Claves del juicio histórico a la gestión de una década de Gobierno andaluz: el caso de los ERE

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Juicio en Sevilla en diciembre de 2017. (Photo: JULIO MUNOZ via Getty Images)
Juicio en Sevilla en diciembre de 2017. (Photo: JULIO MUNOZ via Getty Images)

Juicio en Sevilla en diciembre de 2017. (Photo: JULIO MUNOZ via Getty Images)

El 19 de noviembre de 2019 la Audiencia de Sevilla condenó a 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos a los expresidentes socialistas del Gobierno andaluz José Antonio Griñán y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, y a seis consejeros por la pieza política de la macrocausa de los ERE fraudulentos.

La Audiencia de Sevilla condenó a diez de los altos cargos a penas de entre seis y ocho años de prisión, uno de ellos Griñán (seis años y dos días), y al resto solo a inhabilitación. Este martas 26 de julio el Supremo, según adelanta Cadena Ser, avalará por mayoría, en líneas generales, la decisión de la Audiencia de Sevilla que envió a prisión al expresidente de la Junta José Antonio Griñán y a los exconsejeros Antonio Fernández, Francisco Vallejo, José Antonio Vieira y Carmen Martínez Aguayo. El expresidente Manuel Chaves fue condenado a una pena de inhabilitación de nueve años por prevaricación.

La pieza política

El juicio sobre la pieza política de los ERE, que sentó en el banquillo de los acusados a los expresidentes Chaves y Griñán y a otros 19 altos cargos, comenzó el 13 de diciembre de 2017 y quedó visto para sentencia un año y cuatro días después tras celebrar 152 sesiones, en las que declararon más de 120 testigos y nueve peritos.

En esta pieza se juzgó la creación y mantenimiento de un presunto sistema ilegal de subvenciones que se prolongó durante más de una década (2000-2011) para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que permitió el reparto arbitrario de hasta 680 millones de euros.

El sistema se creó mediante un convenio que permitió presuntamente al instituto IFA-IDEA (Instituto de Fomento de Andalucía primero y luego Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), dependiente de la Consejería de Empleo, repartir de forma discrecional las ayudas eludiendo la fiscalización.

El dinero se inyectaba al instituto mediante transferencias de financiación con cargo a la partida presupuestaria 31L, denominada “fondo de reptiles” por el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, responsable directo del reparto, que murió en octubre de 2020.

Mercasevilla, el origen del caso

Imagen de archivo de la magistrada Mercedes Alaya. (Photo: Europa Press News via Getty Images)
Imagen de archivo de la magistrada Mercedes Alaya. (Photo: Europa Press News via Getty Images)

Imagen de archivo de la magistrada Mercedes Alaya. (Photo: Europa Press News via Getty Images)

La investigación judicial de la macrocausa arrancó en 2011 en el Juzgado 6 de Sevilla y la primera instructora fue la magistrada Mercedes Alaya, que estuvo sometida a una gran presión y que fue cuestionada por su forma de dirigir la investigación, aunque fue sustituida por su acenso a la Audiencia Provincial por María Núñez Bolaños, quien tampoco ha estado al margen de críticas, y terminó siendo sustituida por el juez José Ignacio Villaplana.

La jueza Alaya abrió diligencias el 19 de enero de 2011 a raíz de las presuntas irregularidades en un ERE en Mercasevilla que derivó en indicios de un fraude más amplio en ayudas de la Consejería de Empleo a empresas en crisis.

El caso Mercasevilla investigaba la grabación de los empresarios del Grupo La Raza de Sevilla a dos altos cargos de Mercasevilla que les solicitan el pago de 450.000 euros para la concesión de una escuela de hostelería.

La grabación cayó en manos de Alaya, que imputó al delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y tirando del hilo indagó en otras empresas, además de en Mercasevilla, sobre la posibilidad de que hubiera intrusos en los ERE: personas que cobraban ayudas y que, en muchos casos, ni siquiera habían trabajado en las sociedades que las recibieron.

Las primeras confesiones

El 9 de enero de 2012 Juan Francisco Trujillo, exchófer del director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, da un giro al caso al afirmar que parte de las ayudas que recibió se destinaron a pagar “cocaína, fiestas y copas”.

En su declaración ante Alaya, Guerrero implica a “todo” el Gobierno de la Junta en la trama de los ERE, al asegurar que conocían el “fondo de reptiles”, y el 10 de marzo de 2012 se convierte en el primer imputado que ingresa en prisión.

La dimisión de Griñán

Imagen de archivo de Griñán. (Photo: CRISTINA QUICLER via Getty Images)
Imagen de archivo de Griñán. (Photo: CRISTINA QUICLER via Getty Images)

Imagen de archivo de Griñán. (Photo: CRISTINA QUICLER via Getty Images)

El caso de los ERE se cobró su principal víctima política y el 27 de agosto de 2013 José Antonio Griñán, que insiste en su inocencia, dimite como presidente de la Junta de Andalucía y es sustituido por Susana Díaz.

Un mes después, Alaya “preimputa” a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de a los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo. La imputación se produce el mismo día en que toma posesión el Gobierno de Susana Díaz.

Chaves y Griñán declaran en el Supremo

En noviembre de 2014, el Tribunal Supremo abre una causa contra los expresidente de la Junta y otros aforados como Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por los ERE.

El 9 abril de 2015 Griñán comparece en el Supremo, donde declara que aunque él cree que no hubo un gran plan sí existió “un gran fraude” en el caso de los ERE. El 14 de abril declara Chaves.

El 15 de junio Griñán renuncia a su escaño en el Senado, por lo que la causa debe volver al juzgado 6 de Sevilla al perder el aforamiento.

La sustitución de Alaya

El 16 de junio de 2015 la instrucción cae en manos de María Núñez Bolaños al lograr Mercedes Alaya una plaza en la Audiencia de Sevilla. Alaya solicita una comisión de servicio para seguir instruyendo las macrocausas, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se lo deniega.

En mayo de 2016, el juez de refuerzo Álvaro Martín procesa a 26 ex altos cargos, incluidos los expresidentes Chaves y Griñán, por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el que se conoce como juicio por el “procedimiento específico” de los ERE.

Juicio en la Audiencia de Sevilla

Chaves (d) y Griñán (i) durante el juicio en Sevilla. (Photo: JULIO MUNOZ via Getty Images)
Chaves (d) y Griñán (i) durante el juicio en Sevilla. (Photo: JULIO MUNOZ via Getty Images)

Chaves (d) y Griñán (i) durante el juicio en Sevilla. (Photo: JULIO MUNOZ via Getty Images)

En febrero de 2017 la Audiencia de Sevilla confirma el procesamiento de Chaves y Griñán, al argumentar que el primero conocía el uso inadecuado de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas y que Griñán era “consciente de las vulneraciones patentes y groseras” que se estaban cometiendo.

El 13 de diciembre de 2017 arranca el juicio por el “procedimiento específico” contra los 22 ex altos cargos con la agotadora lectura de los escritos de acusación del fiscal y de las acusaciones populares del PP y del sindicato Manos Limpias. Toda una época del Gobierno andaluz se sienta desde este día en el banquillo de los acusados.

La vista oral finaliza el 17 diciembre de 2018 y, casi un año después, el 19 de noviembre de 2019 se comunica la sentencia. Diecinueve de los veintiún ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados en la pieza política de los ERE fueron condenados por la Audiencia de Sevilla, entre ellos los expresidentes Griñán, con seis años de cárcel y quince de inhabilitación, y Manuel Chaves, con nueve años de inhabilitación.

Los condenados sobre los que tendrá que pronunciarse el Tribunal Supremo en el recurso de apelación son los siguientes:

- Manuel Chaves: Socialista ‘histórico’, expresidente de la Junta de Andalucía, exvicepresidente del Gobierno, exministro, expresidente del PSOE, exdiputado autonómico y nacional y ex secretario general del PSOE andaluz, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.

- José Antonio Griñán: Ocupó la Presidencia de la Junta de Andalucía desde 2009 a 2013, pero la Justicia le responsabiliza por su etapa como consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009. Fue ministro en los últimos gobiernos de Felipe González, presidente del PSOE, diputado autonómico y nacional y senador. Se le condena a seis años y dos días de prisión y a inhabilitación absoluta durante 15 años y dos días por malversación y prevaricación.

- Magdalena Álvarez: Antecedió a Griñán en el cargo al frente de la Consejería de Economía y Hacienda, fue ministra de Fomento y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Ha sido condenada a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.

- Gaspar Zarrías: El consejero de la Presidencia de la Junta de la etapa de Manuel Chaves, al que acompañó al Gobierno nacional cuando fue nombrado vicepresidente del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapataro. Ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.

- Antonio Fernández: Fue consejero de Empleo desde 2004 a 2010 y ha sido el que ha recibido una mayor condena por este caso —está imputado también en otras piezas de los ERE—: siete años, 11 meses y un día de cárcel, e inhabilitación absoluta durante 19 años, seis meses y un día, por los delitos de malversación y prevaricación.

- José Antonio Viera: Antecesor de Antonio Fernández al frente de la Consejería de Empleo. Es también uno de los socialistas históricos y llegó a ser secretario general del PSOE de Sevilla. Ha sido condenado a siete años y un día de prisión, y a inhabilitación absoluta durante 18 años y un día por los delitos continuados de malversación y prevaricación.

- Carmen Martínez Aguayo: Fue viceconsejera de José Antonio Griñán en la Consejería de Hacienda. Ha sido condenada a seis años y dos días de prisión, y a inhabilitación absoluta durante 15 años y dos días por los delitos continuados de malversación y prevaricación.

- Francisco Vallejo: Tuvo el cargo de consejero de Obras Públicas y Transportes de 1994 a 2000, y de Innovación, Ciencia y Empresa de 2004 a 2009. Condenado a siete años y un día de prisión, y a inhabilitación absoluta durante 18 años y un día por los delitos de malversación y prevaricación.

- Agustín Barberá: Fue viceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010 pero antes fue delegado provincial de Empleo de Cádiz (1994-2004. Condenado a siete años y un día de prisión, y a inhabilitación absoluta durante 18 años y un día, por los delitos de malversación y prevaricación.

- Juan Márquez: Sucedió a Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo de la Junta entre los años 2009 y 2010. Condenado a siete años y un día de prisión, y a inhabilitación absoluta durante 18 años y un día, por los delitos de malversación y prevaricación.

- Jesús María Rodríguez: Ocupó la Viceconsejería de varios departamentos de la Junta pero está condenado a seis años y dos días de prisión y a inhabilitación absoluta durante 15 años y dos días por los delitos de malversación y prevaricación por ser viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa de 2005 a 2010.

- Miguel Ángel Serrano: Fue director general de la Agencia IDEA —anteriormente Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)— desde 2004 hasta 2008. Condenado a seis años, seis meses y un día de prisión, y a inhabilitación absoluta durante 17 años y un día, por los delitos de malversación y prevaricación.

- José Salgueiro: Ocupó la Viceconsejería de Economía y Hacienda desde 1990 a 2004 y se marchó al Ministerio de Fomento junto a Magdalena Álvarez, y ocupó la Presidencia de Renfe. Condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación.

- Antonio Vicente Lozano: Ex director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía desde 2002 a 2009, Condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación.

- Javier Aguado: Formó parte del organigrama de la Consejería de Empleo, entre otras responsabilidades la de la Secretaría General Técnica. Condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.

- Lourdes Medina: También fue secretaria general técnica de la Consejería de Empleo. Condenada a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación especial.

- Juan Francisco Sánchez: Igualmente fue secretario general técnico de la Consejería de Empleo. Condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

- Jacinto Cañete: Fue director general de la Agencia IDEA. Condenado por prevaricación a ochos años, seis meses y un día de inhabilitación especial.

(Fuente: EFE

Este artículo apareció originalmente en El HuffPost y ha sido actualizado.

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