Ciencia para el pueblo, pero sin el pueblo

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Desde un punto de vista social, el objetivo de la investigación científica es la generación de conocimiento que permita desarrollar aplicaciones enfocadas a mejorar la calidad de vida de la sociedad y a resolver los principales retos a los que esta se enfrenta.

Sin embargo, antes de intentar solucionarlos, dichos retos deben ser identificados. Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿quién decide cuáles son los retos más importantes de la sociedad? En otras palabras, ¿quién decide cómo nos gastamos el dinero público destinado a ciencia e innovación?

Puesto que la beneficiaria final de los avances científicos es la ciudadanía, sería lógico pensar que esta decide –al menos en parte– los temas prioritarios a los cuales debería estar enfocada la inversión pública en ciencia. Desafortunadamente esto dista mucho de ser realidad.

La Estrategia Española de Ciencia

En España, la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI) es la que establece el marco sobre el que se definen los objetivos que debe cumplir la I+D+i.

En octubre de 2020 el Gobierno aprobó la EECTI para el período 2021-2027 que agrupa las distintas líneas estratégicas en 4 áreas temáticas:

  • Salud

  • Cultura, Creatividad y Sociedad Inclusiva

  • Seguridad Civil para la Sociedad

  • Mundo Digital, Industria, Espacio y Defensa

Es estupendo tener una estrategia que cubra los siguientes 6 años porque es evidente que la ciencia requiere su tiempo, especialmente en España.

Un ejemplo ilustrativo de esto es el tiempo que nos está llevando desarrollar una vacuna española contra el SARS-CoV-2 comparado con el poco tiempo que han tardado otros países. El 11 de agosto de 2021 se aprobó por fin el comienzo de los ensayos clínicos de la vacuna diseñada por la farmacéutica Hipra, la primera vacuna desarrollada en España. Estos ensayos empiezan más de un año después que los primeros ensayos clínicos de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech. Esta larga demora no tiene absolutamente nada que ver con el talento del personal científico que trabaja en la vacuna española, sino con la planificación y ejecución de las políticas públicas científicas de nuestro país. Pero este es un tema para otro día.

El Plan Estatal de Investigación

Volviendo a lo que nos ocupa, las estrategias descritas en la EECTI son ejecutadas por el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (PECTI), en el que se concretan las inversiones específicas que se llevarán a cabo por parte del Gobierno. El pasado mes de junio se aprobó el PECTI 2021-2023 en el Consejo de Ministros y Ministras.

Tanto la EECTI como el PECTI están cargados de buenas intenciones, puesto que están diseñados para mejorar el modelo de gestión actual estableciendo una financiación por objetivos. Además, cuentan con una larga lista de acciones que contribuirán a mejorar la calidad del sistema español de ciencia: reforzar la atracción y contratación de personal investigador, impulsar la investigación en líneas estratégicas, fomentar la colaboración público-privada y entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas, intensificar la transferencia de conocimiento a modelos de negocio viables y rentables, y fomentar la creación de empresas emergentes de base tecnológica, entre muchas otras.

Todas estas medidas son muy atractivas, pero ¿qué proceso se ha seguido para su elaboración y en qué grado ha participado la ciudadanía?

El proceso de elaboración y aprobación

Para responder a la pregunta anterior debemos ir a los textos de la ECCTI y el PECTI, que describen cómo se han elaborado. En ambos casos el proceso es similar.

Primero, el Ministerio de Ciencia e Innovación elabora un borrador inicial.

Posteriormente, este borrador es discutido con una larga lista de órganos y asociaciones, que incluyen el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación, el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, el Instituto de Salud Carlos III, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, las Direcciones Generales responsables de las políticas autonómicas de I+D+i, representantes de los Organismos Públicos de Investigación, la Confederación de Sociedades Científicas de España, la Alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, representantes del ámbito tecnológico, innovador y empresarial y asociaciones de diferentes sectores.

Además, el EECTI también fue presentado a la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados y Diputadas el 1 de octubre de 2020.

En resumidas cuentas, las estrategias científicas son preparadas y discutidas por el Gobierno (ministerios y comunidades autónomas), por la comunidad científica y por la comunidad empresarial (especialmente las empresas innovadoras).

La sociedad civil, actor ausente

En el proceso de elaboración de las estrategias científicas en España la sociedad civil no juega absolutamente ningún papel, ya sea de manera directa o indirecta. Sin embargo, esto parece ir en contra de la Declaración de Roma de 2014, en la que la Unión Europea manifestó la necesidad de una Gestión Responsable de la Ciencia y la Innovación: “(se) requiere que todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil, sean accesibles entre sí y asuman la responsabilidad compartida de los procesos y resultados de la investigación y la innovación…”.

La participación ciudadana en la confección de las políticas públicas científicas debe ser incentivada por el Gobierno para que el avance científico esté al servicio del desarrollo y la justicia social. Esta participación debería llevarse a cabo tanto por canales directos como indirectos.

En el primer caso, el Gobierno debe organizar procesos de consulta pública a la hora de confeccionar la ECCTI y el PECTI, de manera similar a como se hace con ciertos anteproyectos de leyes y decretos.

En dichos procesos de consulta abierta podrían participar tanto ciudadanos y ciudadanas individuales como numerosas asociaciones y colectivos civiles (pacientes de distintas enfermedades, afectados por diferentes problemas, etc.).

Además, para que este tipo de consultas sean fructíferas, la sociedad civil debe ser consciente de las diferentes maneras mediante las cuales la ciencia puede contribuir a la sociedad. Y esto solo se consigue con el diseño de acciones de divulgación científica entre la ciudadanía. Y no nos referimos solo a actividades convencionales de relativo impacto, como la organización de charlas de carácter general o a la escritura de artículos divulgativos en revistas generales y periódicos. Estamos hablando de actividades de participación ciudadana real en las que haya una interacción bidireccional entre el personal investigador y la sociedad civil. Una auténtica vinculación de la sociedad con la ciencia.

El caso de la participación indirecta es aún más importante puesto que somete las estrategias científicas a un control democrático. Actualmente, la EECTI y el PPECTI se presentan en la Comisión de Ciencia del Congreso, pero no requieren ser aprobadas por parte del Congreso.

Claramente, la EECTI y el PPECTI tendrían un mayor carácter social si dicha aprobación en el Congreso fuese necesaria y si las diferentes agrupaciones políticas pudiesen introducir enmiendas después de escuchar a la sociedad civil.

Si la ciencia está al servicio del pueblo, no debería diseñarse sin la opinión y la aprobación del pueblo.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

Iñaki García Diego es miembro del Grupo Sectorial de Ciencia de Más Madrid. Su grupo de investigación recibe fondos del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Javier Díaz-Nido es miembro del Grupo Sectorial de Ciencia de Más Madrid. Su grupo de investigación recibe fondos de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Juan José Nogueira Pérez es miembro del Grupo Sectorial de Ciencia de Más Madrid. Su grupo de investigación recibe fondos de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Ciencia e Innovación.

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