunda “prometió un estatuto de las electrointensivas” pero el texto no resolvió su situación, ha dicho. A este respecto, ha instado a Maroto a convocar la mesa industrial.

Con todo, López Corbacho espera que la situación de concurso de acreedores “sea la solución”.

No obstante, ha considerado que “lo idóneo sería la protección de un organismo público como es la SEPI, con la participación de la Xunta”, ha propuesto el sindicalista, que ha avanzado que intensificarán sus protestas.

Ante esta situación, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha pedido este jueves no repartir “culpas” y “asumir esas responsabilidades” para buscar soluciones, tras reivindicar el “compromiso” del Gobierno con los trabajadores para "buscar una solución".

“En una situación límite, como un proceso concursal, esperamos que haya realmente una respuesta por parte del Gobierno”, ha dicho por su parte el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, que ha considerado que “el precio eléctrico es una solución sine qua non para poder trabajar” con el fin de identificar un proyecto industrial mientras la empresa se encuentre en concurso.

Desde Asturias, el consejero de Industria, Enrique Fernández, ha afirmado esta mañana que es el "momento de atender el interés de inversores que estén dispuestos a mantener las capacidades industriales y el empleo" en la factoría de Avilés.

(c) Agencia EFE

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