¿Cobrar un impuesto a las iglesias? la discusión se enciende en Latinoamérica

ZIPAQUIRA, COLOMBIA - SEPTEMBER 29: A group of foreign tourists and locals visit The Salt Cathedral of Zipaquira, inside a salt mine that has been exploited since 1801, in Zipaquira, Colombia on September 29, 2022. An underground Roman Catholic church built within the tunnels of a salt mine 200 meters (660 ft) underground in a halite mountain near the city of Zipaquira, in Cundinamarca, Colombia. It is a tourist destination and place of pilgrimage in the country. The temple at the bottom has three sections, representing the birth, life, and death of Jesus. The icons, ornaments, and architectural details are hand carved in the halite rock. Some marble sculptures are included. The cathedral is considered one of the most notable achievements of Colombian architecture, being described as a
Imagen de la Catedral de Sal en Zipaquirá, Colombia, país en el que se discute si las iglesias deben o no contribuir al régimen tributario (foto Juancho Torres/Anadolu Agency vía Getty Images)

En las últimas semanas se ha estado discutiendo en el Congreso de Colombia un nuevo proyecto de reforma tributaria, la vigésimo segunda iniciativa de este tipo que se presenta en el país desde 1990 –la más reciente fue aprobada en 2021– para revisar y modificar el régimen de impuestos. Con ella, el Gobierno espera recaudar 50 billones de pesos colombianos (que al cambio actual equivalen a unos 10.400 millones de dólares).

Tal y como ha ocurrido en la mayoría de las ocasiones anterior, algunos sectores han sugerido incluir entre los nuevos contribuyentes a las iglesias y las congregaciones religiosas, en particular las católicas, que han sido consideradas por el Ministerio del Interior como entidades sin ánimo de lucro, cumpliendo con un concordato convenido entre el Estado colombiano y el Vaticano en 1974, que exime del pago de impuestos sobre la renta a los edificios destinados al culto y otras actividades religiosas.

Organizaciones como Dejusticia, un centro de estudios jurídicos y sociales localizado en Bogotá, han insistido en que "en Colombia hay dos formas en las que el Estado pierde recursos por cuenta de las iglesias. Por un lado, las exenciones tributarias al impuesto de renta y al impuesto predial, que producen el mismo efecto de un subsidio, pues implica renunciar al cobro de impuestos sobre actividades específicas. Y por otro lado, la financiación directa a instituciones y actividades religiosas en el marco de la política de libertad religiosa y de culto".

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La solicitud nace de la cantidad de iglesias que existen en este país que por el mandato señalado, no pagan impuestos. Según datos publicados en años recientes por medios económicos como Portafolio, hasta 2018 existían más de 7.200 iglesias de todos los cultos, llegándose a registrar hasta 600 iglesias nuevas en un año como 2017.

Además, ese mismo año las iglesias del país declararon un patrimonio bruto de 14,4 billones de pesos (que para esa época suponían unos 4.965 millones de dólares) y un patrimonio líquido de $13 billones (4.482 millones de dólares). A su vez, reportaron ingresos brutos de $5,4 billones (1.862 millones de dólares), según se leía en el reporte del diario Portafolio.

Una discusión regional

Este debate que se presenta hoy en Colombia no es exclusivo de este país, ya que en otros países de la región también tienen exenciones contempladas para organizaciones religiosas.

En México, por ejemplo, donde de acuerdo con el portal El Contribuyente existen 8.581 asociaciones religiosas registradas ante la Secretaría de Gobernación, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclara que estas no están obligadas al pago del impuesto sobre la renta (ISR) por los ingresos propios de su actividad religiosa.

"Por ejemplo: las ofrendas, diezmos, primicias y donativos recibidos de sus miembros, congregantes, visitantes y simpatizantes, siempre que tales ingresos se destinen a los fines religiosos; así como cualquier concepto relacionado con el desarrollo de sus actividades normales, conforme al objeto establecido en sus estatutos, siempre que estos ingresos no se repartan entre sus integrantes. También se consideran ingresos propios, los que obtengan por la venta de libros u objetos de carácter religioso, sin fines de lucro", describe el SAT.

Tampoco deben cancelar el Impuesto al valor agregado (IVA) por los ingresos propios de su actividad religiosa prestados a sus miembros o feligreses, así como por la venta de libros u objetos de carácter religioso que realicen sin fines de lucro.

Por otro lado, la entidad afirma que estas organizaciones sí pagan el ISR por la enajenación con fines de lucro de la venta de bienes como libros u objetos de carácter religioso y cuando reciban intereses u obtengan premios, así como por "la enajenación de bienes o prestación de servicios a personas distintas de sus miembros y dichos ingresos excedan del 5 % de sus ingresos totales"; y deben asumir el IVA por las donaciones que reciban por parte de las empresas, dado que estas no son contribuyentes autorizados para recibir donativos.

"Cabe aclarar que el impuesto causado lo paga la empresa que efectúe la donación, tomando como base el valor de mercado o en su defecto, el de avalúo", dice la entidad.

En Argentina, quizás, es donde las instituciones religiosas tienen más privilegios de tipo tributario, en especial las católicas, ya que estas, además de poder acceder a unas exenciones fiscales y otras ayudas, reciben partidas del presupuesto nacional. Según el portal de periodismo independiente La Tinta, que a su vez cita como fuente a la Red de Organizaciones Laicistas –OLA, para 2023 serían unos 188 millones de pesos argentinos, poco más de 1.2 millones de dólares hoy.

Esta red, de hecho, está promoviendo en estos días la presentación de un proyecto de ley que derogue esas ayudas, que fueron establecidas durante el periodo de la dictadura cívico-militar de los años setenta y ochenta del siglo pasado.

En el informe, Natalia Rodríguez, coordinadora del área de diálogo ecuménico e interreligioso de Católicas por el derecho a decidir (CDD), un grupo que forma parte de dicha red, le respondió a La Tinta que “demandamos derogar los decretos de la época de la dictadura militar que otorgan beneficios económicos a la Iglesia católica apostólica romana. Estos privilegios concedidos a una iglesia particular evidencian un tratamiento desigual por parte del Estado y afecta el principio de laicidad, que es el que garantiza la autonomía del Estado frente a cualquier religión o iglesia”.

En otros países también hay exenciones similares otorgadas a las iglesias. De acuerdo con portales como laicismo.org, en Venezuela las instituciones dedicadas de forma exclusiva a actividades religiosas (entre otras) que no persigan fines de lucro y no distribuyan ganancias o beneficios están exentas de impuestos; en Ecuador, las iglesias no pagan impuesto de renta, pero deben pagar IVA en los casos que corresponda y presentar declaraciones de impuestos; en Costa Rica no pagan impuestos por inmuebles que sean dedicados al culto, y en Perú no pagan Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, ni impuesto predial.

Un tema que, como se ve, sigue vigente y latente en las discusiones sobre los regímenes tributarios de nuestros países, y que al parecer necesitará de tiempo para llegar a consensos.

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