La CIJ dictamina que caso de genocidio rohingya procede y desestima objeciones de Myanmar

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Los magistrados de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazaron las objeciones preliminares de Myanmar a un caso que alega que las autoridades del país son responsables del genocidio contra la minoría musulmana rohingya. El fallo allana el camino para que la denuncia sea escuchada en su totalidad. Sin embargo, el proceso podría llevar años.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechaza los reclamos de Myanmar y seguirá adelante con la investigación sobre el genocidio de rohingyas.

El dictamen establece que el tribunal de la ONU tiene jurisdicción frente al caso y prepara el escenario para audiencias que ventilan evidencia de atrocidades contra la minoría musulmana, que grupos de derechos humanos y una investigación de Naciones Unidas señalan que violan la Convención de Genocidio de 1948.

La corte "determina que tiene jurisdicción para considerar la solicitud presentada por la República de Gambia", declaró la presidenta del tribunal, la jueza estadounidense Joan E. Donoghue.

La denuncia histórica fue presentada por Gambia en 2019 y acusa a las autoridades birmanas del asesinato, torturas y violaciones contra miles de personas de la minoría musulmana rohingya, en medio de una brutal represión de las fuerzas armadas que inició en 2017.

El fallo de este viernes 22 de julio desestima los argumentos entregados por los abogados de las autoridades de Myanmar en las audiencias del pasado febrero, cuando alegaron que el caso debería descartarse porque la CIJ solo falla en disputas entre Estados y Gambia presentó la denuncia en nombre de la Organización para la Cooperación Islámica.

Pero los magistrados señalaron que tanto Gambia como Myanmar son parte de la convención y todos los signatarios tienen el deber de garantizar su cumplimiento.

“Cualquier Estado parte de la Convención sobre Genocidio puede invocar la responsabilidad de otro Estado miembro, incluso mediante la iniciación de procedimientos ante la corte”, afirmó Donoghue, al leer un resumen de la decisión.

Los jueces también rechazaron la afirmación de Myanmar de que Gambia no podía presentar el caso porque no estaba directamente relacionado con los acontecimientos y que no existía una disputa legal entre las dos naciones antes de que se presentara el caso.

“Aceleren la entrega de justicia para los rohingya”

La decisión allana el camino para audiencias completas ante el principal órgano judicial de Naciones Unidas, con respecto a las acusaciones contra la sangrienta represión por parte de las autoridades de Myanmar, un país de mayoría budista.

Sin embargo, el proceso podría tomar años. “Aceleren la entrega de justicia para los rohingya”, decía una pancarta de un pequeño grupo de manifestantes reunidos frente a la sede de la corte, en La Haya, Países Bajos.

Pese al tiempo que podría tomar resolver el caso, la fiscal general y ministra de Justicia de Gambia, Dawda Jallow, recibió con beneplácito el paso dado este viernes. “Estamos muy contentos de que se haya hecho justicia”, consideró.

Entretanto, el representante de Myanmar, Ko Ko Hlaing, ministro de cooperación internacional del gobierno militar, sostuvo que su nación “hará todo lo posible para defender nuestro país y proteger nuestro interés nacional”.

Naciones como Canadá y Países Bajos han respaldado a Gambia y en una declaración en 2020 aseguraron que el país africano “dio un paso loable para poner fin a la impunidad de quienes cometen atrocidades en Myanmar y cumplir esta promesa y es nuestra obligación apoyar estos esfuerzos que preocupan a toda la humanidad”.

¿Cómo llegó Gambia a denunciar a Myanmar por el genocidio de rohinhyas?

El caso es considerado histórico por ser el primero de este tipo desde la década de 1980, pero no habría llegado a las manos de la Justicia internacional de no ser por un inesperado cambio en la agenda política de Gambia.

En 2018, un año después de que iniciara la represión, el ministro de Exteriores del país africano se desmarcó de la conferencia anual de la Organización para la Cooperación Islámica que se llevó a cabo en Bangladesh, justamente el país que más ha recibido refugiados de la minoría musulmana.

En su lugar, fue enviado el entonces ministro de Justicia Abubacarr Tambadou. Y para este funcionario que había pasado más de diez años procesando casos de genocidio de Ruanda cometidos en la década de 1990, los desgarradores relatos de lo ocurrido con los rohingyas fueron imposibles de ignorar.

Visitó el campamento de refugiados en Cox's Bazar, donde muchos describieron cómo las fuerzas de seguridad birmanas quemaron personas vivas, incluidos niños, violaron mujeres y asesinaron hombres. “Vi la palabra genocidio escrita en todas estas historias”, narró posteriormente Tambadou en una entrevista con Reuters.

Al menos 1,5 millones de sobrevivientes huyeron del país, la mayoría de ellos a la vecina Bangladesh. Para finales de agosto de 2021, según UNICEF, esa nación albergaba a más de 890.000 refugiados de esa etnia, de los cuales aproximadamente la mitad eran niños.

Otros 600.000 rohingya permanecen en el estado de Rakhine, en el suroeste de Myanmar, y “todavía se enfrentan al genocidio”, mientras que “un millón de personas en los campamentos de Bangladesh tienen esperanza de justicia”, indicó Tun Khin, presidente de la Organización Burmese Rohingya, con sede en el Reino Unido.

El Ejército de Myanmar lanzó lo que llamó una campaña de limpieza en Rakhine en 2017, después de un ataque de un grupo insurgente rohingya. Sin embargo, las autoridades birmanas han rechazado las acusaciones de genocidio.

Pero en 2019, los abogados que representan a Gambia ante la CIJ respaldaron sus acusaciones con mapas, imágenes satelitales y fotografías gráficas de la campaña militar.

Eso impulsó un fallo provisional que ordenó a Myanmar hacer todo lo posible para prevenir las atrocidades contra los rohingyas, en un intento por proteger a la comunidad, mientras el caso termina de ser decidido en la Haya.

Con Reuters, AP y EFE

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