Colombia: la lucha por la tierra de los pueblos indígenas pese a la violencia (4/6)

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Las comunidades indígenas han estado históricamente marginadas en sus territorios y han sufrido especialmente el conflicto armado en Colombia. Pese a la firma de los Acuerdos de Paz, el enfoque étnico y la reparación a los pueblos originarios siguen siendo nulos. Desde el resguardo indígena misak de Guambía, en el departamento del Cauca, sus habitantes resisten a través de la recuperación pacífica de su territorio ancestral.

Defender el pozo con el que su familia regaba sus cultivos de café le costó la vida a la lideresa indígena misak, Nazaira Calambás Tunubalá, hace un mes. Esa misma agua la usaban supuestamente grupos armados para irrigar cultivos ilícitos de coca, su sentencia de muerte. "Nunca pensé que me iban a quitar a mi hija de esta manera", susurra entre llantos su madre María Calambás, rodeada por sus dos jóvenes nietos, hijos de Nazaira, que apenas pueden levantar la mirada del suelo.

En el séptimo y último día de ceremonias fúnebres en honor a la joven lideresa, los familiares y vecinos se reúnen en la casa de la familia Calambás, situada en una colina del resguardo misak de Guambía, en el conflictivo departamento colombiano del Cauca, ubicado en el suroeste del país. Dos nonagenarias pelan papas y echan más leña al fuego donde yacen tres grandes ollas que darán de comer a los invitados de rostros tristes.

Frente a un altar con fotografías de una Nazaira adolescente, velas, flores y un paño con los colores típicos de la comunidad misak -azul, negro, rosa y blanco-, Hermelinda se descompone al recordar cómo asesinaron a su hermana ante sus ojos. Con voz pausada relata con detalles el día en el que, debido a un pleito por un "ojo de agua" o pozo con los vecinos de su finca, situada en la vereda Cuchilla, en el municipio de Morales, tres hombres armados se presentaron varias veces en su casa.

"Me respondieron que eran del frente Dagoberto Ramos"

"Les dije: ‘¿con quién tengo el gusto de hablar?’ Me respondieron que eran del frente Dagoberto Ramos. Los vecinos los habían enviado". Pese a las amenazas, Hermelinda no tiene miedo a identificar a los victimarios de su hermana. Se trata de una de las primeras columnas de las disidencias que surgieron en la región caucana luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y que, desde hace años, están sembrando el terror y la violencia entre las comunidades de la zona.

Nazaira murió un jueves, mientras toda la familia estaba recogiendo café. La última vez, ya entrada la tarde, los hombres llegaron con la excusa de pedirle perdón a Nazaira por el encontronazo con sus vecinos: "Dijeron que el comandante la estaba esperando en la vía para ofrecer sus disculpas". Nazaira se adelantó y salió de la casa con los tres hombres, mientras su hermana se calzaba las botas para seguirla. "Cuando volteo, veo como uno de ellos se quedó detrás de mi hermana y ahí mismo le suelta los tres disparos en la cabeza", recuerda Hermelinda, que asustada se escondió entre un platanal.

"Vi a mi hermana caer así –abre los brazos como si abrazara la tierra– con la cabecita de lado". El tercer hombre gritó "remátela" y se marcharon rápidamente en moto. "Yo estaba allí pero no podía gritar. Le dije: ‘Nazaira, ¿me escuchas, me escuchas?’ Un suspiro fuerte y ahí se quedó, la sangre venía brotando", tartamudea Hermelinda, cubriéndose el rostro con sus manos anchas, todavía en estado de shock por la brutal violencia con la que le arrebataron la vida a su hermana.

María se acerca y abraza a su hija en un intento de calmar un llanto cuyo eco se repite en todos los territorios colombianos a diario. "Estamos despedazados. Ella era la principal cabeza de la familia porque tenía dos hijos, ¿qué va a ser de ellos ahora?", se interroga, exigiendo justicia para su hija, orgullosa –a la vez– por su papel en la defensa por la tierra y los derechos de su comunidad "desde bien jovencita".

El 50 % de los líderes asesinados en el Cauca eran indígenas

Desde el esperanzador 2016, cuando se llegó a un pacto para el desarme de una de las mayores guerrillas de América Latina, las FARC, al menos 269 líderes indígenas han sido asesinados; 167 durante la administración del actual presidente Iván Duque, según un recuento de la organización Indepaz. Tal como reza un informe de 12 organizaciones sociales, el 50 % de los líderes asesinados en el departamento del Cauca eran indígenas y el 28 % en el territorio nacional.

"El Cauca es uno de los departamentos con más asesinatos de líderes sociales. Esto tiene que ver primero, con la puesta en marcha de las agendas de los territorios, con las agendas del cumplimiento de los Acuerdos de Paz y, en especial, con los incumplimientos históricos que ha hecho el Gobierno en temas estructurales", se queja el gobernador misak, Pedro Velazco.

El tata Pedro, de poco más de treinta años, nos acompaña desde el municipio de Silvia, Cauca, hasta el interior del resguardo indígena de Guambía, que alberga a la mayor parte de esta comunidad indígena misak, más de 13.000 personas. Entre páramos, atravesado por el río Piendamó, se encuentra este territorio protegido.

A orillas del agua que baja con fuerza de la montaña, Pedro explica que la marginalización de su pueblo es endémica y se repite a lo largo de la historia. "Existe una debilidad institucional en los territorios en tema de garantías mínimas del cumplimiento de los derechos fundamentales, el respeto a la vida, la educación, la tierra y, en especial, el respeto a los derechos humanos", remarca.

El 81 % de los puntos étnicos del acuerdo tienen avances mínimos o nulos

Pedro, como gran parte de la ruralidad colombiana, habla del incumplimiento del Gobierno en las reparaciones y garantías de no repetición acordadas en unos acuerdos que le parecen lejanos. Según el Instituto Kroc, el 81 % de los puntos étnicos del acuerdo tienen avances mínimos o nulos. "El compromiso era crear un fondo de tierras desde el Gobierno nacional que constaba de casi 3.000 millones de hectáreas dentro del territorio nacional para reparar a las víctimas históricas del conflicto armado, los indígenas de forma colectiva, los campesinos y los afros", pero afirma que nada de esto se ha cumplido.

Este Fondo de Tierras se trata de un mecanismo surgido de los pactos para implementar la Reforma Rural Integral, primer punto del Acuerdo de Paz. Según los datos gubernamentales, solo se ha desarrollado el 33% de lo acordado hace cinco años. Mientras la propiedad y el uso de la tierra sigue siendo una de las mayores problemáticas en Colombia, de la que deriva el incremento de la violencia contra los campesinos, líderes sociales, ambientales e indígenas que luchan por la defensa de su cumplimiento.

"En términos gruesos, no se ha cumplido nada y las poblaciones étnicas, cada vez más, están siendo desplazadas", señala Pedro. "En estos últimos cinco años el incremento del conflicto armado por diversos actores, ya sea el Estado, la guerrilla y otros actores no identificados se están concentrando en inmediaciones o dentro de los territorios indígenas o campesinos", advierte.

En los últimos tres años "se ha intensificado el conflicto, la guerra, la disputa por el territorio"

Según el gobernador misak, que este año dejará su cargo luego de dos años, durante los tres años en los que el mandatario conservador Iván Duque lleva en el poder "se ha intensificado el conflicto, la guerra, la disputa por el territorio, pero también el control de las vías del narcotráfico". En especial, en el departamento del Cauca, donde la violencia derivada de las rutas para transportar la droga se ha recrudecido con masacres semanales, atenuado con un abandono estatal patente y la falta de servicios básicos en las zonas más remotas de la región.

"En la mayoría de la geografía de los territorios han estado afectados por las dinámicas de la guerra: desplazamiento, ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos, reclutamiento forzado para la población infante, pero también asesinatos de líderes sociales", lamenta Pedro, quien señala que en el departamento del Cauca "no hay una familia que no haya sido tocada por el conflicto armado en Colombia".

En la región, punto estratégico para la salida de la droga desde la montañosa Cordillera Occidental hacia el Pacífico colombiano, hay al menos 17.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, unas 300 hectáreas de marihuana y 160 hectáreas de amapola, según las autoridades caucanas. Unos cultivos que, como las mismas comunidades locales atestiguan, han incrementado en los últimos años, así como la pelea entre los diferentes grupos armados por su control. En medio, las poblaciones más vulnerables: los indígenas, campesinos y afrodescendientes.

Los grupos armados "se están llevando a los jóvenes"

"El Estado no nos garantiza nada a las comunidades y por lo mismo los jóvenes, nuestras mujeres, buscan otras formas de resistir y es ahí donde viene el conflicto armado. Vienen grupos armados que les prometen o les dicen que por aquí es el camino y se los van llevando", dice Mama Luz Dary, maestra y secretaria del resguardo, desde la escuela principal de Guainía. Una chiva -como se le conoce a un tipo de autobús pequeño en Colombia- llega para dejar a los alumnos que viven en la falda de la montaña; allí los profesores misak los reciben con un aguapanela caliente y gel anti-bacterial.

La secretaria indígena habla con voz dulce sobre la ilusión de un futuro mejor que trajo el Acuerdo de Paz a las comunidades indígenas, un halo de luz que se difuminó rápidamente: “Se dejaron tantas esperanzas en todo el mundo por la reparación y no ha pasado nada. Nos preocupa porque la violencia se ha incrementado y no sabemos qué va a pasar con nuestros pueblos”.

Ese mismo día, en una verde explanada, se celebra el trueque anual en el resguardo. Las comunidades de las zonas altas de la montaña bajan con sus mercancías -yuca, papa, zanahoria y más- para intercambiarlas con los indígenas y campesinos de las zonas calientes que suben a las laderas del resguardo en coloridas chivas, cargando bananos, plátanos o dulces. El festejo está acompañado de música tradicional y un ambiente festivo en el que, como acostumbran en sus mingas, se trata de compartir en sociedad por el bien comunitario.

Este intercambio es cada vez más necesario para los habitantes del resguardo, debido a la estrechez de tierra y a la falta de terreno para la agricultura que permita sustentar a las familias que lo habitan. Pedro nombra tres tipos de problemas que acechan a las comunidades y que tienen que ver con el reparto desigual de la tierra: "uno con los terratenientes, otro el conflicto armado y otro con las instituciones del Gobierno. Tres actores que, desde su perspectiva, nosotros somos actores creadores de conflicto, pero desde nuestra perspectiva, nosotros estamos impulsando el cuidado los territorios, de los procesos sociales, de las autonomías organizativas y la no posibilidad de extracción de los recursos naturales".

Recuperación pacífica del territorio ancestral

Desde hace más de cuatro meses y ante este panorama cada vez más precario, las comunidades indígenas misak, nasa y algunos campesinos y afrodescendientes están llevando a cabo su propia reforma rural. “Es ahí donde los pueblos indígenas hemos asumido que nuestra resistencia es desde los territorios, con nuestras propias agencias”, afirman. Su forma de lucha pasa por la recuperación pacífica de su territorio ancestral, pero también por una organización social y política capaz de hacerle frente desde las leyes al Estado colombiano.

A poco menos de una hora del resguardo en la vereda de Cajibío, un grupo de unos cien indígenas vuelven al pequeño campamento cargando troncos de madera y machetes. Ninguno viste las ropas típicas de los misak, se cubren sus rostros con pañoletas, pasamontañas y gorras. “Para venir aquí tenemos que ocultarnos, no podemos llevar nuestros colores porque no nos quieren aquí”, confiesan.

Cae la tarde y el cielo anticipa tormenta sobre el Valle de Pubén. En las cabañas, un grupo de ancianas preparan chicha caliente y los cansados trabajadores, de todas las edades, hacen fila con sus cuencos de plástico. “El Gobierno desde hace cinco años o más nos ha incumplido los Acuerdos de Paz y posterior a eso, el Gobierno y el mundo nos tiene una deuda histórica que debe reparar”, dicen.

Allí, entre pinos y kilométricas plantaciones de árboles para la extracción industrial de madera, están llevando a cabo lo que denominan “la recuperación de la madre tierra” en las zonas “ocupadas” por la multinacional Smurfit Kappa, Cartón Colombia, que cubre más de 3.000 hectáreas de plantación maderera de pino no autóctono que está acabando con los recursos naturales y el ecosistema originario de la zona.

"Vamos a hacer la reforma agraria desde los territorios por nuestros jóvenes"

“Debido a la estrechez de tierra, no hay empleo. Como no hay trabajo ni educación los jóvenes de ahora están cogiendo rumbos muy diferentes a los de nuestra cultura, se van al Ejército o a grupos al margen de la ley, por la misma falta de oportunidades”, dice uno de los líderes del proceso, cubriéndose el rostro con la bandera misak.

Desde el inicio de la intervención indígena de recuperación del territorio que ancestralmente les pertenecía a las comunidades nativas se han vivido violentos episodios con los trabajadores de la multinacional, bajo el auspicio de la fuerza pública, que en ocasiones también atacó con el ESMAD a los indígenas. El último ocurrió un día después de que el equipo de France 24 visitara la zona, cuando un grupo de trabajadores atacó con machetes a los indígenas misak presentes, dejando al menos 8 heridos, pese a la presencia del Ejército.

“Vamos a hacer la reforma agraria desde los territorios por nuestros jóvenes, para que no caigan. Por ejemplo, los jóvenes se han ido a raspar coca, a procesar coca, por falta de oportunidades. No hay educación, no hay una buena inversión de parte del Gobierno local y los jóvenes se nos han ido perdiendo", sentencia el líder, apuntando que este trabajo es por el futuro de sus comunidades.

Pedro, quien ya no viste la falda, ruana y pañuelo típicos, es consciente de que su lucha por la paz debe ser impulsada desde los territorios rurales que habitan las comunidades.

Al preguntarle sobre cómo se podría lograr la paz en Colombia, contesta que "la paz, desde la cosmovisión de los indígenas, siempre ha sido el respeto a la vida, al territorio, el cuidado del medioambiente. Pero para las instituciones la forma de respetar la paz es a través de la financiación de la guerra".

El líder indígena sentencia que “en Colombia la guerra es un negocio”, añadiendo que el partido gobernante es consciente de ello, pero solo busca privilegiar los intereses de las grandes empresas y multinacionales, “no los intereses de la diversidad étnica ni tampoco la del campesino ni el afro”. La paz en Colombia, pese a la desmovilización de la guerrilla de las FARC, sigue pendiendo de un frágil hilo narrado a través de las historias de lucha de las comunidades étnicas.

La voz desde los territorios "siempre va a ser el debate" como arma

"Nuestro sueño siempre va a ser la capacidad de resistencia" a través de los procesos sociales, desde el ámbito colectivo, comunitario. "Un arma que el sonido de la guerra ni las instituciones puede matar", sostiene Pedro.

"Se pueden apagar algunas voces en términos de liderazgo, pero en términos de procesos sociales, mientras se mantenga la resistencia como venimos haciendo ancestralmente, será el arma que nosotros siempre vamos a tener", agrega de forma contundente. "La voz desde los territorios siempre va a ser el debate y el mecanismo que nosotros vamos a impulsar contra cualquier actor que ponga en tensión nuestra forma de vivir en los territorios", concluye el líder misak.

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