Colombia: en Cali, un “tribunal popular” para combatir la lentitud de la Justicia ordinaria

© Chloé Lauvergnier

Un “tribunal popular” fue creado en el barrio de Siloé, en Cali, la tercera ciudad de Colombia, para hacer Justicia –de forma simbólica– a las víctimas de la represión policial ocurrida en el marco del paro nacional del 2021. El 10 de septiembre, este tribunal llevó a cabo una audiencia pública, en la cual familiares de víctimas compartieron sus testimonios. Esperan obtener respuestas también por parte de la justicia ordinaria en el futuro.

El 10 de septiembre, vestida con una camiseta blanca y dos insignias con la foto de su hermano, Crisol Yurani Sánchez relata la pesadilla de su familia. El cuerpo de su familiar de 16 años fue hallado calcinado, el 29 de mayo de 2021, en una tienda de Siloé, un barrio humilde de Cali, después de haber sido detenido por la policía el día anterior. Con un micrófono en la mano, la mujer de 26 años cuenta las amenazas que recibió su familia, “por el simple hecho de denunciar su asesinato” y el sentimiento de ser “abandonados por el estado” en su búsqueda de Justicia.

Al terminar su relato, pasa el micrófono a Abelardo Aranda, vestido con una camiseta estampada con una foto de su hijo. Este, de 24 años, fue asesinado por un impacto de bala en la espalda, el 28 de mayo de 2021, también en Siloé. Con un tono grave y un brazo alrededor del hombro de su esposa, confía: “Es muy duro, no deseo que le pase a nadie esto.”

Crisol Yurani Sánchez y Abelardo Aranda compartieron sus testimonios frente a un público emocionado, en el marco de una audiencia pública que tuvo lugar en una sala de la parroquia San Matías Apóstol, en Siloé. Fue organizada por el “Tribunal Popular de Siloé”, un organismo simbólico creado por organizaciones sociales, abogados y habitantes de ese barrio, después de las manifestaciones que sacudieron a Colombia el año pasado.

En el marco de esas protestas históricas contra el gobierno del expresidente Iván Duque, que duraron casi tres meses, decenas de personas fueron asesinadas, muchas de ellas por la policía (entre 25 y 47 según las ONG). La mayoría de los asesinatos ocurrieron en Cali, y una gran parte en Siloé.

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Investigaciones judiciales lentas o inexistentes

Más de un año después de los hechos, las investigaciones judiciales avanzan lento y en varios casos son inexistentes. Según la ONG Human Rights Watch, hasta el momento solo ocho policías han sido acusados o inculpados por los homicidios de diez personas.

“Dado que hay tanta impunidad, quisimos crear una herramienta para que haya, al menos, una Justicia ética”, explica Martha Elena Giraldo Mendoza, miembra del tribunal popular, que arrancó oficialmente el 3 de mayo.

Para la audiencia pública del 10 de septiembre, los organizadores empezaron a preparar la sala de la parroquia San Matías Apóstol desde las 7:00 a.m. Colocaron fotos de jóvenes de Siloé asesinados el año pasado, sillas de plástico para el público y un proyector, e hicieron pruebas técnicas para asegurar la transmisión de la audiencia en vivo en YouTube. Un cartel imponente fue desplegado en la fachada de la parroquia: “Todos y todas al Tribunal Popular de Siloé - Verdad y Justicia para las víctimas del paro nacional.”

Violaciones de derechos humanos “sistemáticas”

La audiencia empezó a las 9:30 a.m., con tres invitados internacionales reconocidos por su compromiso a favor de los derechos humanos, que viajaron desde Bolivia, Cuba y Argentina para jugar el rol de “magistrados”.

Durante la mañana, la “Secretaria técnica” del tribunal presentó un resumen de las numerosas violaciones de derechos humanos cometidas en Cali el año pasado, con videos y testimonios en audio, para mostrar su aspecto “sistemático”. La sala se llenó poco a poco, en parte con familiares de víctimas.

Abelardo Aranda, el padre del joven asesinado por un impacto de bala el 28 de mayo de 2021, nos explica que puso una denuncia en la Fiscalía de Cali el día posterior a su muerte. “Pero hasta el momento, no hemos tenido ninguna respuesta, es desolador”, lamenta, desanimado.

Asimismo, Crisol Yurani Sánchez detalla que el caso de su hermano fue examinado primero por la Fiscalía de Cali, antes de ser transferido a una Fiscalía de Bogotá, especializada en derechos humanos: “Empezaron a tomar testimonios nuevamente hace una semana, todo es demasiado lento. Además, es doloroso ver que las instituciones del Estado colaboran para que haya impunidad. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Medicinal Legal nos entregó dictámenes incompletos, con radios que no son del cuerpo de mi hermano”.

"Hay falta de interés del Estado para esclarecer los hechos”

Según Santiago Medina, el abogado de la familia Sánchez, las investigaciones avanzan lento porque “muchas pruebas materiales no fueron recolectadas de forma correcta el año pasado y hay falta de interés del Estado para esclarecer los hechos. Por lo general, existe impunidad en los hechos que rodean las investigaciones de agentes del Estado”.

Como símbolo de este desinterés, la silla reservada para el abogado que debía defender al Estado estuvo vacía todo el día.

“Es una falta de respeto a nosotros”, critica Crisol Yurani Sánchez. “El abogado fue designado por la Defensoría del Pueblo (una institución del Ministerio Público), pero él nos indicó que no venía porque solo acudía a escenarios de justicia formal”, precisa Santiago Medina. Aun así, considera que su designación constituye un “primer paso” hacia el reconocimiento del tribunal popular.

¿Qué perspectivas?

Al final de la audiencia, alrededor de las 3:00 p.m., los “magistrados internacionales" explicaron que tendrán que calificar de forma jurídica los hechos presentados. El boliviano Edgar Ramos Andrade indicó: “Los abogados del tribunal popular usaron las figuras de ‘delitos de lesa humanidad’ y de ‘genocidio continuo’. Vamos a estudiar eso, para emitir un fallo, a más tardar en febrero.”

Las familias de las víctimas esperan que esta sentencia– simbólica– tenga un impacto en la Justicia ordinaria, como lo explica Crisol Yurani Sánchez: “El tribunal popular dignifica las familias y permite visibilizar la verdad, pero necesitamos también Justicia por parte de las organizaciones del Estado”. De lo contrario, el tribunal popular considera acudir a organismos internacionales.

Este artículo fue adaptado de su original en francés.