“No se cometió ningún delito”, dice médica detenida por realizar un aborto legal en Argentina

·7 min de lectura

El viernes pasado, en la localidad de Tartagal, en la provincia de Salta, en el noroeste de Argentina, la médica Miranda Ruiz, de 33 años, fue detenida tras realizar un aborto. En entrevista con France 24, la médica defendió su proceder en un país donde la práctica de interrupción voluntaria del embarazo es legal desde que el Congreso aprobó una ley específica a fines de 2020, aunque todavía existen barreras de implementación.

Ruiz fue imputada tras haber practicado una interrupción legal de embarazo (ILE) en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, localidad situada al noreste de la provincia de Salta, con una población estimada en más de 75.000 habitantes. Ruiz es la única profesional en la zona que no es objetora de conciencia (una figura contemplada en la ley de 2020) y que garantiza el derecho al aborto.

La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, una organización de trabajadoras sanitarias dedicada a garantizar el acceso al aborto legal, señaló este hecho como un intento de amedrentamiento y pidió acompañamiento institucional al Ministerio de Salud Pública de Salta para cumplir con sus funciones “sin miedo”. De hecho, el viernes Ruiz fue liberada luego de cuatro horas de estar detenida y tras las movilizaciones de las organizaciones activistas por los derechos de las mujeres que se manifestaron en Tartagal, en la capital salteña y en la ciudad de Buenos Aires.

El caso tiene algunos elementos peculiares. Uno central es que se inició con la denuncia de la tía y no de la propia paciente. Esta mujer manifestó que la médica le realizó el aborto a su sobrina de 21 años, quien cursaba un embarazo de 22 semanas y alegó que la joven se había “arrepentido” durante el procedimiento. La paciente había sido citada a declarar el viernes, pero no se presentó. El abogado Andrés Rambert Ríos que representa a la familia había solicitado que pudiera hacerlo otro día.

Sin embargo, este domingo ingresó una denuncia vía web al Ministerio Público Fiscal -órgano del que dependen los fiscales-. La queja habría sido radicada por la paciente en contra de la médica y en ella expresaría que luego de hablar con su tía y tío desistió del aborto aquel 24 de agosto, pero que la profesional continuó con el procedimiento. De la denuncia de la tía, se infiere que ese arrepentimiento se habría dado cuando ya había comenzado el tratamiento médico.

"La causa sigue abierta aunque me hayan liberado"

La ley aprobada en 2020 permite el aborto hasta las 14 semanas de gestación; y después de ese tiempo avala la interrupción legal para las víctimas de violación y cuando está en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante. Sin embargo, para el fiscal de la causa, Gonzalo Vega, “a prima facie, no surgió del análisis de la historia clínica ninguno de los dos casos”, según informó el Ministerio Público Fiscal a France 24.

“La causa sigue abierta aunque me hayan liberado”, explicó la médica Ruiz a France 24. Ahora espera lograr su sobreseimiento. El fiscal Vega fue quien había pedido la detención e imputó a la profesional por “la presunta comisión del delito de aborto, contemplado en el artículo 85 inciso 2” del Código Penal, que sostiene que quien cause un aborto será penado “con reclusión o prisión de uno a cuatro o más años, si obrare con consentimiento de la mujer”.

Sin embargo, Ruiz aseguró que hay constancia en la historia clínica de que “la paciente fue evaluada por un equipo interdisciplinario”, y que se habían realizado las interconsultas necesarias. “Lo que se hizo fue legal y no se cometió ningún delito”, afirmó. Además, explicó que el procedimiento con pastillas de misoprostol (el fármaco más ampliamente utilizado para interrumpir embarazos) es autoadministrado, por lo que cuestionó cómo podría haber obligado a una paciente adulta a abortar.

Por la confidencialidad con su asistida optó por no referirse a ella ni dar detalles de la historia clínica, pero explicó que por protocolo las pacientes deben firmar un consentimiento informado.

“Es difícil que una pueda obligar a la paciente que no está en un quirófano con anestesia”

La médica integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, Macarena Villena, explicó a France 24 que se debe tener en cuenta que las médicas de familia, como es su caso y el de Ruiz, no realizan cirugías y el procedimiento se hace con las pastillas de misoprostol. “Es difícil que una pueda obligar a la paciente que no está en un quirófano con anestesia”, sostuvo. Indicó que la interrupción del embarazo se puede hacer introduciendo las pastillas por vía vaginal o de forma sublingual y bucal, en cuyo caso se dejan que se disuelvan por 30 minutos y el procedimiento se repite cada tres horas hasta que se realice la expulsión.

Villena indicó incluso que “en el segundo trimestre se utilizan menos pastillas”. En caso de que la persona no desee seguir con el procedimiento “no se continúa”, afirmó. Si ya se administraron las pastillas, la médica indicó que se debe esperar la evolución, “a veces puede detenerse, a veces no”.

Además, Villena sostuvo que la joven que se realizó la ILE “debe estar seguramente bajo mucha presión”, recordó que se divulgaron datos de ella y de Ruiz. “Es muy llamativo que el viernes se la lleven presa a la doctora y que el fin de semana surja una denuncia de la paciente”, manifestó.

"Utilizados políticamente"

La médica Ruiz aseguró que sectores que se oponen al aborto legal en la provincia difundieron "información falsa sobre una situación para generar un clima mediático y social para que luego la justicia actúe de manera espuria poniendo en la cárcel a alguien". Expresó que tanto ella como la paciente y sus familiares están siendo “utilizados políticamente”.

La médica también indicó que una jueza de garantías, de quien prefirió no dar el nombre, llamó después al gerente del hospital, Santiago Payo, para preguntar qué estaba pasando. “Mi gerente le explica la situación, lo que está escrito en la historia clínica, cuál es la situación de la paciente, la jueza entiende que es legal y habilita que continuemos con el procedimiento”, especificó. Pero, luego, “una vez que se practica el aborto legal, al otro día (los sectores contra el aborto) ya publican mi nombre (en los medios) y comienza una campaña atroz contra mi persona”.

La médica Villena, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, le dijo a France 24 que desde la organización vienen pidiendo acompañamiento al Ministerio de Salud Pública salteño: “Que nos garanticen que vamos a poder realizar nuestro trabajo sin tener miedo (…) Somos más de 50, (en la red) médicas y médicos, trabajadoras y trabajadores sociales, psicólogas y psicólogos que estamos acostumbrados a trabajar en equipo. También existe dificultad para que sintamos el apoyo político e institucional porque habíamos armado una propuesta de consultorios integrales pero nunca se nos permitió acceder a una entrevista con el ministro (Juan José Esteban), se la solicitamos en enero cuando salió la ley y hasta ahora no hemos tenido respuesta, seguimos trabajando bastante a pulmón y desde la militancia”.

A principios de este año, el secretario de Salud de la provincia, Martín Flores Perazzone, sostuvo que había solo 19 profesionales para garantizar la IVE en toda la provincia y que la mayoría de especialistas de tocoginecología son objetores de conciencia.

Históricamente, todas las cuestiones vinculadas con garantizar los abortos dentro del marco de la ley se encuentran con problemas en Salta. La provincia tardó tres años en adherirse a un protocolo de aborto no punible elaborado por el gobierno nacional en 2015, que indicaba cómo actuar a los y las profesionales en el caso de interrupciones de embarazos para las excepciones hasta entonces contempladas por la ley, cuando no existía el aborto voluntario legal.

Y antes se regía por uno más restrictivo. En 2019, el Ministerio de Salud de la Nación actualizó el protocolo para incorporar derechos que no estaban incluidos en el protocolo de 2015 y la evolución del conocimiento científico en cuanto a las prácticas médicas de acuerdo a cánones internacionales, pero Salta no se adhirió a ese nuevo documento.

La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación dirigió un escrito el mes pasado a Perazzone, advirtiendo que el 25% de los llamados que recibe la línea nacional de Salud Sexual y Reproductiva 0-800-222-3444 desde la provincia de Salta corresponde a usuarias que se contactaron dos veces porque no habían podido acceder a las prácticas de IVE en tiempo y forma. El organismo señaló la falta de personal médico para dar cumplimiento a la ley vigente en la provincia. Además, indicó que los turnos que se asignan por semanas resultan "insuficientes” para cubrir la demanda de la población salteña.

Nuestro objetivo es crear un lugar seguro y atractivo para que los usuarios puedan establecer conexiones en función de sus intereses y pasiones. A fin de mejorar la experiencia de nuestra comunidad, hemos suspendido los comentarios en artículos temporalmente