Colombia limpia Mocoa y busca responsables por las muertes del alud

Por Lissy DE ABREU, con Moisés AVILA en Bogotá
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Familiares de Jesús Diago, de 33 años y fallecido mientras rescataba a su familia en el alud de barro que arrasó la localidad colombiana de Mocoa, en el funeral de la víctima el 4 de abril de 2017

Colombia aceleraba este miércoles las tareas de recuperación en Mocoa, arrasada por un alud que ha matado a 290 personas, mientras los órganos de control investigan si las autoridades locales omitieron labores de prevención y pueden tener parte de culpa en la tragedia.

Según el último reporte oficial, el número de fallecidos subió a 290. De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal, ya han sido identificados 186 cadáveres. El número de heridos también se elevó en varias decenas, a 332, todos ellos bajo atención médica.

De acuerdo con el ministro de Defensa y gerente de la reconstrucción, Luis Carlos Villegas, son aproximadamente 2.800 personas -unas 500 a 600 familias- las directamente damnificadas por la tragedia. Todas ellas permanecen en cinco albergues.

El Gobierno realiza campañas de vacunación mientras, entre las piedras y el lodo, la ciudad resucita. Se ve gente cocinando a leña en algunas esquinas, casas iluminándose con velas al caer la noche, además de camiones de agua yendo y viniendo.

Por momentos pasan camionetas que anuncian ayuda para animales heridos o abandonados tras la avalancha y algunos puntos con "urgencias veterinarias".

Hay quienes aún abrigan la esperanza de encontrar a su familiar perdido tras el alud. Mientras, las autoridades de control también han emprendido otro tipo de búsqueda: la de justicia.

- Sanción y prevención -

"Hay que establecer responsabilidades (...). Pero no es el tema represivo, es el tema preventivo. De qué valen todas las sanciones que se impongan ahora, frente a 260, 270 muertos", dijo el contralor de Colombia, Edgardo Maya, cuya entidad investigará posibles responsabilidades de funcionarios en esta tragedia.

El contralor colombiano tiene la función de vigilar la gestión fiscal y el manejo de los fondos públicos.

Por su parte, la Fiscalía General tiene previsto citar al alcalde de Mocoa, José Antonio Castro, y a su antecesor Elver Cerón, así como a la gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca, y a su antecesor, Jimmy Díaz, según versiones de prensa.

El fin de semana, la Fiscalía ya había informado oficialmente que "inicia investigación para corroborar si las autoridades locales y nacionales encargadas de adelantar las acciones correctivas y preventivas para evitar tragedias originadas por la temporada de lluvias, cumplieron con su responsabilidad".

En tanto, la Procuraduría General, que investiga las irregularidades cometidas por funcionarios públicos, hizo un llamado para que adopten medidas urgentes que puedan prevenir tragedias como la sucedida en Mocoa.

- Tras alud, robos -

Cientos de personas reciben la ayuda en los albergues, pero otro tanto prefiere hacer guardia en sus derruidas viviendas, para evitar el robo de lo poco que les quedó.

"Al otro día de la avalancha alcanzamos a sacar cosas. Ya cuando volvimos el mismo día por la tarde ya habían arrasado todo los ladrones (...) voltearon todo, cajones, lo que no hizo la avalancha lo hicieron ellos", contó Juan Luis Hernández, de 33 años, a AFP, en el destruido barrio San Miguel.

La comunidad ha alertado de saqueos en las viviendas abandonadas, por lo que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pidió a la Policía fortalecer las medidas de seguridad.

A la salida de los barrios, la policía ya empezaba a preguntar a quien salía con enseres de dónde eran, en qué parte vivían y buscaban corroborar que las cosas eran de quien las llevaba.

El alud que se desató sobre la medianoche del viernes por el desborde de tres ríos tras fuertes lluvias afectó a unos 45.000 habitantes. En Mocoa viven unas 70.000 personas, dijo a AFP la gobernadora del Putumayo, Sorrel Aroca.

- Reconstrucción -

Según un estudio, la tragedia de Mocoa podría repetirse en 385 sitios más de Colombia, y supera al último gran desastre natural que sufrió el país, un deslave en Salgar que mató a 92 personas en mayo de 2015.

El ministro Villegas aseguró que la construcción de las viviendas va a empezar en poco tiempo y que las primeras casas deben ser entregadas en los próximos 12 meses y estarán alejadas de zonas de riesgo.

"A través de la avalancha, los ríos nos dijeron dónde no se puede construir", dijo en una entrevista al canal CM&. Algunos barrios deberán ser trasladados y la culminación de la infraestructura colectiva puede tomar hasta dos años, reiteró.

Para atender con celeridad el desastre, Santos ya decretó la emergencia económica, social y ecológica.

El Gobierno pretende aplicar el mecanismo de "impuestos por obras", para que sector privado participe en la reconstrucción de infraestructura y luego descuente lo invertido de los impuestos.

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