Las claves sobre la "modernización" de la reforma laboral

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Calviño y Díaz, juntas hace días en Trujillo (Photo: EFE / Chema Moya)
Calviño y Díaz, juntas hace días en Trujillo (Photo: EFE / Chema Moya)

Dos no se pelean si uno no quiere… o, al menos, si no se es vicepresidenta del Gobierno de España. La tensión entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz, vicepresidenta primera y ministra de Economía y vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, respectivamente, ha llegado a tensionar una vez más el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. ¿La razón? La reforma o derogación de la reforma laboral de 2012 llevada a cabo por el Partido Popular.

Este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con ambas con un objetivo claro: sembrar la paz tras los desencuentros de las últimas semanas y encarrillar de una vez por todas la reforma de dicha ley. Un aspecto fundamental en el programa de gobierno, sobre todo para la parte morada del Ejecutivo. No estarán solos; además de las vicepresidentas, estarán también representantes de los ministerios de Hacienda, Seguridad Social y Educación.

La finalidad es tener todos los acuerdos listos en las próximas semanas para rubricarlos en noviembre, aprobar la nueva reforma en diciembre y que esta entre en vigor el próximo mes de enero. El tiempo aprieta y para ello se ha establecido una nueva metodología de cara a llegar a un consenso más meditado. A partir de ahora, todos los martes por la tarde se celebrará una reunión para fijar la posición del Gobierno ante la reunión de la mesa de diálogo social de los miércoles.

Pero ¿en qué consisten dichos cambios o reforma de la susodicha reforma laboral de 2012? ¿En qué puntos chocan ambas vicepresidentas y ministras? ¿Es posible que las tensiones se diluyan por el bien de la estabilidad del Gobierno? Las espadas, aún, se encuentran en todo lo alto. Sin embargo, ambas partes saben que deberán ceder en algunas de sus peticiones para poder llegar a una posición lo más común posible.

La postura de Nadia Calviño

Para la ministra de Economía, Nadia Calviño, son cuatro los puntos fundamentales a modificar en la reforma laboral. Estos son, una mayor simplificación de los contratos existentes y la reducción en la temporalidad excesiva de los empleos —cabe recordar que según datos del INE, el 25,1% de los asalariados tiene un contrato temporal, por lo que se pretende llegar a la media europea, del 14%—; mejorar la regulación de la subcontratación; el reequilibrio de las partes en la negociación colectiva —es decir que se aplique el convenio sectorial frente al convenio de cada empresa— y establecer un mecanismo permanente de flexibilidad interna de las empresas y de estabilización del empleo, inspirado este en la experiencia con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Durante la pasada cumbre de líderes del G-20 celebrada en Roma, Calviño también defendió que sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien supervise la posición del Ejecutivo ante la reforma laboral. Y también, cómo no, ante las peticiones de Yolanda Díaz y Unidas Podemos con el fin de que evitar que se establezca, una vez más, un segundo discurso por parte del Gobierno.

La postura de Yolanda Díaz

La negociación de esta última reforma laboral, que ha pasado de ser denominada “derogación” a “modernización” en palabras del propio Sánchez, ha tenido una cara b. La de Yolanda Díaz, que ha planteado otra serie de cambios que, en algunos casos, no han sido del agrado de Calviño.

La ministra de Trabajo quiere limitar los contratos temporales, y que desaparezcan los llamados contratos de obra y servicio. Además, pretende limitar las causas por las que una empresa afirme que un nuevo contrato es temporal y beneficiar otras soluciones como los contratos fijos-discontinuos. Un modelo que se utiliza mucho en el sector del turismo y que pretende extender a otros sectores como el comercio o la construcción.

También propone reducciones de jornada cuando haya dificultades en la actividad en las empresas de forma preferente a los despidos; añadir nuevos mínimos a las condiciones para la externalización de trabajo y que se fijen tres modelos de contratos formativos: prácticas tras la formación reglada, formación dual del alumnado de programas de empleo-formación y para la formación dual durante estudios universitarios y de formación profesional.

La reforma laboral del PP permitió que se establecieran cambios unilaterales en las condiciones de trabajo por parte de los empresarios. Díaz pretende limitar estos permisos y ampliar el periodo de negociación. Además de recuperar la prevalencia del convenio del sector sobre el de empresa en aspectos como el salario base, complementos y retribución de las horas extra, duración de la jornada o medidas de conciliación.

“Algunos ajustes”

Visto lo visto, noviembre se prevé como un mes clave para llegar a un consenso sobre dicha “modernización” de la reforma laboral, la cual Díaz pretende derogar en su totalidad. Mientras, Calviño aseguró en una conferencia en Londres que el Gobierno “no va a cambiar toda la legislación laboral”, sino que solo va a hacer “algunos ajustes”. En la misma conferencia, Calviño llegó a admitir que “una parte” de la reforma laboral aprobada por el anterior Gobierno de España del Partido Popular había tenido “resultados positivos al dotar de mayor flexibilidad al mercado laboral”, aunque también otros negativos como el aumento de la precariedad de los contratos.

La tercera parte en discordia, imprescindible en la negociación, es la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). En un primer momento pidió al Gobierno de Sánchez que mantuviera la legislación de 2012, aunque tras algunas reuniones el propio presidente de la patronal, Juan Rosell, ha llegado a afirmar que se podía hablar de algunos cambios, “aunque no se puede cambiar de un plumazo”.

Noviembre se confirma como trascendental en este particular choque de trenes dentro del propio Gobierno.

Este artículo apareció originalmente en El HuffPost y ha sido actualizado.

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